viernes, 27 de mayo de 2016

La empresa telefónica se hace responsable de los daños a telemarketer derivados de sus labores


Telemarketers. Condena a reparar los daños en la Salud



En un fallo dictado en 2013, en la causa Mazza María Mercedes c/ Nextel Comunications Argentina S.A. s/ accidente – acción civil, Se condenó a la empresa por los daños en la salud del empleado derivados de 
                        "" la constante atención telefónica de clientes molestos por demorar o que exigen una rápida solución a sus problemas generando malos tratos hacia el telefonista -virtual representante de la empresa de servicios- quien además sufre la presión de tener que solucionar el problema limitando la duración de la llamada al mínimo de tiempo posible""

Son conocidas las aristas de las enfermedades que pueden presentar las personas que realizan tareas como telemarketer que ya no sólo abarcan el aparato auditivo o problemas cervicales, sino que también son conocidos los casos de altos niveles de stress por tener que permanecer largas horas en la atención a un publico que requiere no sólo información sino también la solución de distintos problemas de manera inmediata, cuyas llamadas -en el caso- debían ser limitadas al mínimo de tiempo.
La tarea de telemarketing pudo generar situaciones de alto stress en la trabajadora, el que es apto para ser destructivo, si es excesivo, pudiendo desgastar a una persona e incluso conducirla hasta un burn out, es decir a una depresión por agotamiento .
La predisposición orgánica del trabajador para contraer enfermedades no desplaza ni interrumpe el nexo de causalidad entre el riesgo de la cosa y el daño, ya que se trata de un hecho perfectamente previsible para el empleador, a quien la ley le asignó una carga de conocimiento a través de los exámenes médicos preocupacionales y periódicos
Resulta irrelevante que la empleadora no haya obrado con culpa como pretende proponer a lo largo de este pleito, manifestando que cumplía con todas las normas de higiene y seguridad en el trabajo, porque cuando existe un factor de atribución objetivo, la prueba de un obrar diligente no exime de responsabilidad sino que es el sindicado que pretende liberarse quien debe acreditar la culpa de la víctima, la de un tercero por quien no debe responderse o que hubo caso fortuito, lo cual no se logró en el caso.


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de Marzo de 2.013, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe,se pronunció:
En el decir de los jueces:
"Recuerdo que la actora trabajó como telemarketer en el call center de la demandada desde el 17.10.2006 (contaba con 23 años de edad) hasta el 20.08.2009 en que fue despedida. Su jornada de labor era de lunes a viernes desde las 8.30 hasta las 14.30 hs con media hora para almorzar y 15 minutos de descanso en la mitad de la jornada. Sus tareas consistían en evacuar toda clase de consultas, quejas y demandas de los clientes actuales o potenciales de la accionada durante toda la jornada. Asimismo, refirió entre otras circunstancias, que este tipo de tareas implicaban la posibilidad de ser agredida e insultada por los clientes, la imposibilidad de recurrir a supervisores para atender los problemas que se plantearan a la vez que estos últimos le exigían todo el tiempo que las llamadas fueran breves para poder atender a más cantidad de personas y que muchas veces debió esperar a que llegara el tiempo de descanso o de almuerzo para poder recién ir al baño.
Es así que el 17.10.2009 el médico que la atendía -con certificado- le prescribió que no podía realizar tareas de atención al público en forma telefónica ni presencial por encontrarse en tratamiento psiquiátrico por presentar un “cuadro depresivo-ansioso”."
el perito psiquiatra manifestó que la trabajadora no tenía antecedentes de padecimientos de índole psiquiátrica, y que luego de su ingreso, comenzó a manifestar síntomas que en la actualidad se manifiestan como un trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo por lo que padece una minusvalía del 10% de incapacidad, de la cual de un 20 al 30% de la misma es preexistente.Asimismo, dijo que dicha patología es atribuible a su ámbito laboral y tanto éste, como las tareas realizadas, influyeron negativamente en el estado de salud psíquico y psicológico de la actora.
Es así que el propietario del establecimiento debe responder frente a quien padece daño derivado de ese tipo de tareas desarrolladas a su favor, pues no se probó que hubiese habido culpa de la víctima o de un tercero por quien no se deba responder.
Se suma que, como ha dicho la jurisprudencia, la predisposición orgánica del trabajador para contraer enfermedades no desplaza ni interrumpe el nexo de causalidad entre el riesgo de la cosa y el daño,
Es así que para fijar el resarcimiento integral según el derecho común hago uso de la facultad que reconoce el artículo 165 del CPCCN.Tengo en cuenta, entre diferentes pautas, la edad de la trabajadora al momento de la toma de conocimiento del daño y de la extinción del vínculo (27 años), que ingresó a trabajar para la demandada a los 23 años con buen estado de salud y sin antecedentes de patología psíquica, el porcentaje de incapacidad laboral física informado por el perito médico (10%), la frustración del proyecto de vida en lo profesional y en el amplio espectro de la vida de relación.
Propongo(…)1) confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y fijar el capital total de condena en la suma de $68.128, 90.- ($13.128,90 en concepto de diferencia por indemnización por despido + $55.000 en concepto de reparación integral) a la que accederán los intereses establecidos en el considerando respectivo desde la fecha de la extinción del vínculo; 2) confirmar la condena respecto de la aseguradora Mapfre Argentina ART SA en forma concurrente, en la suma de $38.710.- con más intereses establecidos en origen

