PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN. CENTRO
JUDICIAL CAPITAL. JUZGADO DEL TRABAJO II ACTUACIONES N°: 273/16
JUICIO: G.A.N. c/ ATENTO
ARGENTINA S.A. s/COBRO DE PESOS. EXPEDIENTE N° 273/16.
San Miguel de Tucumán, 28 de
junio de 2021.
AUTOS Y VISTOS: Para dictar sentencia
definitiva en los autos caratulados “G.A.N. c/ ATENTO ARGENTINA S.A. s/ COBRO DE PESOS”
que tramitan por ante éste Juzgado del Trabajo de la II Nominación, de donde
RESULTA:
DEMANDA: El 15.03.16 (fojas
02/12) se apersonó el letrado Juan Lucas Rivadeo, en representación de G.A.N,
DNI N° ……, con domicilio real en calle ……….., Manantial, Lules, y demás
condiciones personales que constan en poder ad litem de foja 59. En tal
carácter inició acción por cobro de pesos en contra de Atento Argentina SA (en
adelante: ATENTO o la demandada) y, en contra de Telefónica Móviles Argentina
SA (en adelante TMA o la codemandada) por la suma de $436.860,132 en concepto
de indemnización por antigüedad,preaviso, SAC sobre preaviso, integración mes
de despido, SAC sobre integración mes de despido, SAC proporcional 2015 2do.
Semestre, vacaciones no gozadas 2015, SAC sobre vacaciones, acuerdo empleados
de comercio 2015 suma no remunerativa, indemnización art. 80 ley 20744,
indemnización ley 25323, art.2., diferencias salariales por incumplimiento de
art. 92 ter LCT, ley 23592 por despido discriminatorio por razones de
salud-enfermedad inculpable, arts. 178/182 despido por maternidad.A su vez,
solicita también se aplique a la demandada el art. 9 de la ley 25013,
correlacionada con el artículo 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (en
adelante: LCT) y tasa activa a los créditos adeudados.
En cumplimiento de los recaudos
previstos en el art. 55del Código Procesal Laboral (en adelante: CPL) indicó
que la actora ingresó a prestar servicios para la demandada el 26.01.2009; que
egresó el 18.11.2015; que fue registrada como “Administrativa A” del CCT
130/75, pero cumpliendo funciones de “Ventas B” por afirmar que prestaba servicios,
en carácter permanente, para el sector “MESA DE AYUDA AL VENDEDOR” (MAVE),
perteneciente a Movistar Argentina, dentro del establecimiento de ATENTO.
Específicamente, manifiesta la
parte actora haber cumplido las siguientes funciones: 1) atención telefónica al
agente oficial Movistar, a vendedores de productos Movistar y consumidores
finales de productos Movistar. Afirma que tenía por objetivo la venta de
productos y servicios de Movistar; 2) operatorias de venta y activación de
líneas nuevas; cambios de equipo (ventas de teléfonos celulares), cambios de
chip, alta de servicios de valor agregado; 3) Dentro del servicio de atención
al vendedor: a. atención de primera línea a vendedores, agentes oficiales,
casas centrales, b. back office Post venta, c. servicio de atención a clientes
Tienda Movistar: cambios de quipo, cambios de plan, activación de paquetes de
datos, entre otros. d. portabilidad numérica.
Indica la actora que los
productos que comercializaba pertenecían a Movistar, describiendo el proceso de
venta. Sostiene que la gestión era esencialmente de VENTAS (más allá de que
también atendía clientes o agentes oficiales) y se concretaba con la venta
finalizada, para lo cual el agente oficial se limitaba a hacer entrega del
producto, quedando el resto de la operatoria en mandos de los empleados del
servicio MAVE. Expresa, entre otras cuestiones, que el trabajo de MAVE es el
eje central del proceso de ventas de productos de Movistar y que el asesor de
MAVE que presta funciones en ATENTO no hace otra cosa que no sea cumplir con el
objeto principal de Movistar.
Afirma que los sistemas son de
Movistar, los clientes también y las webs internas donde se encuentran los
pasos a seguir para cada operatoria también lo eran.
En cuanto a la remuneración
percibida indica que era mensual y ascendía a $6000, aproximadamente, en neto
(incluye SAC), y que sus horarios de trabajo fueron de lunes a sábados de 09 a
15; que trabajó bajo la modalidad de tiempo completo, pero que su empleador le
abonó como si hubiera trabajado en una jornada a tiempo parcial, inscribiendo
el contrato como tiempo parcial, configurando ello un fraude laboral.
Relación laboral, sanciones y
despido: Afirma la accionante que los demandados incumplieron diversas
obligaciones contractuales, tales como: salarios no ajustados a derecho, faltas
al deber de buena fe por negar licencias médicas y no dar lugar a defenderse,
despidiéndolo ante una audiencia de conciliación pendiente en la SET; error de
registración en la categoría laboral; violación al deber de conservación del
contrato, al deber de buena fe, a la protección a la maternidad y el embarazo,
junto a la negativa de otorgar licencia por enfermedad y por hijo fallecido. En
particular, sostiene la actora que, incluso, las misivas de suspensiones o de
despido son formalmente defectuosas: le fueron notificadas extemporáneamente,
incluso días o semanas después de sucedidos los hechos o de cumplidas las
sanciones.
Refiere la accionante que las
demandadas despidieron de manera discriminatoria por razones de embarazo,
previo humillaciones y sanciones por ausentarse de su trabajo días posteriores
al parto y a la muerte de su hijo. Expresa que las sanciones y el despido
representan una reprimenda por haber padecido problemas de salud y posterior a
su embarazo y parto, la pérdida de su hijo recién nacido.
Manifiesta la Sra. G que fue
hostigada y presionada para retomar al trabajo, aun cuando estaba enferma y
pasando por uno de los peores momentos de la vida: la muerte de un hijo. Afirma
que la empresa le negó licencia por fallecimiento, por enfermedad post parto y
perdida de su hijo, lo que le impedía trabajar.
Refiere la accionante que el
parto fue el 14/04/15, que su hijo nació y falleció a los minutos, quedando su
salud física y psicológica dañada.
Ante una ausencia del 27.04.15
afirma la actora que ATENTO la suspendió 3 meses después.
Expresa la actora que del
intercambio epistolar se desprende que luego del parto, ATENTO inició una
seguidilla de sanciones (carentes de validez formal y material)
desproporcionadas y carentes de razón, que culminaron con su despido a los 7
meses y 3 días del parto.
Asevera la accionante que el
despido es infundado, extemporáneo y carente de justa causa, además de ser
discriminatorio, pues la persiguieron, hostigaron y despidieron, partiendo de
su embarazo.
Alega la actora que la misiva de
despido justifica la ruptura del contrato en ausencias injustificadas, las que
niega y rechaza por haber sido notificadas fehacientemente las licencias y por
contar con los correspondientes certificados.
Posteriormente, la accionante
cuestiona cada causal de despido invocada por la demandada para fundarlo:
a) ausencias del 16 al
31.12.2014: indica que del 16.12.14 al 03.01.15 informó licencia por dolencias
asociadas al túnel carpeano, enfermedad profesional con dictamen de SRT y
pedido de recalificación.
b) sanción del 07.05.2015: indica
que nunca sancionaron en esa fecha. Sostiene que fue sancionada en agosto de
2015 (cuatro meses más tarde), ausencia que fue debidamente justificada con
diagnóstico de dolores abdominales, angustia, depresión, disnea, dolor lumbar.
Todo ello, derivación directa del parto y posterior fallecimiento de su hijo.
Afirma que la sanción de suspensión fue notificada a ella el 08.08.15 y su
cumplimiento era para días atrás (hasta el 31.07.15)
Indica que a esta sanción la
impugnó, ratificando diagnóstico médico y pidiendo se la anule, pidiendo -entre
otras cosas- otorgamiento de licencia por maternidad y/o razones de su
negativa, y el cese de los hostigamientos.
c) En fechas 29.05.15 al 10.06.15
la accionante afirma que notificó licencia a causa de una intervención
quirúrgica por túnel carpiano, igual causa para ausencias del 20.07.15 y
21.07.15, lo cual -sostiene era conocido por ATENTO y PROVINCIA ART y que se
trataba de una enfermedad inculpable. Por estas ausencias alega la accionante
que la empresa, tres meses después, la suspendió maliciosamente en agosto de
2015.
d) En agosto de 2015: los días 27
a 29 afirma la actora que cumplió tareas de modo normal; que el 31.08.15 pidió
licencia por hijo enfermo; luego de esta última fecha y hasta el 19.09.15
licencias originadas en tunel carpiano, gastroenteritis y conjuntivitis, todas,
sostiene, notificadas. Sin embargo, señala que la empresa decidió considerarlas
no justificadas después de dos o tres meses y procedió a despedirla.
Indica la Sra. G que todas las
sanciones partes o son producto de licencias por enfermedad, cuyo origen
deviene del embarazo o de enfermedad inculpable o profesional. Reitera que fue
discriminada por su estado de salud, por ser mujer y madre; que se la condenó
por haberse enfermado. Así, refiere que se la despidió antes de los 7 meses y
medio contados de la fecha de parto y que las ausencias justificadas no pueden
ser consideradas injurias graves, mucho menos incumplimientos.
Responsabilidad Solidaria.
a) Indica la actora que prestó
servicios que fueron utilizados directamente por TMA (Movistar) al trabajar con
usuarios y clientes oficiales, y recibiendo ordenes, directivas y
capacitaciones de parte e personal de aquella. Que las actividades que realizó
eran el eje principal de Movistar.
b) Afirma la actora que ATENTO
fue propiedad de grupo telefónica, (de la cual es subordinada Telefónica
Móviles) y fue vendida en octubre de 2012 a Bain Capital, con lo cual se puede
notar que siempre han sido una misma unidad económica: ATENTO Y TELEFONICA.
Alega que si estas 3 empresas son analizadas a la luz del art. 30 de la LCT
incurren en responsabilidad solidaria por incumplimientos de índole laboral y
de la responsabilidad social. Señala que ATENTO es eje fundamental y necesario
de la atención al consumidor final de Movistar y que, mal podría ATENTO brindar
soluciones a clientes de Movistar sin obtener de esta última la totalidad de
las directivas acerca de cómo gestionar la totalidad de los reclamos de los
consumidores.
Sostiene la actora que el control
que siempre ha ejercido Telefónica Móviles sobre ATENTO, viene determinado por
las directivas citadas, las capacitaciones impartidas, los controles
habituales, las herramientas de trabajo y el hecho mismo de haber sido aquella
propiedad de Telefónica. Ello, indica, en miras de aplicación del artículo 31
de la LCT por afirmar que ATENTO realiza una actividad que se identifica como
normal, especifica y propia de Telefónica Móviles Argentina, parte integrante
de Telefónica, con la que estuvo legalmente unida, siendo -según ella sostiene-
Atento propiedad de Telefónica.
Luego, entre otras cuestiones,
expresa la actora que son la misma empresa, tienen los mismos capitales y
directivos; y que la normativa de los arts. 29, 30 o 31 de la LCT los alcanza
como corresponsables solidarios.
Indica el actor que Atento formó
parte del grupo Telefónica, ambos incurren en fraude a la ley al valerse de
empleados que realizan las tareas de la principal, cobrando sueldos ínfimos con
encuadres legales irrisorios.
Continua y agrega la parte actora
que el objeto principal de Movistar es la venta de teléfonos celulares y venta
de servicios de telefonía celular mediante planes de voz e internet. El objeto
principal de MAVE Movistar es la venta de teléfonos celulares y la venta de
servicios de telefonía celular mediante planes de voz e internet. Es aquí donde
afirma la actora prestó servicios. Cita jurisprudencia.
Luego, la parte actora transcribe
el extenso intercambio epistolar suscitado entre las partes, a los que me
remito en honor a la brevedad, sin perjuicio de que serán analizados
oportunamente.
Por último, practica planilla de
liquidación de rubros.
A foja 64 se detalló la
documentaciónprobatoria acompañada por la parte actora.
CONTESTACION DE DEMANDA: Corrido
traslado de ley, a fojas 71/86, se apersona el letrado Rodolfo José Terán,
adjuntando poder general para juicios para actuar en nombre y representación de
la demandada y, contesta la acción incoada en contra de esta última,
solicitando su rechazo con expresa imposición de costas a la contraria.
La demandada hace referencia a la
documentación laboral y contable -conforme a las previsiones del art. 61 del
CPL- negando en general y en particular los hechos denunciados y la
autenticidad de la documentación adjuntada por la actora, salvo aquella que sea
de su expreso reconocimiento. En especial, cuestiona su idoneidad para
acreditar lo que la accionante pretende.
Por otro lado, Atento reconoce
expresamente que existió el intercambio epistolar referido en la demanda.
Atento afirma que la fecha de
ingreso indicada por la actora, 26.09.09, corresponde a la fecha en que esta
última ingresó a trabajar para MICROCENTRO DE CONTACTO S.A., empresa desde la
cual la Sra. Gutiérrez -según sostiene la demandada- pasó a desempeñarse para
ATUSA SA a partir del 01.02.10; luego de ello, a partir del 01.04.14, sin
solución de continuidad, la actora pasó a depender de CENTROS DE CONTACTO SALTA
SA para, finalmente integrar el plantel del personal de ATENTO ARGENTINA SA.
Señala que, en cada traspaso, el contrato de trabajo con la actora se mantuvo y
se le reconoció su antigüedad en el empleo.
La parte demandada indica que la
extinción del contrato de trabajo ocurrió por despido directo fundado en justa
causa: por una serie de ausencias injustificadas que se extendieron por 24
días, comunicado mediante carta documento OCA 21060778 del 11.11.15.
Precisa la accionada que, tras
varias sanciones de suspensión que se le habían impuesto a la actora por
ausencias injustificadas entre diciembre y agosto de 2015, la actora incurrió
nuevamente en ese tipo de inconductas al ausentarse de sus tareas de modo
injustificado entre los días 16 de agosto y 19 de septiembre de 2015 (hecho
nuevo).
Manifiesta que el 27.10.15 se
realizó una auditoría interna en la empresa, en donde se detectó la reiteración
de esas inconductas por parte de la actora y que, la duma de días de
inasistencias injustificadas no dejó lugar a dudas que el accionar de la actora
estuvo lejos de ser la conducta dable de esperar de una buena empleada. Indica
que la existencia de antecedentes disciplinarios previos, influyó
necesariamente para llegar a la “drástica” decisión de despedir a la
accionante.
Entre otras cuestiones, niega la
accionada que: la accionante no tuviera sanciones disciplinarias; que no
hubiese sido sancionada por enfermarse; que las sanciones y el despido
representen una reprimenda a la trabajadora; que fuera hostigada y presionada
para retomar a su trabajo aun estando enferma y pasando por uno de los peores
momentos de la vida; no es verdad que se le negara las licencias que indica la
accionante y que si no pudo gozarlas fue porque no reunió con los requisitos
necesarios para su otorgamiento; que el despido fuera discriminatorio por
razones de embarazo, previo humillaciones y muerte del hijo de aquella.
Luego, afirma la demandada:
“Téngase presente que el parto y posterior fallecimiento del hijo de la actora
tuvieron lugar el 14 de Abril de 2015 mientras que el despido ocurrió casi 7
meses después (Noviembre de 2015) por lo que no se ve qué conexidad puede
establecerse entre esos hechos y el despido.” (el subrayado pertenece a
origen).
Niega la accionada que la
ausencia de la actora el 27.04.15 haya tenido relación con la muerte de su hijo
ya que indica que, según lo afirmó la Sra. Gutiérrez “el fallecimiento ocurrió
a minutos del parto que tuvo lugar el 14 del mismo mes y año por lo que no hay
manera alguna de vincular ambos hechos”.
Reitera la parte accionada que el
despido no tuvo un contenido discriminatorio ya que, la actora nunca fue
privada de sus licencias por maternidad y no existe prueba alguna de que la
extinción del contrato tenga vinculación con cualquiera de las supuestas causas
que invoca como discriminatorias la actora; insiste en que no tuvo relación con
el embarazo ni con su maternidad.
No comprende la accionada cómo la
accionante permaneció tantos años vinculada con ella si era tan mala como la
describe; sin que reclamase la deficiente registración, sino hasta el 26.08.15.
Continua y agrega que: “Aún en el
caso que se hubiere resuelto el contrato de trabajo sin que hubiere existido
justa causa, (lo que solo admito por vía de remotisíma hipótesis), cabe decir
que ATENTO puede haberse equivocado en las decisiones adoptadas con relación a
la actora, pero ello de manera alguna significa que hubiere obrado de manera
discriminatoria o con evidente intención de dañar”. (Lo subrayado pertenece a
origen).
Indica la parte demandada que la
actora tenía la categoría laboral de “Administrativa A” del CCT 130/75, que es
la categoría que tienen todos los empleados de Atento que cumplen tareas como
las que tenía aquella, siendo improcedente la pretensión de haber tenido que
ser categorizada como empleada de ventas “B”.
Sostiene la parte demandada que
la Sra. Gutiérrez prestó servicios como “Asesor de atención telefónica
MOVISTAR”, y que sus tareas consistían -básicamente- en ingresar a los sistemas
de MOVISTAR los datos de los clientes que cerraban operaciones con los agentes
oficiales de ventas de MOVISTAR en los locales de esa firma, y para que el
servicio que contrataban esos clientes quedaran definitivamente habilitados.
Señala que la actora no vendías, ya que sus tareas eran complementarias -o de
ayuda- a las tareas de venta que realizaban los agentes oficiales de venta de
MOVISTAR; que la venta tenía lugar cuando el comprador acudía al local físico
de MOVISTAR y seleccionaba el equipo celular y las condiciones de servicio,
operación que se complementaba con el posterior ingreso de los datos que estaba
a cargo del asesor telefónico, empleado de Atento. En el caso, indica, era la
actora.
Además, manifiesta Atento que,
tal y como lo afirmó la actora, ella trabajaba en el sector MAVE (MESA DE AYUDA
AL VENDEDOR).
Afirma Atento que la actora
trabajaba 6 horas por día, 6 días a la semana; que la jornada de 6 horas es la
jornada habitual y completa de los empleados de call center (lo que no es
ilegal); y que, en virtud de la configuración de las jornadas de trabajo, aquella
estuvo sujeta a un contrato de jornada reducida regulado por el art. 198 de la
LCT, siendo incorrecta e infundada la pretensión de ser encuadrada dentro de
las previsiones del art. 92 ter de la LCT, la que interpreta prescribe una
situación que provoca que el empleador tenga la obligación de abonar al
trabajador el salario correspondiente a la jornada completa.
Niega la parte demandada que se
le hubiere abonado salarios insuficientes a la actora. Impugna la base salarial
utilizada por la actora y que le deba suma alguna de dinero por diferencias
salariales, ni por ningún otro concepto.
Señala la accionada que no puede
reclamar la actora la sanción del art. 80 de la LCT porque la documentación
laboral nunca le fue negada y que mediante CD del 19.11.15 la puso a su
disposición sin que la actora concurriera a retirarla.
La demandada niega que hubiese
existido discriminación laboral, que no se dan en el caso los supuestos
fácticos que permitan así sostenerlo. Continua y agrega que: “Es más, hasta
pudiera ocurrir que por vía de remotísima hipótesis se declare injustificado el
despido, pero ello de manera alguna podrá entenderse como acto de
discriminación sino simplemente como una decisión equivocada que deberá
sancionarse conforme al art. 245 LCT como ocurre en un despido sin causa, pero
nada más que eso.”
Indica Atento que no puede
entender ni precisar en dónde radica el tratamiento distinto o desigual que la
actora habría sufrido ni la causa de la supuesta discriminación, y que la Sra.
Gutiérrez no se ocupó de precisar en qué radica el daño moral que peticiona con
motivo de la discriminación que alega.
Reitera la accionada que no
despidió a la actora por haber sido madre, y que la lógica y el sentido común
ponen de manifiesto que: “nadie despide a una empleada que goza de la
protección de las normas antes citadas cuando solo faltaban poquísimos días
para el vencimiento del plazo de protección de 7 meses y medio que establece el
art. 178 LCT (recuérdese y téngase presente que la actora fue madre el 14 de
Abril de 2015 y fue despedida el 11 de Noviembre de 2015)debe además tenerse
presente que el hijo de la Sra. Gutiérrez falleció el mismo día de su
nacimiento, situación ésta que no hace más que confirmar que el despido nada
tuvo que ver con la maternidad”.
Continua la demandada en su
escrito de contestación de demanda diciendo que: “Por todo ello y a pesar que
el despido ocurrió dentro del plazo que refiere el art. 178 LCT, dado el
carácter excepcional y restrictivo de la indemnización agravada y la invocación
por parte de la empleadora de una justa causa de despido asentada en
situaciones fácticas realmente ocurridas, debe caer por tierra la presunción de
que la extinción tuvo por causa la maternidad”.
En relación a Telefónica Móviles
Argentina SA, sostiene el demandado que las relaciones comerciales que tenga o
hubiese tenido con aquella carecen de significación con lo que se debate en la
causa; que no existió un control de parte de aquella sobre ella; que no es
verdad que sus empleados recibieran órdenes y capacitaciones de aquella; que
siempre existió empleados de Atento que prestaban servicios en otras compañías
diferentes a las de Telefónica.
Por último, la demandada se opone
a la aplicación del artículo 275 de la LCT y a la tasa de interés que solicita
la actora, peticionando que, ante un eventual crédito a favor de aquella, se
aplique la tasa pasiva de interés.
CONTESTACION DE LA CO-DEMANDA:
Corrido traslado de ley, a fojas 93/98, se apersona el letrado Eduardo Enrique
Palacio (h), adjuntando poder general para juicios para actuar en nombre y
representación de la codemandada: Telefónica Móviles Argentina SA (TMA) y,
contesta la acción incoada en contra de esta última, solicitando su rechazo,
con imposición de costas a la actora.
La parte demandada niega en
general y en particular los hechos denunciados que tengan relación con ella,
principalmente, por no conocer a la actora ni haber tenido vínculo alguno con
ella. En particular, entre otras cuestiones, niega que haya tercerizado sus
servicios por medio de la contratación de Atento y que Atento se ocupe de la
atención de clientes y reclamo.
TMA niega la existencia del
intercambio epistolar sucedido entre la actora y la demandada; impugna la
liquidación de rubros que realiza la actora; niega adeudar suma alguna de
dinero a la accionante y, niega la autenticidad de la prueba instrumental
acompañada con la demanda.
Luego, TMA afirma que surge de la
demanda que la actora estaba vinculada con Atento, pero que nunca trabajó para
ella, por lo que resulta improcedente el reclamo en su contra. Refiere que
trabaja con otras empresas, las cuales tienen su propia organización y
personal, pero que realizan tareas completamente ajenas al objeto social de
TMA. Agrega que la actividad de Atento no es la correspondiente a la actividad
normal y especifica propia de TMA, por lo que no es responsable de ningún modo.
Sostiene que Atento es un
contratista de ella, lo cierto es que cuando se pretende responsabilizar en los
términos del art. 30 de la LCT, deberá precisarse y acreditarse con la debida
individualización el tipo de labores encomendadas al “contratista” y, a su vez,
que éstas han sido propias y especificas del establecimiento del comitente.
Refiere que las labores que expresa la actora haber realizado no conforman
trabajos o servicios correspondientes a su actividad normal y especifica
propia.
La accionada afirma que su
actividad se circunscribe a brindar el servicio de telefonía móvil, para lo
cual infraestructura que le permite al cliente obtener su línea y número
telefónico personal; que ello es independiente de las tareas desempeñadas por
los denominados “call centers”, establecimientos éstos donde, señala, practican
actividades ajenas a su objeto social. Incluso, manifiesta que para el caso que
se pruebe que Atento haya recibido reclamos de sus clientes, no existe entre
las empresas subordinación jurídica, económica ni técnica.
Alega la codemandada que durante
la vigencia de la relación laboral entre la accionante y Atento, jamás la
primera realizó algún tipo de reclamo a ella (ni si quiera en el proceso
iniciado en la Secretaría de Trabajo).
Agrega TMA que no puede
confundirse la prestación de un servicio como es la telefonía móvil que ella
brinda, con la actividad de atención al cliente desplegada por Atento.
Por último, impugna la planilla
de rubros realizada por la parte actora, solicita aplicación del tope del
artículo 245 de la LCT; plantea la prescripción de todos los rubros anteriores
a los 24 meses desde que se produjo el despido de la actora, en particular, de
las diferencias salariales y, hace reserva del caso federal.
APERTURA A PRUEBA: La causa es
abierta a pruebas a foja 117, habiendo ambas partes ofrecido medios
probatorios.
AUDIENCIA ART. 69 CPL: A foja 116
glosa acta de la audiencia de conciliación prevista en nuestro digesto
procesal, celebrada el 17.10.18, a la que solo concurrió la parte actora; no
así las demandadas, estando debidamente notificadas a fojas 161/163 y 165.
INFORME ART. 101 CPL: El actuario
informa a foja 299 sobre la producción de las pruebas presentadas por la parte
actora y la parte demandada.
ALEGATOS Y AUTOS PARA SENTENCIA:
Habiendo la parte actora presentado sus alegatos a fojas 304/306 y, al haber
omitido las demandadas realizar los suyos -pese a encontrarse debidamente
notificadas a fojas 301 y 303-, quedaron los presentes autos en estado de ser
resueltos.
RENUNCIA AL PODER Y APERSONAMIENTO:
el Dr. Rodolfo José Terán el 09.03.2020 (foja 318) renuncia al poder conferido
por la demandada, apersonándose el 11.02.2021 el Dr. Hugo Sosa López en
carácter de apoderado de la demandada, al que se lo tiene por presentado en ese
carácter mediante proveído de fecha 19.02.2021.
CONSIDERANDO:
I. HECHOS RECONOCIDOS POR LAS
PARTES: Conforme los términos de la demanda y su responde, constituyen hechos
admitidos por las partes -expresa o tácticamente- y, por ende, exentos de
prueba: a) la existencia de la relación laboral entre las partes; b) La fecha
de ingreso de la actora (26.01.09); c) la aplicación del CCT 130/75; d) que la
actora cumplió sus tareas en Av. Ejercito del Norte 757, de esta ciudad; e) que
la actora trabajo 6 horas diarias y 36 horas semanales; f) que el salario se
liquidó y se le abonó a la actora en forma proporcional al salario convencional
del CCT 130/75 previsto para una jornada completa y general de 8 horas diarias
y 48 horas semanales; g) las epistolares intercambiadas por la actora y la
demandada; h) que la extinción de la relación laboral se produjo por despido
directo; i) que la actora fue madre el 14.04.15.
II. CUESTIONES CONTROVERTIDAS O
DE JUSTIFICACIÓN NECESARIA: En mérito a todo lo expresado precedentemente y
encontrándose los presentes autos en condiciones de ser resueltos, entiende
este sentenciante que corresponde determinar cómo puntos contradictorios a
tratar aquellos hechos que requieren un previo análisis de la plataforma
fáctica de autos y poder así llegar a dilucidar la verdad objetiva del caso,
encuadrando los supuestos probados dentro de las normas aplicables al caso
concreto.
En consecuencias, las cuestiones
controvertidas y de justificación necesaria sobre las que debo pronunciarme,
conforme el artículo 265, inciso 5, del CPCCT (supletorio) son: 1. Tareas y
categoría de trabajo de la actora (CCT 130/75); 2. Jornada de trabajo: su
encuadre jurídico y la remuneración respectiva; 3. Despido: fecha y
justificación; 4. Responsabilidad solidaria -o no- de Telefónica Argentina
Móviles SA; 5. Procedencia de los rubros reclamados y, 6. Intereses. Planilla.
Costas. Honorarios.
III. PRIMERA CUESTIÓN. Tareas y
categoría de trabajo de la actora (CCT 130/75).
Afirma la accionante que fue
registrada como “Administrativa A” del CCT 130/75, pero que cumplió funciones
de “Ventas B”, que prestaba servicios, en carácter permanente, para el sector
MESA DE AYUDA AL VENDEDOR (MAVE), perteneciente a Movistar Argentina, dentro
del establecimiento de ATENTO.