martes, 17 de mayo de 2016

NOTA SOBRE MOBBING O ACOSO LABORAL A NIVEL EMPRESA-EMPLEADOS (INSTITUCIONAL)

ACERCA DEL MOBBING ORGANIZACIONAL


Estamos transitando una etapa de delimitación de la figura del mobbing laboral a partir de conceptos provenientes de la doctrina, centros de ayuda a las víctimas, organismos públicos y la jurisprudencia, ante la ausencia de una definición o parámetros legales a nivel del sector privado comprendido en el ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo.
Recordemos que el concepto de violencia laboral encuadra en cuanto género al mobbing acoso psicológico, acoso moral, psicoterror laboral como distintas denominaciones de una misma especie. Estas nociones son acuñadas en la década del noventa y provienen del campo de la psicología y psiquiatría. Son referentes en el proceso de incorporación de la figura Heinz Leymann psicólogo del trabajo sueco y Marie France Hirigoyen, psiquiatra y terapeuta familiar con formación en victimología.
Nos ubicamos entonces en un plano de las relaciones del trabajo en que se vinculan aspectos psicológicos individuales -de las víctimas y victimarios- con una determinada inserción en la organización empresaria. Múltiples problemas derivan de tales situaciones comprendiendo cuestiones de desvinculación individual, afectación a la salud psicofísica y a derechos personalísimos, así como eventuales derechos de incidencia colectiva por generación de ambientes de trabajo tóxicos.
Partiremos de un balance del diseño actual de la figura del mobbing en la doctrina e instituciones relativas, así como en casos de jurisprudencia nacionales para vislumbrar la incorporación o no del llamado mobbing organizacional como variedad de la figura que nos plantea varios cuestionamientos iniciales, pues el elemento intencional y subjetivo -central en su configuración- se desdibuja frente a una situación general de maltrato que no necesariamente es acoso, y que en la práctica lleva a esgrimir como mobbing situaciones de sobreexigencias laborales o padecimientos frente a jefes tiránicos. Las posturas están divididas en torno a la posibilidad de imputar mobbing en tales casos en que no hay una elección del sujeto acosado por parte del acosador sin que se verifique el objetivo de destrucción a la víctima que supone el elemento subjetivo de la figura.
EN LA DOCTRINA Y EN INSTITUCIONES RELACIONADAS AL TEMA
Marie-France Hirigoyen parte de una definición amplia de acoso moral que comprende toda conducta abusiva que atente contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de un individuo, o que pueda poner en peligro su empleo, o degradar el clima de trabajo. Esta última posibilidad permite desplegar una noción de mobbing como estrategia general, pues justamente produce una degradación del clima de trabajo. Analiza la relación entre tales comportamientos y la empresa en la que se insertan. Así entiende que necesariamente la empresa juega un rol que distingue como de supuesta pasividad -tolerancia-o de promoción. En el primer caso, la perversión se expande, pues se pierden los límites del respeto al otro y se generalizan tratos denigrantes. Asimismo, en empresas con alto nivel de presión, se generan tensiones que, a su vez, crean las condiciones para las manipulaciones perversas. El fomento de la competencia también genera ambientes propicios a la crueldad, en el cual el fin justifica los medios y los perdedores son rechazados. Empresas desorganizadas por tener los roles mal definidos, por inestabilidad de sus autoridades, autoritarismo entendido como falta de consenso en la toma de decisiones, rigidez en empresas muy jerarquizadas, empresas que piden mucho de los individuos sin luego premiar los esfuerzos, los problemas económicos de los empleados, los problemas personales de ciertos empleados que los tornan vulnerables, son todas alternativas facilitadoras de casos de mobbing constituyendo tales empresas espacios favorecedores del mismo.