Específicamente, manifiesta la
parte actora haber cumplido las siguientes funciones: 1) atención telefónica al
agente oficial Movistar, a vendedores de productos Movistar y consumidores
finales de productos Movistar. Afirma que tenía por objetivo la venta de
productos y servicios de Movistar; 2) operatorias de venta y activación de
líneas nuevas; cambios de equipo (ventas de teléfonos celulares), cambios de
chip, alta de servicios de valor agregado; 3) Dentro del servicio de atención
al vendedor: a. atención de primera línea a vendedores, agentes oficiales,
casas centrales, b. back office Post venta, c. servicio de atención a clientes
Tienda Movistar: cambios de quipo, cambios de plan, activación de paquetes de
datos, entre otros. d. portabilidad numérica.
Indica la actora que los
productos que comercializaba pertenecían a Movistar, describiendo el proceso de
venta. Sostiene que la gestión era esencialmente de VENTAS (más allá de que
también atendía clientes o agentes oficiales) y se concretaba con la venta
finalizada, para lo cual el agente oficial se limitaba a hacer entrega del
producto, quedando el resto de la operatoria en manos de los empleados del
servicio MAVE.
La demandada, por el contrario,
sostiene que la actora estuvo correctamente registrada como “Administrativa A”
del CCT aplicable, rechazando las pretensiones de la actora en este sentido.
Continua y agrega que la Sra.
Gutiérrez prestó servicios como “Asesor de atención telefónica MOVISTAR”, y que
sus tareas consistían -básicamente- en ingresar a los sistemas de MOVISTAR los
datos de los clientes que cerraban operaciones con los agentes oficiales de
ventas de MOVISTAR en los locales de esa firma, y para que el servicio que
contrataban esos clientes quedaran definitivamente habilitados. Señala que la
actora no vendía, ya que sus tareas eran complementarias -o de ayuda- a las
tareas de venta que realizaban los agentes oficiales de venta de MOVISTAR; que
la venta tenía lugar cuando el comprador acudía al local físico de MOVISTAR y
seleccionaba el equipo celular y las condiciones de servicio, operación que se
complementaba con el posterior ingreso de los datos que estaba a cargo del
asesor telefónico, empleado de Atento. En el caso, indica, era la actora.
Además, manifiesta Atento que,
tal y como lo dijo la actora, ella trabajaba en el sector MAVE: MESA DE AYUDA
AL VENDEDOR.
Planteada de este modo la litis,
corresponde proceder al análisis de las pruebas presentadas por las partes,
recordando que por el principio o juicio de relevancia puede el sentenciante
considerar sólo aquellas pruebas que tengan relevancia para la solución del
litigio.
PRUEBAS DE LA ACTORA:
INSTRUMENTAL: Ofrece a foja 172
el escrito de demanda y la documentación acompañada con ella (ver escrito de
ofrecimiento a foja 64 y decreto de foja 65).
CONFESIONAL: a foja 205 obra nota
actuarial que da cuenta que no se celebró audiencia confesional. Al respecto,
se destaca que la cédula de notificación no fue cursada al domicilio legal/real
declarado por la empresa, al contestar demanda, como sido en calle Ing. Huergo
723 de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 93), y que figura en el poder (fs. 88),
conforme exige Art. 17 inc.3 CPL; y pese a ello se procedió a la apertura del
pliego de absolución de posiciones propuestas por la actora. Sin perjuicio de
esa apertura, considero no corresponde evaluar esta prueba, por el defecto de
notificación apuntado.
INFORMATIVA: A fojas 232/237
consta agregada respuesta del Secretario Gremial del SEOC, quien remitió copia
fiel de escala salarial periodo marzo 2009 a noviembre de 2015 para empleados
de comercio, categoría Vendedor B. Dicho informe no se encuentra impugnado por
las partes.
A foja 242 consta agregada la
respuesta al oficio dirigido a la Secretaria de Estado de Trabajo, no impugnado
por las partes, quien informó que las actuaciones 988/181-G-2015 habían sido
remitidas al Juzgado del Trabajo de la IV nominación, agregadas al expediente
1025/180-J-2017.
A foja 244 consta agregada la
respuesta al oficio dirigido al Sanatorio 9 de Julio, no impugnado por las
partes.
A foja 247 consta agregada
respuesta al oficio dirigido al Correo Oficial, quien informó que las piezas
postales adjuntas a fojas249/254 presentan similitud con el/los terceros
ejemplares que obran en sus archivos. Asimismo, informó la fecha de imposición
y de entrega de aquellas. Esta prueba no fue impugnada por las partes.
EXHIBICION DE DOCUMENTACION: la
parte actora solicitó que la demandada exhiba la documentación laboral que
figura en su presentación a foja 264. Notificada la accionada a foja 269,
consta en autos que no acompañó documentación alguna.
PRUEBAS DE LA DEMANDADA:
DOCUMENTAL: la parte demandada
ofreció a foja 270 las constancias de autos.
PRUEBAS DE LA CO-DEMANDADA:
INSTRUMENTAL: TMA ofreció a foja
285 las constancias de autos.
RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN:
La parte actora acompañó a la causa las misivas intercambiadas entre ella y la
demandada (misivas obrantes a fojas 21/30), prueba instrumental que fue
reconocida expresamente por Atento.
Por su parte, Atento acompañó a
la causa una CD OCA de fecha 11.11.2015 y recibos de sueldo a fojas 112/133,
los que no fueron impugnados por la parte actora en el momento procesal
oportuno. Asimismo, se advierte que, en la demanda, la parte actora hace
mención y transcribe aquella epistolar.
En relación a la prueba
documental (sobre todo recibos de haberes), adjuntado por la actora, y dada la
falta de negativa expresa y categórica, los mismos se consideran reconocidos,
al igual que el intercambio epistolar entre las partes. Así lo declaro.
En relación a esta cuestión, cabe
destacar que nuestra Corte Suprema de Justicia ha considerado que: “El art. 88
del CPL dispone que “Las partes deberán reconocer o negar categóricamente los
documentos que se les atribuyen y la recepción de las cartas, telegramas y
facsímiles que les hubieran dirigido. El incumplimiento de esta norma
determinará que se tenga por reconocidos o recibidos tales documentos”. En su
responde, bajo el punto “III.i. Negativa Genérica”, la accionada sostuvo: “En
forma genérica niego todos y cada uno de los hechos, derecho y documentación
adjuntada por la actora que no sean objeto de un reconocimiento expreso en este
responde” (cfr. fs. 334 vta.). Esta Corte tiene dicho que: “La frase 'niego la
autenticidad de [los] papeles que acompañan la demanda' no pone en duda la
documentación presentada por la actora puesto que [] la genérica declaración
del demandado no cumple con el requisito de precisión exigido por el art. 88 del
CPL” (CSJTuc.; “Posse Aída Elizabeth vs. Ru-Mar Turismo y Otro s/ Cobros”;
sentencia N° 318 del 04-5-2000); y que “En su responde, el accionado niega, en
forma genérica, 'toda validez probatoria y autenticidad a la documentación
acompañada por el actor con su demanda'. Por imperio del artículo 299, inciso
2°, primer parágrafo, 'in fine' del C.P.C. y C. -de aplicación supletoria al
fuero laboral-, el silencio, las respuestas evasivas o ambiguas, o la negativa
meramente general en el responde, podrán estimarse como reconocimiento de la
verdad de esos hechos y, respecto de los documentos, se tendrán por auténticos
los mismos. Se subrayan los verbos, 'podrán' y 'tendrán', utilizados por la
disposición legal, para destacar que en el caso de los hechos, es facultad del
tribunal estimarlos como reconocidos, mientras que respecto a los documentos,
el mandato legal es imperativo y si no se niega concreta y puntualmente, se los
debe tener por auténticos” (CSJTuc., “Tula Domingo Venancio vs. Transporte
Miglio S.A. s/ Cobro de Pesos”, sentencia N° 219 del 31-3-1999). Se advierte
entonces que, conforme al criterio sentado en los precedentes citados, la
genérica declaración de la demandada “niego todos y cada uno de los hechos,
derecho y documentación adjuntada por la actora” no cumple con el requisito de
negativa categórica que impone el art. 88 del CPL.”. (Sala Laboral y
Contencioso Administrativo, sentencias 544 del 09/05/17 y 318 del 04/05/2000).
Es decir, la norma -respecto de
la prueba instrumental “laboral” que se atribuye a la contraria- resulta
categórica en cuanto al “deber de negar o impugnar la autenticidad en forma
categórica” y, frente a la omisión de hacerlo, ya sea por no cumplir la carga
al contestar o, por incontestar la demanda; o bien, para el caso de la actora
en el marco de la audiencia del artículo 71, conforme el artículo 88, inc. 2
del CPL. En tales casos debe tenerse al instrumento, o a los documentos “por
reconocidos”, siempre que ellos sean instrumentos que se atribuyen a la
contraria; o bien: por “recibidos” (los telegramas o cartas atribuidos a la
contraria) por imperio de la ley. Ello, insisto, porque la propia ley procesal
lo dice en forma clara, categórica y aseverativa (“determinará que se tenga por
reconocido o recibidos tales documentos”, art. 88, 1er. párrafo, del CPL).
En consecuencia, tengo por
reconocidos por la parte actora los recibos de sueldo adjuntados por el
demandado y viceversa, por no haber sido desconocidos por las partes,
respectivamente en la oportunidad correspondiente. Así lo declaro.
EL PLEXO PROBATORIO. SU ANALISIS
Y VALORACION.
Continuando con el análisis de
esta primera cuestión (tareas y categoría de trabajo), y teniendo en cuenta el
plexo probatorio enunciado en el apartado anterior, se ingresará al examen,
ponderación y valoración de las pruebas, pero no sin antes recordar las líneas
directrices trazadas por el Máximo Tribunal de la Nación, en el sentido que por
el principio los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas las
cuestiones que proponen a su consideración, ni a tratar una por una todas las
pruebas ofrecidas y producidas, sino tan solo deben analizar y ponderar las
cuestiones y pruebas que consideren relevantes o conducentes para la decisión
del caso. En efecto, desde largo tiempo atrás la Excma. Corte Suprema de
Justicia de la Nación (en adelante, CSJN), ha sostenido -ya en el año 1964-
que: “Los jueces no están obligados a considerar todas las defensas y pruebas
invocadas por las partes, sino sólo aquellas conducentes para la decisión del
litigio” (CSJN, in re: “Benítez, Dermidio c/ Compañía Sansinena S.A.”;
“Damiani, César M. c/ Rapaport, Samuel”; “Fernández, González y Tacconi, S.R.L.
c/ Madinco S.R.L.”; Torulice o Tortolice, Francisco c/ Blass del Yesso,
Domingo”, entre otros, años 1964 publicada en Fallos: 258:304.). Este mismo
criterio fue reiterado y ampliado en numerosos pronunciamientos posteriores (y
aún está plenamente vigente), y deja muy en claro que “los jueces del caso no
están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas
agregadas, sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus
conclusiones, ni a tratar todas las cuestiones expuestas y examinar los
argumentos que, en su parecer, no sean decisivos” (CSJN - in re: “Ogando,
Adolfo -Suc.- c/ Barrenechea, María”, 24/03/1977, Fallos: 297:222; “Traiber c/
Club Atlético River Plate” del 04/07/2003, Fallos: 326:2235, entre muchos
otros).
Retomando el análisis de la
primera cuestión, la controversia entre las partes versa sobre las funciones
que desarrolló la actora y, en consecuencia, la categoría laboral bajo la cual
debió estar registrada.
Si bien las partes coinciden en
que la actora trabajó en la Mesa de Ayuda al Vendedor (MAVE), controvierten
acerca de que la Sra. G hubiese cumplido tareas de ventas de productos y
servicios y, en consecuencia, esta última se queja de la categoría bajo la cual
estuvo registrada -Administrativo A del CCT 130/75-, afirmando que le
correspondía haber estado registrada como Vendedora B del CCT 130/75.
Por el principio tradicional de
la carga de la prueba (quien alega un hecho, debe probarlo), la accionante es
quien debió acreditar que efectivamente prestó tareas de vendedora (ya las
administrativas no se encuentran controvertidas), por haber sido esto último
negado por la demandada en los términos expuestos ut supra, de conformidad con
lo preceptuado por el artículo 302 del CPCCT -supletorio-. Ello, a fin de
convencer a este sentenciante en tal sentido.
Al respecto, nuestra Corte Local
ha expresado que: “El art. 302 del CPCyC es claro en cuanto a que la carga de
la prueba incumbe a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido
y que cada parte debe probar el presupuesto de hecho de la norma que invoca
como fundamento de su pretensión. Dado que en autos la existencia de la
relación laboral afirmada por el actor y negada por el demandado, era un hecho
controvertido, la carga de su prueba recaía sobre aquel” (Corte Suprema de
Justicia, Sala Laboral y Contencioso Administrativo, in re: “Toscano Carlos
Alberto vs. Mario Cervice e Hijos SACIAFI S/ Cobro de Pesos”, Sentencia 1183
del 15/08/2017).
También, es importante tener en
cuenta que la carga de la prueba actúa como un imperativo establecido en el
propio interés de los litigantes. Es por cierto una distribución, no del poder
de probar, que lo tienen las dos partes, sino una distribución del riesgo de no
hacerlo. No supone, pues, ningún derecho del adversario, sino un imperativo de
cada litigante que se verá beneficiado o perjudicado, en la medida que cumpla,
o no, con la carga procesal respectiva.
Como toda carga procesal, esa
actividad es la encargada de producir el convencimiento o certeza sobre los
“hechos controvertidos” y supone un imperativo del propio interés de cada
litigante, dado que el juez realiza, a expensas de los elementos probatorios
aportados a la causa, la reconstrucción de los hechos invocados, descartando
aquéllos que no hayan sido objeto de demostración en la medida necesaria.
Ahora bien, aclarados tales
conceptos, e ingresando en el análisis de las constancias de autos, advierte
este sentenciante que no existe prueba producida por la actora teniente a
demostrar que cumplió funciones de venta para la demandada Atento.
Se ha considerado -con criterio
que comparto- que: “En el caso, conforme a lo dispuesto en el art. 302 del
CPCyC supletorio y dado que el actor afirmó haberse desempeñado como vendedor
mientras que el demandado sostuvo que aquel trabajó - en una -, función
prevista en el art. 11 del CCT - 379/04 - como una tarea administrativa (art.
11), resulta claro que era carga del actor probar lo que la Cámara finalmente tuvo
por no acreditado, esto es, que hubiera trabajado como vendedor. Es que si el
actor basó su pretensión indemnizatoria en su desempeño bajo cierta categoría
laboralque fue negada por la demandada, es incontestable que pesaba sobre aquel
la carga de la pruebade tal categoría.- DRES.: GANDUR - GOANE (CON SU VOTO) -
SBDAR”( Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral y Contencioso Administrativo,
sentencia 781 del 14.06.17 dictada en la causa “Moya Pablo Antonio vs. Piazza
S.A. s/cobro de pesos”).
Además, tengo en cuenta que la
actora recibió sus recibos de haberes (incluso los acompañó), sin objetar los
datos consignados en ellos desde el inicio, y aun cuando su silencio no puede
interpretarse como renuncia a sus derechos, lo cierto es que la seguridad jurídica
debe primar cuando -como en el presente caso- transcurrió un tiempo razonable y
más que suficiente (desde el inicio de la relación) como para interpretar que
su situación registral estaba consentida.
En este sentido, la
jurisprudencia que comparto, tiene dicho que: “La carga demostrativa referida a
la fecha de ingreso al servicio, pesa en cabeza del reclamante y no puede
considerársela satisfecha silos recibos de haberes coinciden con lo afirmado en
el responde, máxime cuando el accionante toleró pacíficamente a lo largo de
toda la relación, la atribución de una fecha de acceso al servicio, de la que
únicamente renegó en oportunidad de la extinción vincular” (Cám. Apelaciones
del Trabajo, Sala VIII, 30/06/1993. Zacarías Miguel A. c/ Frigorífico Morrone S.A.
DI 1994-A, 961).
En tal sentido, siguiendo esa
línea directriz, considero que no se puede desconocer que la conducta asumida
por la parte actora a lo largo de la relación (sin impugnar la categorización),
en cuanto genera una razonable expectativa en la contraria, en el marco de la
buena fe; y aun cuando no pueda ser determinante para resolver este tipo de
cuestiones (porque no se presume la renuncia de derechos), no es menos cierto
que el mantenimiento de una conducta pacífica e invariable, durante un largo
periodo de tiempo, sin observar, ni impugnar cuestiones fácticas o registrales
(propias de la relación concreta, en el caso, la categoría) no puede ser
totalmente ignorada, y mucho menos cuando, justo antes de lo que sería el
comienzo de las conductas que derivaron en la ruptura del contrato, con el
intercambio epistolar- se modifica totalmente ese obrar pacífico e uniforme, al
punto tal de llegar a desconocer y contradecir (sin esbozar argumentos, ni
producir pruebas, convincentes) los sus actos propios anteriores.
Por otra parte, considero que los
apercibimientos previstos en los arts. 61 y 91 del CPL y 55 LCT, que surgiría
de la “falta de exhibición de documentación” (prueba ofrecida por la actora a
fs.264/269), no puede prosperar -al menos respecto de este tema- porque la
demandada si bien no exhibe el libro del Art. 52 de la LCT, cabe señalar que no
nos encontramos ante una relación laboral no registrada; y por tanto, los datos
de los libros del Art. 52 LCT son coincidentes con los recibos (reconocidos por
ambas partes); por tanto, los datos contenidos en esa documentación (libro art.
52 LCT) claramente son los mismos que se consignan en los recibos de haberes, y
en el caso, no permiten probar lo invocado por la actora.
Además, tratándose aquella presunción
(del Art. 55 LCT reclamada por la actora) de una presunción iuris tantum, para
desvirtuarla, la demandada puede producir prueba en contrario, respecto de las
afirmaciones del trabajador (acerca de las funciones que afirma haber tenido).
Así, volviendo sobre los recibos de haberes obrantes a foja 44/58 y 112/113
consta que la trabajadora estaba registrada como “Administrativo A”. De este
modo, la presunción aludida cede ante la prueba positiva en contrario producida
por la accionada, prueba documental (reconocida y ofrecida por ambas partes)
que da cuenta que la actora estaba registrada en la categoría de Administrativa
A; categoría esta que resulta diferente a la que ella afirma debió tener, pero
no acreditó en forma fehaciente. Así lo declaro.
En consecuencia, reitero, no
existe prueba positiva, concreta y contundente en relación a que la actora
realizó tareas de vendedora, cuando era está última quien debía demostrarlo
(art. 302 CPCCT), ante la negativa de la demandada. Por ello, considero que la
Sra. Gutiérrez cumplió funciones de “Administrativa A” del CCT 130/75, como
reflejan los recibos de haberes adjuntados a la causa, y que, estuvo, en
consecuencia, correctamente registrada en aquella categoría de trabajo. Así lo
declaro.
IV. SEGUNDA CUESTION: Jornada de
trabajo: su encuadre jurídico y, la remuneración respectiva.
IV. 1. Conforme surge de la forma
en que quedó trabada la litis, las partes en litigio coinciden en que la actora
trabajó 6 horas diarias, 36 horas semanales y, que resulta de aplicación al
caso el artículo 8 de la Resolución 782/10 dictada por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social -que homologó un acuerdo celebrado entre las
partes signatarias del CCT 130/75- que dispuso: “Ratificando las condiciones
especiales en las cuales desarrollan su actividad los trabajadores que se
desempeñan en las empresas de servicios de call center para terceros y conforme
las previsiones del art. 198 LCT las partes convienen que dichas empresas
podrán contratar personal para prestar éstas tareas en un régimen de jornada
laboral de hasta seis días por semana, laborables de 6 horas diarias corridas y
hasta un tope de 36 horas semanales. Consecuentemente, la hora que exceda del
presente régimen de jornada deberá ser considerada hora extra y abonarse con el
recargo de ley. El salario, en tales casos, se liquidará conforme al régimen de
jornada acordada.”.
IV.2. Ahora bien, la demandante
considera que esa jornada en la que ella trabajó -no discutida por la
demandada- constituye la jornada habitual y máxima para la actividad que se
desarrolla en los “calls center”. Que, por ello, debe considerarse que laboró
una jornada completa y, consiguientemente, debió abonársele su salario acorde a
ello.
IV. 3. La demandada indica que la
interpretación que realiza la actora del artículo 8 de la resolución mencionada
no es la correcta. Afirma que a aquella no le correspondía cobrar un salario
igual al que le correspondería cobrar a un trabajador del CCT 130/75 que cumpla
con la jornada máxima de 8 horas diarias y 48 horas semanales.
Atento no considera aplicable al
caso las disposiciones del artículo 92 ter de la LCT, aunque si las del 198 de
la misma ley, por cuanto sostiene que este último regula el contrato con
jornada reducida, y no los contratos a tiempo parcial, como lo hace el 92 ter
de la LCT.
Concordante con su postura, la demandada
liquidó el sueldo de la actora en forma proporcional al salario convencional
previsto para una jornada completa y general de 8 horas diarias y 48 horas
semanales, conforme CCT 130/75, afirmando que no existe ilicitud ni
irregularidad alguna.
IV.4. Entonces, la controversia
entre las partes versa sobre la calificación jurídica de la jornada de trabajo
que cumplió la Sra. Gutiérrez, para lo cual se torna necesario analizar el
sistema diseñado por la Ley de Contrato de Trabajo.
En este sentido, la Corte Suprema
de Justicia de la Provincia en las causas “Concha Alejandro Miguel vs. Walmart
S.R.L. s/Cobro de pesos” -sentencia nro. 1297 de fecha 05/09/2017, “Jiménez
Vanesa Patricia vs. Centros de Contactos Salta S.A. s/ Cobro de Pesos”
-sentencia nro. 110 de fecha 20/02/2018- y, en la más recientemente causa:
“Casado María Sofía c/Citytech S.A. y Telecom Personal S.A. s/Cobro de Pesos”
-sentencia nro. 1615 de fecha 13/09/2019- se expidió sobre el tema en debate,
en su relación con el alcance de lo normado en los artículos 92 ter y 198 de la
LCT, descartando la existencia de un supuesto de concurrencia conflictiva.
Señaló la Corte que el artículo
92 ter de la LCT configura una disposición definitoria de una modalidad
contractual: el contrato a tiempo parcial, cuya característica principal es la
reducción de la jornada “habitual de la actividad” diaria o semanal inferior a
las 2/3 partes. Mientras que, el art. 198 LCT, en cambio, no es una norma
definitoria entendida como una disposición que estipula una modalidad
contractual como “contrato de trabajo de jornada reducida”. Tampoco éste define
a la “jornada reducida”, sino que luce como una norma de competencia, es decir:
una regla que identifica qué autoridades jurídicas se encuentran facultadas
para producir, en condiciones de validez, contratos de trabajo en los que el
elemento estructural “jornada” se pacte por debajo de la jornada legal.
Destacó que cuando se realiza una
reducción de los máximos legales mediante alguna de las fuentes autorizadas por
el art. 198 de la LCT, con virtualidad para repercutir de modo general en las
relaciones laborales de los trabajadores de determinado sector o actividad, no
se está haciendo más que fijar un nuevo tope máximo para la jornada de ese
sector o actividad en particular, definiendo una jornada habitual específica.
En lo que concierne a la cuestión
debatida en la litis, Nuestro Superior Tribunal Provincial, en forma
esclarecedora, expuso que el art. 198 de la LCT autoriza una reducción de la
jornada máxima legal según lo prevean las normas reglamentarias nacionales, la
voluntad de las partes en un contrato individual o las convenciones colectivas
de trabajo, la que puede, a su vez, disponerse en más o en menos de 1/3 de la
jornada habitual de la actividad, siendo que si resulta inferior a los 2/3
queda comprendida en la modalidad de contratación a tiempo parcial y el salario
puede ser reducido en proporción; caso contrario, se verifica un supuesto de
jornada reducida sin posibilidad de modificar la remuneración.
En otras palabras, de acuerdo a
la Ley de Contrato de Trabajo existen dos tipos de contratos -y dos subespecies
dentro de uno de ellos- a los efectos remuneratorios, tomando como elemento
distintivo la intensidad o duración de la jornada de trabajo, a saber: a)
contrato a jornada completa, definido implícitamente como aquél en el que la
jornada laborada por el dependiente coincide con la habitual de la actividad, y
b) Contrato a jornada reducida. Esta última especie está integrada, a su vez,
por: b.1) Contrato a tiempo parcial: se define explícitamente como aquél que
tiene prevista una jornada inferior a las 2/3 de la jornada habitual de la
actividad, y b.2) Contrato a jornada reducida que iguala o excede la mencionada
fracción.
En relación a este tema se pronunció
-además de los fallos del Máximo Tribunal antes mencionados- la Excma. Cámara
Laboral, Sala V, en los autos caratulados: “Díaz Mauricio Gabriel vs. Atento
Argentina S.A s/Cobro de Pesos" (sentencia de fecha 30/07/18). En dicho
pronunciamiento, en el voto de la Dra. Bisdorff se señaló que la jornada
habitual para los trabajadores de las compañías de call center es de 6 horas
diarias y 36 horas semanales y en función de este parámetro debe juzgarse si en
el caso concreto se supera el tope de las 2/3 partes previsto en el art. 92 ter
de la LCT. Explicó que para estos casos las 2/3 partes de la jornada habitual
equivale a 24 horas semanales, por lo que para entender que un trabajador de
call center cumple una jornada a tiempo parcial (art. 92 ter de la LCT) tendría
que trabajar por debajo de las 24 horas semanales.
En nuestro caso corresponde tener
presente que la Resolución N° 782/10 del Ministerio de Trabajo de la Nación
homologó un acuerdo celebrado entre las partes signatarias del CCT 130/75, en
el que se dispone que: “Ratificando las condiciones especiales en las cuales
desarrollan su actividad los trabajadores que se desempeñen en las empresas de
servicios de call center para terceros y conforme las previsiones del art. 198
LCT, las partes convienen que dichas empresas podrán contratar personal para
prestar estas tareas en un régimen de jornada laboral de hasta seis días por
semana, laborables de 6 horas diarias corridas y hasta un tope de 36 horas
semanales”
Lo señalado evidencia que
mediante una de las fuentes autorizadas por el art. 198 de la LCT se redujo el
máximo legal para la actividad de call center, de 8 horas diarias o 48
semanales a 6 horas diarias o 36 horas semanales, siendo este último tope la
jornada habitual y propia de la actividad. Es decir, se puede concluir que en
la actividad propia que nos ocupa (operador de centros de contacto), la jornada
de 6 horas diarias y 36 semanales es, ni más ni menos, que la jornada habitual
y máxima legal para todos los trabajadores “operadores” de empresas de call
center.
Sobre esta base, el trabajador
que cumple esa carga horaria -o una que supera o iguala las 2/3 partes de la
misma- se halla vinculado por un contrato a tiempo completo y -como tal- tiene
derecho a percibir el total de la remuneración prevista en la escala salarial
aplicable para la categoría profesional que revista. En el presente caso, el
total de haberes previstos para una jornada completa de la categoría de
“Administrativo A” del Convenio Colectivo 130/75.
En tal sentido se ha dicho que no
luce razonable, justo ni equitativo tomar el salario correspondiente a un
convenio colectivo que comprende numerosísimas actividades, como es el 130/75,
y luego aplicarle la proporcionalidad con relación a la jornada que pretende
calificar como reducida cuando a la vez admite que esa jornada es la normal y
habitual de la actividad call center (CNAT, 2011, "Rumán Edgardo Abel
c/Teletech Argentina SA s/Despido". Expte. 50624/10.)