Los casos de empresas con un rol activo en la instalación de mobbing son supuestos de sistemas perversos en los cuales el fin económico justifica cualquier medio. Pone el ejemplo de una empresa francesa que utilizó intencionalmente los procedimientos perversos de un individuo para obtener un rendimiento mayor
Toselli, Grassis y Ferrer autores cordobeses, comienzan analizando la relación entre discriminación y mobbing. La subjetividad, dicen los autores, traducida en intencionalidad destructiva, resulta la piedra de toque de la figura para diferenciarla de situaciones fronterizas como el estrés y burn-out. Adoptan una postura inclusiva del mobbing organizacional, al que entienden como impulsado o permitido conscientemente por la empresa y denominan “acoso institucional Lo conceptualizan como respondiendo siempre a un desmedido afán lucrativo. Observan dos formas de presentación: a) económico: entendido como aquel que pretende forzar bajas eludiendo los costos indemnizatorios de las mismas, incluyendo acuerdos peyorativos y despidos indirectos como alternativas residuales. Citan casos locales en los cuales se instalaron climas de terror colectivo para lograr la desvinculación de un grupo de empleados estigmatizados a través de planes de retiro de monto inferior al que correspondía por ley a un despido incausado, se trata generalmente de un mobbing descendente; b) estratégico: se presentan a través de mecanismos generadores de competencia extrema entre los miembros de equipos de trabajo que se controlan unos a otros multiplicando mobbing horizontales, originando climas laborales tóxicos que se sostienen gracias a la alta movilidad favorecida por el propio sistema.
Continuando con la búsqueda de los rasgos diferenciadores del acoso institucional u organizacional, la Asociación de víctimas de mobbing de Barcelona elaboró una Guía para enfrentar el acoso psicológico en el trabajo, en 2002 en la cual se observa un deslinde del mobbing y el estrés, entendiendo que el primero es destructor por naturaleza en tanto el segundo solo lo es por exceso; que el mobbing no trata de mejorar la productividad sino de deshacerse de una persona; que cuando se trata indiferenciadamente de forma violenta a todos los asalariados no hay acoso moral, pues este requiere diferenciación de trato. Tampoco la sobrecarga de trabajo es acoso moral, salvo que haya discriminación y solo un asalariado sea sometido a tal sobrecarga. Esta visión, entonces, restringe el mobbing a casos de trato hostil diferenciado a ciertos sujetos respecto del resto, con lo cual resulta excluyente del mobbing organizacional.
En el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se instituyó una Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral (OAVL) cuyas funciones son la atención de consultas y recepción de denuncias, elaboración de una base conceptual, empírica, legislativa y documental, establecer vínculos de cooperación y realizar y promover tareas preventivas. En las definiciones que establece, afirma que no son violencia laboral los conflictos laborales por un jefe difícil, roces, tensiones o reclamos laborales, que tampoco es violencia laboral las exigencias organizacionales que guarden respeto a la dignidad del trabajador y sus derechos patrimoniales, excluyendo toda forma de abuso de derecho, siempre que sean conformes al contrato de trabajo y reales necesidades de organización, debidamente comunicadas y no como acciones destinadas a degradar y eliminar progresivamente al trabajador