También se ha considerado que:
“Si la jornada laboral de los que cumplen tareas de "call center" es
de 36 horas, la remuneración no podrá ser otra que la correspondiente a la
categoría profesional prevista por la CCT 130/75. Otra solución implicaría una
quita proporcional a quienes cumplen esa labor para justificar el pago de una
jornada reducida como si se tratara de una jornada a tiempo parcial cuando, en
el caso, fue admitido por la propia empleadora al contestar agravios, que se
trata de la jornada habitual y completa, en tanto que la actora trabajaba 33
horas de las 36 semanales previstas conforme a la Resolución Ministerial
782/10” (CNAT sala X, sentencia de fecha 14/08/2014 in re Ferrán Amarilla,
Romina Guadalupe vs. ClientingGroup S.A. y otro s/ Despido).
IV.5. Como se dijo, en este caso
se encuentra fuera de discusión que la actora cumplió sus tareas durante 6
horas diarias y 36 horas semanales. Dicha carga horaria supera la proporción de
24 hs. semanales antes referida, conforme los parámetros que emanan del art. 92
ter de la LCT.
Aquí considero oportuno señalar
la Doctrina Legal sentada por Nuestro Máximo Tribunal Provincial en diferentes
causas (algunas ya mencionadas). Así, en “Concha vs. Walmart SRL” -sentencia
del 05/09/17- se estableció que: “en virtud de la interpretación armónica de los
arts. 92 ter y 198 de la LCT, el dependiente vinculado por un contrato de
trabajo con una jornada pactada y laborada igual o superior a las 2/3 partes de
la habitual, tiene derecho a la misma remuneración que le corresponde al
operario de jornada completa”. Con el mismo alcance, en la causa “Jiménez vs.
Centro de Contacto Salta SA” -sentencia del 20.02.18- se determinó que:
“conforme el artículo 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo, el dependiente
que labora la totalidad de la jornada habitual de la actividad en la que se
desempeña, sea que esta coincida o no con los topes máximos sobre jornada de
trabajo fijados por la normativa general, o mediante alguna de las fuentes
jurígenas autorizados por el artículo 198 del mencionado digesto para un sector
particular, tiene derecho a cobrar la remuneración íntegra prevista en la
escala salarial vigente para la categoría profesional que reviste”, doctrina
replicada por la Corte en la causa “Juárez vs. Atusa SA s/cobro de pesos,
sentencia del 16.10.18 y, reiterada, en la causa “Casado vs Citytech SA”
-sentencia del 13.09.19-.
En ese orden de ideas, cabe
destacar también que La Corte en la mencionada causa “Jiménez vs Atusa”
consideró que: “Resulta obvioque si se está frente a un contrato a jornada
completa teniendo en miras, claro está, la habitualidad de la actividad), el
dependiente tiene derecho a la remuneración plena establecida para su categoría
laboral, aunque aquella jornada no coincida con los topes máximos (generales o
reducidos por alguna de las fuentes previstas en el art. 198/ LCT)”.
Teniendo presente lo expuesto
hasta aquí y, la Doctrina Legal de nuestro Superior Tribunal de Justicia, cabe
concluir que la accionante no era una trabajadora con contrato de jornada
reducida como lo sostuvo la parte demandada, sino que revestía la condición de
trabajadora vinculada a un contrato a jornada completa por haber cumplido un
jornada de trabajo de 36 horas semanales, lo que implica que su tiempo de
prestación de servicios era superior a las dos terceras (2/3) partes de la
jornada normal y habitual de la actividad -de 36 horas semanales-,
correspondiendo, por lo tanto, que se le hubiese abonado íntegramente el
importe correspondiente a una “jornada completa” correspondiente a la categoría
laboral bajo la cual estuvo registrada -del CCT 130/75-. Así lo declaro.
IV.6. En relación a la
remuneración, la demandada sostuvo al respecto que las partes se encontraban
vinculadas por un contrato de jornada reducida (art. 198 de la LCT) y, en
función de ello, las remuneraciones se fueron liquidadas en forma proporcional
y sobre la base de la categoría de Administrativo A del CCT 130/75.
Sin embargo, teniendo en cuenta
que la accionante se desempeñó en una jornada de trabajo a tiempo completo, en
forma normal y habitual, aquella tenía derecho a percibir la remuneración
íntegra, entendiendo por tal la prevista por todo concepto para el trabajador
que cumple la jornada completa, ya que al carecer de una regulación especial y
propia de la actividad (por existir una ausencia de normal legal o convencional
propia y específica para los calls center), corresponde acudir a la regulación
que emana del Convenio Colectivo 130/75 aplicable a “todos los empleados de
comercio” durante la vigencia de la relación debatida -y a la fecha del pronunciamiento-,
y siempre tendiendo presente la categoría laboral bajo la cual estuvo
registrada la accionante: Administrativa A del CCT 130/75. Así lo declaro.
Con respecto a lo decidido en el
párrafo anterior, es importante ampliar y puntualizar que a la conclusión que
se arriba se llega en razón que, a la fecha del pronunciamiento, insisto, no
existe vigente -y aplicable a los períodos objeto de controversia- una norma
legal o convencional que establezca o regule las “condiciones laborales”
especiales de la actividad (operadores de call center) y su contraprestación
económica. Es decir, no existe normativa que regule en forma puntual las
condiciones especiales y propias de la actividad de los operadores de calls
center, con relación a la “jornada de trabajo” propia y específica de dicha
actividad (y acorde a las características especiales de la misma) y, al mismo
tiempo, establezca su respectiva contraprestación económica (escala salarial
por dicha jornada especial, legal, habitual y propia de dicha actividad).
Por lo tanto, y dada la falta de
regulación legal o convencional, no queda otra alternativa que recurrir a las
regulaciones generales de la materia, quedando incluidos los trabajadores de
los centros de contacto dentro de la regulación general de todos los “empleados
de comercio”, por cuanto forman para de dicha actividad en términos generales.
En virtud de lo anterior, a los
empleados de calls center les resultan aplicable las previsiones del CCT
130/75, pero sin que esto implique desconocer, reitero, las características
propias y especiales de la relación laboral objeto de análisis, las que
ameritan una regulación legal o convencional propia y específica para la
actividad, dadas las características propias y singulares de la misma,
fundamentalmente, en lo que hace a los “operadores” de los “centros de
contactos” o “call center”. Sin embargo, hasta que ello no suceda, por no
existir una norma legal o convencional propia y específica para la actividad,
no queda otra posibilidad que la de acudir a la norma general que rige para
todos los trabajadores del rubro “empleados de comercio”, que no es otra que el
CCT 130/75.
IV.7. Formulada la aclaración
precedente, en relación al reclamo que realiza la Sra. Gutiérrez, relativo a
las 6.- diferencias salariales por incumplimiento del art. 92 ter LCT (nov-13 a
nov-15), debo continuar diciendo que, en lo referido a las sumas abonadas y
efectivamente cobradas por tales conceptos, debe tenerse como percibidos -en
primer lugar- todos los importes que surgen de los recibos acompañados por la
actora; y agrego, que en todos los meses en que no se encuentra el recibo
presentado, corresponde estar a los dichos vertidos por la actora, y volcados
en la planilla de la demanda (foja 10 vuelta).Esto último, por cuanto -en ese punto
de la controversia- si resulta relevante la falta de exhibición de los libros
del Art. 52 LCT y recibos (cuya exhibición reclamó la actora en prueba de fs.
264/269), y no fueron presentado por la demandada. Y ello debe ser así, por la
sencilla razón que en dichos recibos y libros, deberían estar consignados los
importes percibidos por la actora, y ante la falta de exhibición (pese a la
intimación de fs. 269), sí corresponde estar a los dichos de la actora,
volcados en la demanda y planilla. Así lo declaro.
Asimismo, fue declarado con
anterioridad que la actora estuvo deficientemente registrada en relación a la
jornada de trabajo que cumplía a favor de Atento, lo que genera a su favor las
diferencias salariales (que reclama) entre lo percibido y lo que debió percibir
según CCT 130/75 para la categoría registrada (Administrativo A). Así lo
declaro.
IV.8. Teniendo en cuenta lo ya
declarado acerca de a) la categoría laboral de trabajo de la actora, b) la
jornada que cumplió, c) la remuneración que debió percibir (la de jornada
completa conforme a su categoría), d) los montos que se deben considerar como
efectivamente percibidos y e) las escalas salariales para el personal
comprendido en el CCT 130/75 vigentes en el período indicado en la demanda, de
la confrontación de los importes allí establecidos con las sumas que surgen de
los recibos, y ante la ausencia, las denunciadas como percibidas por la actora,
se constata la existencia de diferencias salariales, cuyos importes se
calcularán y detallaran más adelante en la planilla respectiva, a la que me
remito en honor a la brevedad.
IV.9. En virtud de lo anterior,
resulta admisible el reclamo de la actora por esos conceptos (diferencias
salariales de noviembre de 2013 a noviembre de 2015, inclusive), de acuerdo a
los importes que se calcularan en la planilla que forma parte del presente
pronunciamiento. Todo ello, en un todo de conformidad con lo normado por los
artículos 12, 260 y concordantes de la LCT. Así lo declaro.
V. TERCERA CUESTION. El despido:
fecha y justificación.
V.1.De modo preliminar, cabe
destacar que, como se dijo antes, las epistolares adjuntadas por la actora con
la demanda han sido reconocidas por la parte demandada.
V.2. Además, cabe destacar que
las partes litigantes coincidieron en que la extinción de la relación laboral
se produjo por despido directo remitido mediante carta del 11.11.15, OCA
adjunta a foja 111.
V.3 Ahora bien, en relación a la
fecha en que se produjo el distracto laboral (fecha de recepción), existen dos
elementos que me conducen a tener por extinguido el vínculo el 18.11.15, a
saber: (i) por un lado, la afirmación de la actora realizada en su demanda
(foja 09) acerca de que recibió la misiva rupturista el 18.11.15. Esta
afirmación no fue negada en forma categórica por la demandada. (ii) Además,
esta fecha o postura, resulta plenamente coincidente con lo expuesto por la por
la propia demandada, en su CD OCA de fecha 19.11.15 a foja 21 (que responde a
la actora, y expresa que el despido fue recibido el 18/11/15). En consecuencia,
considero que existe coincidencia de partes, en sus respectivos dichos (tanto
en lo expuesto en la demanda, como el que surgen de documentación emanada de la
demandada que se ha tenido por auténtica), sobre que la carta OCA que extingue
laboral fue recibida el 18.11.15; y por tanto, conforme la teoría recepticia
que rige la materia, considero que efectivamente la extinción del vínculo
laboral se produjo en la fecha antes indicada (18/11/15). Así lo declaro.
V.4. Previo a ingresar al
análisis de la causa del despido y los antecedentes disciplinarios que invocó
la demandada como influyentes de su decisión rupturista, es menester destacar
en este punto que, como se dijo, no es cuestión controvertida por las partes
que la actora fue madre el día 14.04.15 y que el bebé murió con posterioridad
al parto, pues así lo reconoció expresamente el accionado (ver 72 vta., punto
9, y foja 85 vuelta). Es decir, el demandado conocía que la actora fue madre en
aquella fecha.
También es importante señalar que
la propia demandada reconoció en su conteste de demanda que la actora gozaba de
la protección del artículo 178/182 de la LCT, pues afirmó a foja 85 vuelta que:
“nadie despide a una empleada que goza de la protección de las normas antes
citadascuando solo faltaban días para el vencimiento del plazo de protección de
7 meses y medio que establece el art. 178 LCT (recuérdese y téngase presente
que la actora fue madre el 14 de Abril de 2015 y fue despedida el 11 de
Noviembre de 2015)”.
V.5.De lo anterior, surge que a
la actora se la despidió a los 7 meses y cuatro días de haber dado a luz un
hijo (de haber sido madre); es decir, dentro del plazo de protección de la
maternidad, con lo cual se torna operativa la presunción iuris tantum dispuesta
en el art. 187 de la LCT, debiendo la empleadora que despidió “con causa”
demostrar que ella no tuvo relación alguna con la maternidad.
Es que, a fin de garantizar el
empleo de la mujer trabajadora durante los períodos de gestación y posterior al
parto, la legislación laboral ha establecido para concretizar tal derecho, un
sistema de presunción legal y un régimen indemnizatorio especial, para cuando
el supuesto se configure. En tal sentido el artículo 178 de la LCT (según texto
de la Ley N° 21.297) establece en primer término, la presunción legal que el
despido de la trabajadora embarazada, ocurrido en el tiempo previsto
normativamente, lo ha sido por dicha causa. Tal es una presunción iuris tantum.
Es decir, pone en cabeza del empleador la carga probatoria de acreditar
válidamente, que el despido no ha obedecido a razones de maternidad o embarazo
de la dependiente, sino a otros motivos, desbaratando así, mediante prueba en
contrario, la presunción legal.
V.6. Destacado lo expuesto en los
anteriores puntos V. 4 y 5, procederemos a analizar la causa del despido
directo invocada por la empleadora, a fin de analizar si aquel tuvo justa causa
y si tuvo -o no- relación con el hecho de la maternidad de la actora.
V.7. En primer lugar, procederé a
transcribir el contenido de la CD rupturista de fecha 11.11.15 (foja 111),
mediante la cual la empleadora comunicó el despido a la Sra. Gutiérrez: “Le
informamos a usted que mediante auditoria interna realizada el día 27/10/2015
respecto de su desempeño hemos detectado que usted ha incurrido en un grave
incumplimiento de los deberes contractuales a su cargo, que a continuación paso
a detallar. En fecha 14/01/2015 fue suspendida por 2 días ante sus ausencias
injustificadas de los días 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 29, 30,31 de
Diciembre de 2014 y 02 y 03 de Enero de 2015. En fecha 07/05/2015 fue
suspendida por tres días, ante su ausencia injustificada del día 27/04/2015. En
fecha 25/08/2015 fue suspendida por seis días por ausencia injustificadas de
los días 29 y 30 de Mayo, 01,02,03,04,05,06,08,09,10 de Junio y 20 y 21de
Julio. Asimismo, y con posterioridad a su última sanción, nuevamente usted se
ausenta en forma injustificada desde el día 26 de Agosto hasta el 19 de
Septiembre. Todo esto pone en relevancia su falta de interés en el
mantenimiento el vínculo laboral que nos une, configurando así un grave
incumplimiento de los deberes contractuales a su cargo, en especial el deber de
diligencia y colaboración Art. 84 LCT y que resultan contraria a los principios
de buena fe y colaboración previstos por los Arts. 62, 63, LCT que sustentan el
vínculo laboral y que tornan imposible la continuación del mismo. Queda usted
debidamente despedido con justa causa atento al grave incumplimiento de los
deberes contractuales a su cargo” (lo resaltado me pertenece).