. Para una visión más restrictiva, no hay mobbing sin trato diferenciador y acoso de una persona o grupo hacia otra, con la intención de someterla o destruirla. Esta visión excluye al mobbing organizacional, aun cuando se trate de sobreexigencias de trabajo o ambientes tóxicos, por ausencia de tales elementos. Otra visión sin llegar a una recepción plena, admite su posibilidad en empresas pequeñas, porque allí se verifica una dirección que ejerce el titular de la explotación personalmente sometiéndola a sus designios, resultando ello más cercano a la intencionalidad destructiva de la figura. Por fin, una tercera visión la admite en supuestos de desvinculaciones grupales sin afrontar los costos respectivos, o de sobreexigencias por mecanismos de instauración de competencia extrema entre los trabajadores, instalando un clima laboral tóxico.

* Publicado en Errepar por Díaz Aloy, Viridiana Doctora de la UBA especialidad “Derecho del Trabajo y la Seguridad Social”, adjunta regular en las facultades de Derecho y Ciencias Económicas UBA, profesora y coordinadora del Programa Intensivo de Doctorado de la Facultad de Derecho UBA, jueza nacional de Primera Instancia del Trabajo

viernes, 6 de mayo de 2016

MODELO DE PEDIDO DE JUNTA MEDICA ANTE SECRETARIA DE TRABAJO DE TUCUMAN

SI HAY DISIDENCIAS CON LAS LICENCIAS ACUDIR A JUNTA MEDICA

Ante casos en que tu empleador se niega a reconocerte una licencia, haciéndolo sin fundamentos, o ante casos en que tu médico particular insiste en la necesidad de la licencia y la prosecución del tratamiento y la recuperación, puedes acudir ante Secretaría de Estado de Trabajo de la Provincia de Tucumán, y solicitar una Junta médica al departamento de medicina laboral.
La disidencia en el diagnóstico médico conlleva a que el empleador intime al trabajador a retomar tareas, y este ultimo por recomendación médica no puede hacerlo.
La solución o vía de conciliación o solución del conflicto puede pasar a través de este medio. Un tercero imparcial que responde a la autoridad administrativa en materia laboral evaluará los dictámenes médicos de ambas partes, y emitirá una recomendación imparcial, a fines de que la situación pueda ser observada desde otro punto de vista. 
Lo principal, para ambas partes, en estos casos será mantener el vinculo laboral. A tales fines deberá obrarse siempre con buena fé y agotar todos los medios tendientes a acercar posiciones y solucionar las disidencias.
La posición de la justicia del Trabajo es clara, siempre hay que tender a la continuidad del vínculo laboral, y si de cuestiones médicas se habla, también es necesario recurrir a una junta médica para unificar criterios
"Frente a la discrepancia sobre la capacidad del demandante para reintegrarse a su puesto de labor, la empleadora tuvo a su alcance y debió agotar otras medidas tendientes a mantener la continuidad del vínculo (arts. 10 , 62 y 63  de la L.C.T.) antes que adoptar la decisión de rescindirlo”, consignaron los jueces en el caso V. J. C. c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Pacheco de Melo 1960 s/ despido”, que fue resuelta por la Sala V de la Cámara Laboral de Capital Federal. 
Nota Judicial completa aqui: Sentencia Junta Médica

Acercamos a nuestros lectores un modelo de nota de solicitud de junta médica ante Secretaría de Estado de Trabajo de la Provincia de Tucumán. La misma debe presentarse ante mesa de entradas de dicha repartición, con documentación respaldatoria en copias simples.