De la lectura y análisis de la
carta documento remitida por la demandada a fin de comunicar el despido a la
actora, luce acreditado el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
artículo 243 de la LCT, respecto de la forma de comunicación de la decisión de
extinguir la relación laboral en términos claros y precisos, en cuanto se
identifica con claridad la justa causa invocada.
Nuestro más Alto Tribunal de
Justicia local ha dicho que: “...el art. 243 de la LCT determina como requisito
que el despido por justa causa dispuesto por el empleador como la denuncia del
contrato de trabajo fundada en justa causa que hiciera el trabajador, deben
comunicarse por escrito, con expresión suficientemente clara de los motivos en
que se funda la ruptura del contrato. Finalmente, la causal de despido
consignada en las comunicaciones antes referidas no podrá ser modificada ante
la demanda que promoviere la parte interesada. Los dos primeros requisitos
señalados, conciernen a la calificación del acto y sus consecuencias; su
inobservancia por parte del empleador transforma al despido en incausado, con
las consiguientes responsabilidades indemnizatorias. El tercer requisito -la
invariabilidad de la causa del despido- refiere al conocimiento de ésta por
parte del sujeto afectado en procura de preservar el principio de buena fe y
proteger la integridad del derecho de defensa de la parte denunciada, a fin que
no sea sorprendida en el acto de traba de la litis, con la invocación de
motivos distintos a los consignados en la comunicación documentada del
distracto. Sobre el particular, se ha dicho que constituye una carga del
empleador especificar con claridad, al comunicar el despido, la justa causa en
que se funda, ya que de no ser así no tendrá luego la posibilidad de alegación
o complementación en el juicio” (CSJT, Roldan Adriana Dolores vs. Instituto San
Pedro S.E 1019 s/ Cobro de Pesos, 13.11.2006).
Ahora bien, tratándose de un
despido directo por una injuria grave, la gravedad de la misma que se invoca en
sustento del despido es objetiva, es decir, independiente de la apreciación
subjetiva de las partes y su valoración es privativa del juez, la que debe ser
analizada desde un punto de vista cualitativo o cuantitativo, relacionado ello
con la proporcionalidad de la sanción respecto a la falta cometida, la
contemporaneidad y razonabilidad en el ejercicio de la potestad sancionadora
(art. 242 LCT), en vista que el despido resulta para el trabajador la máxima y
más grave sanción disciplinaria, ya que significa la ruptura de la relación
laboral y la expulsión del trabajador del seno de la empresa.
Al respecto, el artículo 242 de
la LCT, aplicable al tema decidendum, conceptualiza la justa causa de
resolución del contrato de trabajo: “...La justa causa o injuria es un motivo
legal de denuncia consistente en el incumplimiento grave de deberes contractuales
propios de la relación de trabajo (deberes de prestación o de conducta). Es un
ilícito (grave) contractual. Es todo acto u omisión contrario a derecho que
importe una inobservancia de deberes de prestación o de conducta, imputable a
una de las partes, que lesione el vínculo contractual... El párrafo último del
artículo otorga a los jueces la facultad de apreciar la existencia de la
injuria. Ahora bien, en la apreciación de la injuria, el juez no podrá aplicar
un criterio completamente personal, sino que su libre arbitrio se halla
restringido por los criterios y convicciones generalmente aceptados en el
ambiente. No cualquier incumplimiento contractual configura una injuria en el
sentido del artículo. Debe tratarse de una inobservancia que por su gravedad no
consienta la prosecución de la relación” (Etala Carlos Alberto, Contrato de
Trabajo, p. 645/648)”.
De otro modo, se ha definido la
injuria como un acto u omisión contrario a derecho que importe una
inobservancia de deberes de prestación o de conducta, imputable a una de las
partes, que lesione el vínculo laboral. Asimismo, se ha considerado que tres
son los presupuestos de hecho que deben concurrir para considerar que se ha
producido injuria laboral: un comportamiento antijurídico, manifestado como incumplimiento
de una obligación expresa o implícitamente impuesta por la naturaleza del
vínculo laboral a la parte a la que se dirija el reproche; la imputabilidad de
tal inobservancia a la parte que se considere incumplidora; la afectación de la
relación de trabajo. (conforme Ackerman, Mario E. "Sobre la denominada
valoración judicial de la "gravedad" de la injuria".
Procedimiento Laboral III. Rubinzal- Culzoni Editores, Año 2008 / N° 1 / Pag.
87/96. Según la jurisprudencia, la injuria que es específica del derecho del
trabajo, para erigirse en justa causa de despido, debe consistir en un
incumplimiento de tal magnitud, que pueda desplazar del primer plano el
principio de conservación del contrato que consagra el Art. 10 de la L.C.T.,
teniendo en cuenta los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad
(en tal sentido: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala I, 31/3/2010
“Frías, Cintia Vanina vs. Chang Ki Paik y otro”, DT 2010 (junio), 1493).
Dicho esto, cabe destacar que,
quien decide la ruptura del vínculo laboral, en el caso: la demandada, tiene la
carga de probar la justa causa del distracto (agregando en este caso, que debe
acreditar que la causa del despido no tuvo vinculación con la maternidad). Es
decir, la existencia de la conducta injuriosa invocada como justificación de
dicho acto rescisorio, debiendo el juez valorar dicha causal a la luz de las
reglas de la sana crítica, tomando en consideración el carácter de las
relaciones laborales, sus modalidades y circunstancias personales del caso.
Esto significa que debe probarse la existencia de un obrar contrario a derecho
o un incumplimiento con magnitud injuriosa suficiente como para desplazar el
principio de conservación del contrato de trabajo (art. 10 de la LCT).
En este sentido, la sala II, de
la Cámara del Trabajo, se ha expedido al decir que: “Constituye facultad de los
jueces la evaluación de la procedencia de las causas de despido invocadas en
virtud de las disposiciones contenidas en el art. 242 LCT, debiendo tenerse en
cuenta en cada caso el carácter de las relaciones de trabajo, modalidades y
circunstancias personales de caso debiendo resolverse en caso de duda por la
continuidad o subsistencias del contrato de trabajo (art. 10 LCT). Teniéndose
en cuenta que no cualquier incumplimiento contractual configura injuria en el
sentido de la norma mencionada, a los fines de justificar el despido, aquel
debe tratarse de una inobservancia que por su gravedad no consienta la
prosecución de la relación laboral” (sentencia 12 del 14/02/17 dictada en la
causa “Lucena Silvina Alejandra vs. Citytech SA s/cobro de pesos”).
V.8. Aclarados tales conceptos, e
ingresando en el análisis de las constancias de autos y de las pruebas
aportadas por las partes, es importante puntualizar que el núcleo central del
debate está en examinar si la conducta de la parte demandada que finalizó
remitiendo a la actora el día 11.11.15 una carta de despido directo luce
justificada y no tuvo que ver con el hecho de la maternidad (recuérdese que la
actora fue madre el 14.04.15 y que gozaba de la protección de la maternidad,
cuestiones estas expresamente reconocidas por la patronal).
Es decir, se debe juzgar si aquel
accionar que culminó con el despido directo de la actora resulta ajustado a
derecho y comprobado; o bien, por el contrario, si dicha conducta y decisión de
la patronal debe ser considerada no probada e injustificada; es decir, como un
despido “sin justa causa”; manteniéndose la presunción relacionada con la
circunstancia que la actora (Sra. Gutiérrez), había sido madre.
V.9. Para decidir sobre el tema,
debe tenerse en cuenta que del contenido de la misiva rupturista surge que la
demandada invocó una serie de incumplimientos contractuales (inasistencias
injustificadas) de parte de la trabajadora que fueron -según indica-
previamente sancionados. En su responde, indica que pese a ello, ante un “nuevo
hecho” consistente en inasistencias injustificadas desde el 26 de agosto al 19
de septiembre de 2015 -hecho nuevo no sancionado- decidió extinguir el vínculo laboral
alegando que la inobservancia de dichos incumplimientos a los deberes
contractuales, basados en los principios de buena fe, colaboración y
diligencia, hicieron imposible continuar con el vínculo laboral, tomando la
decisión de extinguirlo.
Aclaro que, aquella posición es
la que trata de fundamentar la demandada, en su responde, pero que -desde ya lo
aclaro- no advierto que sea lo que surge del texto de la carta rupturista, sino
que -según interpreto- en la carta no se distingue entre las “inasistencias
anteriores” (ya sancionadas), y lo que sería un “hecho nuevo” (no sancionado,
consistente en inasistencias del 26/08/15 al 19/9/15), sino que surge de sus
términos expresos que la demandada aplica la máxima sanción (despido), por
“todos los hechos relatados”, en la misiva, que -según sus dichos- surge de
“Auditoria Interna”.
En efecto, estoy persuadido que
es así, por cuanto del texto expreso de la misiva, comienza señalando:
“informamos a usted que mediante auditoria interna realizada el día 27/10/2015
respecto de su desempeño hemos detectado que usted ha incurrido en un grave
incumplimiento de los deberes contractuales a su cargo, que a continuación paso
a detallar”. Es decir, no se habla de “un hecho nuevo”, ni de una “conducta
aislada” (como hecho nuevo), sino que habla en plural, de varios hechos,
diciendo que esa sumatoria de hechos constituye un “grave incumplimiento a los
deberes contractuales que paso a detallar”.
Es más, cuando dice “paso a
detallar”, también implica que incluye “todos los hechos”. Asimismo, corrobora
esta conclusión, el hecho que luego de esta introducción (donde se enumeran
todos los incumplimientos -incluso los ya sancionados y las nuevas
inasistencias-), dice expresamente: “Todo esto pone en relevancia su falta de
interés en el mantenimiento del vínculo laboral”. Es decir, la accionada hace
referencia primero al “detalle de los hechos enumerando uno por uno los
incumplimientos”, y luego dice: “Todo esto”, lo que clara y literalmente nos
permite concluir que -al decidir el despido- se está refiriendo a “todos los
hechos” relatados (que supuestamente que surge de una Auditoria Interna), y no
solamente al “hecho nuevo” (inasistencias del 26/8 al 16/9). Es que si se la
estuviese despidiendo por ese “hecho nuevo”, el texto claramente debió ser
diferente, y no involucrar expresamente a “todos” los hechos anteriores, que
-insisto- son claramente invocados y utilizados, al expresar: “Todo esto”, en
clara referencia al detalle de todos los hechos relatados.
Así las cosas, me parece evidente
que el representante del actor, al ser consciente de este tema (que implica una
doble sanción por los mismos hechos, violatoria del "non bis in ídem"
-que prohíbe la nueva aplicación de sanción por un mismo hecho ya sancionado-
que tiene raíz constitucional en el Art. 18 CN), trata o intenta, explicarlo de
otro modo, en la “contestación de la demanda”; es decir, haciendo aparecer como
que el despido obedece pura y exclusivamente al “hecho nuevo” (inasistencias
del 26/815 al 19/9/15), que no es lo que surge del texto expreso y literal de
la misiva, y sobre lo que me explayaré infra. Y esta nueva posición (que
aparece recién con la contestación de la demanda) resulta inadmisible porque
-además- de lo ya expuesto, viene a constituir una intención de “alterar” o
“mutar” de la causa de despido, prohibida por el Art. 243 LCT, cuyo principio
es la “invariabilidad de la causa del despido”. Y este aspecto no es un dato
menor, o irrelevante, sino que hace a la esencia de la controversia.
Así las cosas, y de un modo
preliminar (que ampliaremos seguidamente), puedo adelantar mi opinión acerca de
que el despido de la trabajadora resultó contrario a derecho, ilegítimo e
inconstitucional.
Continuando con el análisis de la
carta del despido, diré que de lo que no cabe duda, es que en dicha misiva la
propia demandada señala antecedentes disciplinarios anteriores aplicados a la
demandante, y que ya habían sido sancionados por accionada.
En consecuencia, y más allá de la
forma en que se “examine a los mismos” (si como “antecedente disciplinario” o
como “causal del despido”), lo cierto es que son hechos objetivos que adquieren
particular relevancia, lo que me lleva a tener que analizarlos; sobre todo, en
lo que hace a aspectos tales como la razonabilidad, proporcionalidad,
contemporaneidad, etc. de la decisión de la patronal de romper el vínculo
contractual.
Así, del acto de despido surge
que la demandada invocó como antecedentes al último incumplimiento de la
prestación de servicios sin justificación de los días 26 de agosto al 19 de
septiembre de 2015 por parte de la actora -no sancionado-, los siguientes:
a) En fecha 14/01/2015 fue
suspendida por 2 días ante sus ausencias injustificadas de los días 16, 17, 18,
19, 20, 23, 24, 27, 29, 30,31 de Diciembre de 2014 y 02 y 03 de Enero de 2015.
b) En fecha 07/05/2015 fue
suspendida por tres días, ante su ausencia injustificada del día 27/04/2015.
c)En fecha 25/08/2015 fue
suspendida por seis días por ausencia injustificadas de los días 29 y 30 de
Mayo, 01,02,03,04,05,06,08,09,10 de Junio y 20 y 21 de Julio.
En definitiva, la actora llevaba
once (11) días de suspensión desde el 14/1/15 a la fecha de la remisión de la
carta de despido (11/11/15).
V.10.a En relación al punto V. 9.
a), es decir, la suspensión por 2 días -primeramente- invocada en la misiva,
considero que de las constancias de la causa no surge acreditado de modo alguno
la existencia de esta suspensión (por instrumental notificada a la actora), ni
tampoco están probadas las inasistencias injustificadas, pruebas estas, que le
correspondían a la demandada, por haberlo invocado (art. 302 CPCCT). Así lo declaro.
Con respecto a esta falta o
ausencia de prueba (de la demandada), me parece importante mencionar que la
accionada habla en su misiva de despido de una “Auditoria Interna”, pero no
presentó ninguna prueba al respecto, ni instrumental, ni testimonial, ni de
otro tipo (pericial, etc.), como para probar la existencia y veracidad de la
supuesta auditoria interna. Mucho menos, se justificó que la misma haya sido
realizada con la “participación” de la actora, contra quién se la intenta hacer
valer.
V.10.b. En relación a la sanción
señalada en el punto V.9.b), la segunda sanción mencionada en la carta, esta
vez por 3 días (donde se refiere a una “ausencia injustificada del día
27/04/2015), debo decir lo siguiente: (i) En primer lugar, entiendo que la fecha
correcta de la aplicación de la suspensión, sucedió el 28/07/2015, y no el
07/05/15 (como se relata en la carta del despido), todo lo cual surge de la
fecha de imposición de la CD OCA de foja 24, donde se advierte que la demandada
aplicó dicha sanción disciplinaria (suspensión por 3 días, por la ausencia del
27/04/15), efectivamente el día 28/07/15. Al respecto, lo primero que debo
decir es que nunca podría sancionarse a la actora por una inasistencia del día
27/04/15, si se tiene presente que había sido madre el día 14/04/2015.
Es decir, a la actora se la
estaba sancionado por una “inasistencia” (del 27/4/15), lo que equivale a
decir, que la actora estaba siendo sancionada por una supuesta ausencia a su
trabajo, cuando habían pasado tan solo 13 días desde que había sido madre
(14/4/15), es decir, cuando esta última se encontraba gozando de la licencia
por maternidad (art. 177 LCT), que debe extenderse -conforme a la propia LCT
por lo menos por 45 días posteriores al parto.
Con lo cual, claramente surge que
la medida aplicada -por ese solo motivo- ya resulta contraria a derecho (porque
no se puede sancionar por inasistencia a quién está gozando de una licencia que
emana de la propia ley) y, todo esto, sin dejar de tener presente que la actora
impugnó dicha sanción mediante TCL de fecha 28.08.15 (foja 29).
Y no se pretenda decir que la
“licencia por maternidad” no correspondía a la actora por el fallecimiento de
su hijo, porque eso realmente sería inadmisible e -incluso- contrario a sus
derechos humanos fundamentales, los que tienen tutela constitucional y
enraizada en los Pactos Internacionales con Jerarquía Constitucional (ver Art.
75 inc. 23 C.N., Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, que en su art. 10, párrafo 2,dice: "Se debe conceder especial
protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después
del parto.", entre otros).
Además, no es un dato menor, que
la sanción fue notificada el 28/7/15; esto es, casi 3 meses posteriores a la
supuesta inasistencia, con lo cual, esa sanción tampoco puede ser admitida,
desde el punto de vista de la “contemporaneidad”.
Así las cosas, conforme lo
analizado en los párrafos anteriores, considero que la sanción disciplinaria de
suspensión por 3 días aplicada a la actora el 28.08.15 (por ausencia al trabajo
el 27/4/15), resulta ilegitima por no ser contemporánea con la falta, y además,
por contravenir lo expresamente dispuesto en el art. 177 de la LCT. Así lo
declaro.
Vale destacar que la
jurisprudencia que comparto, tiene dicho: “Tiene derecho al goce de la licencia
especial por maternidad la dependiente que da a luz un hijo, aun cuando éste
falleciera antes del alumbramiento, toda vez que la protección establecida por
las leyes laborales para la maternidad, tiene por finalidad específica la
protección de la integridad psicofísica de la trabajadora” (CNAT, Capital
Federal, sentencia del 14.03.1979 dictada en la causa “Rossi Stella c/Teorema
SRL s/despido).
V.10.c. En relación a la sanción
mencionada en el punto V.9.c), sanción de 6 días, debo expresar lo siguiente:
(i) En rigor, dicha sanción fue comunicada por CD del 23.09.15 a foja 22 (y no
el 25.08.15 como afirma la demandada). Este dato, permite -por si solo-
verificar la falta de contemporaneidad entre la sanción (aplicada el 23/9/15)
por supuestas inasistencias del día 29/5 al 10/6, y días 20 y 21/7. Al
respecto, es importante tener presente el criterio de oportunidad o
contemporaneidad entre “la falta y la sanción”, lo que “exige que exista una
proximidad temporal entre la reacción de la parte afectada por la injuria y el
momento en que su producción o comisión llega a su esfera de conocimiento”
(Etala, Carlos, Contrato de trabajo, T. II, Astrea, Buenos Aires, 2010, p.
241).
Si bien no exige un plazo cierto,
sino que depende las circunstancias del caso, no me parece razonable que recién
el día 23/9/15 se intente sancionar supuestas inasistencias del mes de mayo (29
y 30), primeros días de junio (1 al 10), y dos días de julio (20 y 21). Se
intentan sancionar supuestas inasistencias casi 4 meses posteriores a las
mismas, lo que luce contrario -insisto- al principio de contemporaneidad, que
se debe exigir a la empleadora, en este tipo de procedimientos.
Además, al igual que lo examinado
respecto de la primera suspensión, en este caso tampoco surgen probadas las
“inasistencias al trabajo”; y este hecho cobra relevancia porque la sanción fue
rechazada por la accionante el 30.09.15 (foja 27); donde reclamó el pago de los
haberes descontados en mes de mayo, junio, y agosto. Nuevamente corresponde
hacer hincapié en la “Auditoria Interna”, que nunca fue probada.
Por otro lado, nuevamente se
advierte que la patronal suspendió a la actora el día 29.05.15, es decir,
dentro de los 45 días del plazo de la licencia por maternidad (contado desde la
fecha de parto 14.04.15) previsto en el artículo 177 de la LCT; razón por la
cual está sanción también resulta ilegitima por ser contraria a derecho. Así lo
declaro.
V.10.d. Pues bien, de las sanciones
disciplinarias previas al distracto y hasta aquí analizadas, queda claro que
las mismas no surgen debidamente justificadas y acreditadas; y en otros casos,
directamente son lesivas de los derechos legales y constitucionales de la
actora; por lo que no pueden ser avaladas y justificadas.
V.10.e. En relación a las
supuestas ausencias del 26/8/15 al 19/9/15 (que según la demandada, fueron el
“hecho nuevo”), que motivara el despido, nuevamente nos encontramos ante una
absoluta falta de prueba de las mismas. Y aquí lo más llamativo es el tema, es
que el día 23/9/15 (es decir, 4 días “posteriores” a esas supuestas
inasistencias (del 28/8/15 al 19/9/15), se le remite una carta documento OCA a
la actora (el 23/9/15), y nada se le dijo sobre esas supuestas inasistencias,
no siendo un dato que pueda pasar por alto que una persona esté ausente desde
más de 20 días, y se le remita una carta sin decir ni una palabra de ese tema,
sino que se le aplique una sanción por inasistencias supuestamente ocurridas
varios meses antes (mayo/junio). Es decir, lo lógico hubiese sido -si estaba
ausente desde el 26 de agosto al 19 de septiembre- que cuando se remite dicha
carta (del 23/9/15) al menos alguna referencia se hiciera de que “persistían
las inasistencias”.
Además, en esta sanción del
23/915, por ausencias del mes de mayo y junio, nuevamente se observa la falta o
violación al recaudo de la contemporaneidad, ya que se sanciona en noviembre
(esta vez, con el despido), supuestas inasistencias del mes de agosto y
septiembre).
Otro dato que no es menor sobre
este tema, es que la actora intimó a la demandada, casualmente el día 26/8/15
(que se alega comienzan su nuevo ciclo de inasistencias), y luego lo hizo el
día 28/8/15; y en ambas le exigió (intimó) a la demandada por una serie de
violaciones a sus derechos; sin embargo, dichas intimaciones no aparecen
contestadas, ni negados los hechos (haciendo operativa la presunción del art.
57 LCT, que tampoco fue desvirtuada por prueba en contrario); al menos, no se
adjuntó ningún instrumento que justifique la respuesta, por parte de la
demandada, a las sendas intimaciones. Es más, en el telegrama del 28/8/15, la
actora les está contestado una misiva de la demandada, pidiéndole que se
retracte.
En efecto, es importante
mencionar que -entre otras cosas- la actora (por telegrama del 26/8/15, fs. 28,
cuyo original obra en caja fuerte) reclamaba la “recalificación profesional”,
en referencias a enfermedad padecida y ordenada por ART y SRT (síndrome del
túnel carpiano). También reclamó por falta de pago de 21 días no abonados de
Octubre de 2014, días de mayo de 2015 ($2070,59); días de junio de 2015 (4
789,92). Es decir, la actora en esa fecha (que la demandada considera incursa
en inasistencias a partir del 26/8) es cuando le estaba intimando a regularizar
los temas antes intimados.
Además, la actora por telegrama
del 28/8/15 (fs. 29, cuyo original también está en caja fuerte), le estaba
pidiendo a Atento explicaciones sobre la “falta de otorgamiento de la licencia
por maternidad”, y además, le intimaba a que se “retracte y deje sin efecto una
sanción”. Sin embargo, la demandada guardó absoluto silencio, a ambas
intimaciones, pese a la entidad y relevancia que tenía las mismas respecto de
los derechos en juego (nada menos que la licencia por maternidad,
recalificación profesional por enfermedad, falta de pago de haberes, etc.).
Sin embargo, insisto, la
demandada nada dice al respecto, ni acompaña documento alguno sobre este
intercambio epistolar; pese a que se la intimó a exhibir la prueba documental,
entre ellas el “legajo personal” de la Sra. G (ver fs. 264 punto 5 y fs. 269);
siendo del caso mencionar que en el “legajo personal” de la trabajadores, donde
deben estar resguardadas y archivadas todas las intimaciones, sanciones,
licencias, pedidos de recalificación médica, etc. En ese contexto, en este
punto también cobra relevancia decisiva la “falta de exhibición de la
documental” (legajo personal), torna operativa la presunción de los Arts. 61,
91 y Cctes. CPL, y 55 y Cctes. LCT, haciendo presumir la verdad de los dichos
de la trabajadora, respecto de los datos que deberían estar documentados y
registrados en los instrumentos obrantes en su “legajo personal”.
Al respecto, no es un dato menor
que la trabajadora haya adjuntado un importante número de certificados médicos
(supuestamente presentados), incluso copias de certificaciones de la empresa
médica Arial, copias de “acta de audiencia” ante la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo (en adelante SRT), donde se documentaría una incapacidad del 9%
(Incapacidad Laboral Parcial y Permanente - ILPP), por SÍNDROME TUNEL CARPIANO,
que incluso se calificó como “Enfermedad Profesional”;como también debería
estar la “constancia de PROVINCIA ART” del Siniestro 01189073/001/00, donde se
adjunta “CONSTANCIA DE RECALIFICACIÓN” del 01/9/2014.Y si bien no sostengo que
esa documental deba tenerse por auténtica (porque emanó de terceros), no es
menos cierto que esa misma prueba instrumental -relacionada con las dolencias
de la actora, licencias, enfermedades, etc.- debería estar resguardada y
archivada en el “LEGAJO PERSONAL”; que nunca fue presentado, y que -por tanto-
torna operativa la presunción de veracidad de los datos que debería constar en
tal legajo.
En ese contexto de situaciones,
además, queda claro que la demandada debía expedirse -en concreto y
mínimamente- sobre el reclamo de recalificación de tareas, siendo lógico -y una
exigencias propia de la buena fe y del deber de diligencia e iniciativa del
empleador- que la demandada responda a dicha intimación, y además, que
mínimamente le realice un “control médico” a la trabajadora (Art. 210 LCT) para
verificar si estaba, o no, con ese problema de salud que venía reclamando, para
decidir si era justificada la recalificación de tareas reclamada, que incluso
la ART había aconsejado, y todo lo cual, debería estar archivado en su legajo
personal.
Por lo tanto, considero que la
actitud asumida por la demandada, de guardar silencio absoluto frente a las
intimaciones, no realizar controles médicos (al menos, no están acreditados),
quebranta el debe de buena fe (Art. 63 LCT), como la obligación genérica de
obrar con criterio de colaboración y solidaridad (Art. 62 LCT), como también el
deber de diligencia y colaboración (Art. 79 LCT), razón por la cual, la “sanción
disciplinaria” (que incluso conduce al despido de la trabajadora”, por las
ausencias desde el 26/8/15 al 19/9/15), resulta arbitraria e ilegítima,
claramente contraria a los derechos elementales de la actora, entre los cuales
está no solamente el de su “licencia por maternidad” (que venía reclamando),
sino también los pedidos de licencia y recalificación por enfermedad (razones
de salud), entre otros motivos, que -insisto- obligaban a la demandada a asumir
una conducta totalmente diferente, donde -mínimamente- debería haber
“controlado la salud de la trabajadora” (Confr. art. 210 LCT), que no surge
acreditado, y también haberse expedido formalmente sobre la “licencia de
maternidad de la Sra. Gutiérrez”, está probado que haya sido otorgada; lo que
configura -como ya se dijo- una flagrante violación a derechos humanos de
jerarquía constitucional, ya que emanan de la normativa constitucional y de los
Pactos Internacionales sobre derechos Humanos, y son operativos en el derecho
interno.
En ese contexto de situaciones,
me parece absolutamente irrazonable, ilegítimo, arbitrario, y lesivos de
derechos humanos de la actora, la conducta asumida por la demandada, que -sin
ningún tipo de control médico- ni mucho menos cursando respuestas a las claras
intimaciones de la actora, decide directamente romper el vínculo laboral (por
esas supuestas inasistencias desde el 26/8/15 al 19/9/15), luego de tres (3)
meses (por Carta Oca del 11/11/2015), sin antes haber realizado ninguna medida
tendiente a verificar el estado de salud de la actora, ni expedirse sobre su
reiteradamente reclamada licencia por maternidad y recalificación profesional.
Así las cosas, y además de ser nuevamente extemporánea la decisión, esta vez es
claramente ilegítima, arbitraria, irrazonable e inconstitucional, conforme lo
antes considerado.
Es decir, de las constancias de
autos queda muy claro que -antes del despido- existió entre las partes un
extenso intercambio epistolar, de cuyo análisis se evidencia que, frente a las
sanciones disciplinarias que comunicó la patronal a la trabajadora, esta última
había manifestado impugnaciones e intimaciones en diversos TCL -entre otras
cosas- porque fue madre, por las consecuencias a su salud del fallecimiento de
su hijo recién nacido, por haberle descontado sus haberes sin justificación,
porque debía ser recalificada en sus tareas (por padecer una enfermedad
profesional -síndrome del túnel carpiano-), y también, para que le expliquen
por qué se le negó la licencia por maternidad, se le negó licencia posparto y post-fallecimiento
de hijo (ver TCL de fojas 25/29). Sin embargo, esas intimaciones no aparecen
contestadas, por parte de la patronal, insisto, pese a la entidad e importancia
de los reclamos e intimaciones.
Es más, no solo no fueron
respondidas, sino que directamente -en fecha 11/11/15- la demandada decide
“despedir a la actora”, alegando ausencias injustificadas (insisto, del 26/8/15
al 19/9/15), sin antes haber respondido o fijado posición alguna, respecto de
los reclamos.
Antes de finalizar, también
quiero agregar que tampoco resulta razonable ni proporcionada la decisión del
despido, por ausencias al trabajo (del 26/8/15 al 19/9/15), mucho menos, cuando
era objeto de debate la recalificación profesional de la trabajadora, y
-además- teniendo presente a todo evento, que a la trabajadora se le habían
aplicado 11 días de suspensión, sobre los 30 que se autoriza por año (Art 67
LCT), de modo tal, que la demandada tenía la posibilidad -incluso, si
consideraba y verificaba que la actitud de la actora era contraria a derecho-
de aplicar una nueva sanción, sin tener que llegar al despido, sobre todo,
cuando era consciente que la trabajadora aún se encontraba en el período de
protección del embarazo, lo que la obligaba a actuar con mayor prudencia y
cautela, al momento de decidir sanciones; mucho más, si esa sanción era el
despido.
En definitiva, tampoco luce
proporcionada, ni razonable, la sanción del despido, en las particulares
circunstancias apuntadas.
V.11. En el contexto de
situaciones señaladas y comprobadas, puedo concluir que la empleadora procedió
a despedir arbitraria, ilegítima e inconstitucionalmente a la actora la actora,
cuando estaba gozando de la protección de estabilidad por la maternidad (que hace
presumir que el despido se debió a dicha maternidad), y que no solamente no ha
logrado acreditar la justificación de su decisión de proceder al despido
(acreditar que las inasistencias que le atribuye a la trabajadora e invoca como
hecho decisivo para disolver el vínculo sea contemporánea y de tal gravedad
como para romper con el principio de conservación del contrato de trabajo),
sino que -peor aún- quedó demostrado que su conducta fue irrazonable,
ilegitima, e inconstitucional, al desconocer elementales derechos de la actora
(protección a la salud, protección de la maternidad, entre otros), razón por la
cual el despido directo de la demandada debe ser considerado injustificado,
ilegitimo e inconstitucional. Así lo declaro.
Es que en el caso particular, dadas
las circunstancias de persona, tiempo y lugar, resultaba determinante que la
accionada acreditase en forma fehaciente los hechos que invocados como
fundamento de la decisión de despedir a la actora, y también debía acreditar
que esos hechos constituían injuria suficiente y grave a los fines de
justificar la causa del despido, dejando muy claramente probado que los mismos
(esas inconductas) debían desplazar nos solo el principio de conservación del
empleo, sino también la presunción del despido por causa de maternidad (que
emana del Art. 178 LCT), por haberse producido ese despido (del 18/11/15)
dentro de los 7 meses y medio posteriores al parto de la trabajadora
(14/04/15). Y esa prueba, lejos de producirse, brillo por su ausencia. Además,
insisto, de las constancias de autos surge que la conducta asumida por la
demandada (no realizar controles médicos y no exhibir la documentación del
legajo personal de la actora, intimado), me permiten concluir la veracidad de
los dichos de la actora, sobre los datos que debían estar registrados en ese
“legajo personal” (tanto sobre sus problemas de salud, respectivas las
licencias médicas, documental sobre la falta de otorgamiento de licencia por
enfermedad, notificaciones ART y SRT, etc.). En definitiva, la omisión de
adjuntar el legajo personal de la trabajadora, terminan de convencerme acerca
de que el despido resultó claramente ilegítimo, irrazonable, e
inconstitucional; y por tanto, debe ser considerado como un despido
injustificado, a los fines de hacer caer la presunción del art. 178 de la LCT.
Así lo declaro.
V.12. Además de todo lo ya
expuesto, es importante tener presente que en el caso de autos, están en juego
no solamente las normas tuitivas emanadas propias de la ley sustancial (Art.
177, 178 y Cctes. LCT), sino también las que emanan de la propia Constitución
Nacional (Art. 75 inc. 23), de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos
(Art. 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
cuyo párrafo 2°, dice: "Se debe conceder especial protección a las madres
durante un período de tiempo razonable antes y después del parto”), como
asimismo de los Tratados de Organización Internacional delTrabajo (en adelante,
OIT), sobre esta cuestión, y que-en su conjunto- muy claramente apuntan a
brindar una amplia y mayor protección de “la maternidad”, y si bien nuestro
país solo ha ratificado uno de los tres Convenios de la OIT referidos a este
tema (el n° 03/1919), no es menos cierto que no podemos apartarnos y desoír
-como responsables de interpretar y aplicar la ley- las líneas directrices que
pregona la OIT sobre dicho tema, ya que más allá de la fuerza vinculante de las
mismas, no es menos cierto que sus principios y pautas orientadoras, igualmente
nos permiten interpretar y aplicar las leyes vigentes, teniendo en miras lograr
una mayor y mejor protección a derechos de jerarquía superior, lo que nos
conduce a dar preeminencia a la dignidad humana y a los derechos de la mujer y
su adecuada protección en tiempos de maternidad.
Es decir, cuando existe una
divergencia donde los que aparecen como “derechos controvertidos”, uno apunta a
resguardar la salud y la integridad de la persona humana, e incluso de la
familia (como es el cuidado de la salud del trabajador/a y la protección dela
maternidad/lactancia), y por otro lado, lo único que se pretende es que el
trabajador/a “reanude su prestación laboral” (tal vez, apuntando a optimizar el
funcionamiento de la empresa, y sin pensar que esto último no merece la
adecuada tutela de las leyes), sostengo que -en caso de controversia- debe
prevalecer una interpretación y aplicación de las normas que nos conduzcan a
lograr una mejor y más adecuada protección a los derechos humanos (que apuntan
a garantizar la protección de la salud y familia del trabajador/a), por encima
de otros derechos, donde solamente están en juego una visión comercial o
meramente económica.
En referencia a la “protección de
la maternidad”, y como pauta orientadora, debo destacar que, en la propia
página de la OIT, se puede verificar la importancia del tema que nos ocupa,
donde se apunta -lo reitero- no solamente a la protección de la salud de la
trabajadora, sino también la protección de la familia, expresándose -con
meridiana claridad- lo siguiente: “La constitución de una familia es un
objetivo muy preciado por muchos trabajadores. Sin embargo, el embarazo y la
maternidad son épocas de particular vulnerabilidad para las trabajadoras y sus
familias. Las embarazadas y las madres en período de lactancia requieren una
especial protección para evitar daños a su salud o a la de sus hijos, y
necesitan un tiempo adecuado para dar a luz, para su recuperación y para la
lactancia. Al mismo tiempo, requieren una protección que les garantice que no
van a perder sus empleos por el solo hecho del embarazo o de la baja por
maternidad. Esa protección no sólo garantiza a las mujeres la igualdad en el
acceso al empleo, sino que también les garantiza el mantenimiento de unos
ingresos que a menudo son vitales para el bienestar de toda su familia. La garantía
de la salud de las trabajadoras embarazadas y de las madres en período de
lactancia, y la protección contra la discriminación en el trabajo, son
condiciones requeridas para alcanzar una genuina igualdad de oportunidades y de
trato para hombres y mujeres en el trabajo, y para permitir que los
trabajadores constituyan familias en condiciones de
seguridad”(https://www.ilo.org/global/standars/subjects-covered-by-internatio
nal-labour-standards/maternity-protection/lang).
V.13. En consecuencia, lo
reitero, el accionar de la demandada no resultó ajustado a derecho por haber
quebrantado derechos e intereses que no solamente gozan de la protección de la
ley sustancial (art. 10, sobre conservación del contrato; art. 62 como
obligación genérica de actuar con un deber de colaboración y solidaridad; art.
63 de actuar de buena fe; art. 177 y 178 de protección del estado del embarazo
y la maternidad, entre otros), sino también porque a la luz de las normas
constitucionales de jerarquía superior, e incluso Tratados Internacionales y
recomendaciones de la OIT, ese empleador, frente a la vigencia de la protección
de la maternidad de la trabajadora, que no la desconocía, tenía la obligación
de obrar con mayor prudencia y cautela al momento de decidir la ruptura del
contrato de trabajo; resultando inadmisible que haya decidido esa ruptura del
vínculo laboralsin verificar el estado de salud de la trabajadora (donde
reclamaba la recalificación por sus dolencias), y durante el plazo de vigencia
de la protección por maternidad, e -insisto- sin acreditar fehacientemente que
la causa del despido -en modo alguno- haya estado vinculada, u obedecido -en
realidad- a otras cuestiones que resulten no solo fehacientemente probadas,
sino también claramente extrañas a la situación o período de protección de la
maternidad de la trabajadora, como a su estado de salud.
Por lo tanto, habiendo reconocido
expresamente la demandada que sobre la situación de salud de la trabajadora
(que reclamaba la recalificación laboral), y que conocía la fecha de parto y de
nacimiento del hijo de la actora (14.05.15), habiendo sobrevenido el despido de
la mujer trabajadora (el 18.11.15) durante la vigencia de los siete meses y
medio posteriores a aquel, y no existiendo prueba en contrario producida por la
demandada (en forma fehaciente), se torna operativa la presunción del art. 178
de la L.C.T. en el sentido que el despido de la actora obedeció a razones de
embarazo; y por el estado de salud de la misma (que nunca fue controlado y
verificado). Es decir, que el caso se encuadra en el supuesto previsto en el
art. 178 de la L.C.T y sus concordantes; violando con su accionar el demandado
expresas normas constitucionales de protección de la madre durante el embarazo
(art. 75 inc. 23), como también la Convención sobre la Eliminación de Todas Las
Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por la ley 23.179, que a
partir de la reforma constitucional de 1994 tienen jerarquía constitucional
(art. 75. inc. 22 CN). Así también, el Convenio 3 de la OIT sobre protección a
la maternidad de 1919, ratificado por la República Argentina por Ley 11.726
(art. 3). Así lo declaro.
V.14. Como se dijo, de las
constancias de la causa surge acreditado que la empleadora había recibido
intimaciones sobre el pedido de recalificación por el estado de salud de la
trabajadora; y también que ha reconocido que dicha dependiente gozaba de la
protección de la maternidad y que tenía conocimiento de la fecha del
parto-nacimiento del hijo de la actora (art. 178 de la LCT).
También se ha declarado que, en
ese contexto, la trabajadora fue despedida, y la demandada no acreditó en forma
fehaciente la causal del despido, como para desplazar no solo el principio de
conservación y continuidad del contrato de trabajo (Art. 10 y Cctes. LCT), sino
también de la presunción que emana del Art. 178 LCT que hace presumir que el
despido (dentro de los siete meses y medios anteriores o posteriores al parto),
se presume obedece a “razones de maternidad”.
Por lo tanto, se concluyó -ante
la falta de prueba en contrario que desvirtuase la presunción- que la demandada
despidió a la actora por razones de salud y de maternidad; todo lo cual, así lo
declaro.
V.15. Todo lo antes expuesto,
genera -como consecuencia necesaria- que la trabajadora tenga derecho al cobro
de las indemnizaciones legales previstas en la normativa sustancial que regula
la materia. Así lo declaro.
VI. Despido discriminatorio.
Ahora bien, con relación al despido, indicó claramente la actora que se trataba
de un “despido discriminatorio”. Es decir, ha sostenido que la motivación de la
parte empleadora, al momento de despedirla, no solo resultaba injustificada,
arbitraria e ilegítima, sino que tuvo una finalidad discriminatoria,
solicitando que así se declare.
Por su parte, esto fue
expresamente negado por la demandada, e incluso sostuvo que aun cuando pudo
haberse equivocado (al momento de despedir a la actora), no por ello debe
interpretarse que se trató de un despido discriminatorio.
VI. 1.Al respecto, es importante
mencionar que ya he sostenido en autos, que ha quedado demostrado que la
conducta de la empleadora irrazonable, ilegitima, arbitraria e
inconstitucional, al desconocer elementales derechos de la actora (protección a
la salud, protección de la maternidad, entre otros); razón por la cual el
despido directo de la demandada debía ser considerado injustificado, ilegitimo
e inconstitucional.
Así las cosas, y no obstante lo
expuesto en los párrafos precedentes, considero importante puntualizar que la
propia demandada ha reconocido que la actora estaba en el período de protección
de maternidad, incluso conociendo e identificando la fecha del parto, y del
fallecimiento del hijo de la trabajadora, y -sobre todo- que el despido se
produce dentro de lo que era el período de protección de la maternidad. También
está probado que la trabajadora había intimado la recalificación en el trabajo,
por problemas de salud de la misma.
Y no obstante ese conocimiento
acabado de estos temas (pedido de recalificación por salud y protección del
embarazo), la parte demandada -por un lado- nunca controló, o hizo controlar,
la salud de la trabajadora (Confr. Art. 210 LCT); y -por otro lado- decidió
sancionar a la trabajadora a lo largo de todos esos siete meses y medio
posteriores al parto, al punto tal que concluyó despidiendo a la trabajadora,
durante ese período de protección de la maternidad y sin verificar mínimamente
su estado de salud y expedirse sobre la recalificación en forma expresa; razón
por la cual -tal como se concluyó- se trató de un despido ilegítimo, arbitrario
e inconstitucional; toda vez que nunca se logró probar -en forma fehaciente-
que ese despido fue justificado; sino que -insisto- se decidió que tuvo motivos
presumidos por la situación de salud y de maternidad de la actora (por las
razones antes expuestas y que en honor a la brevedad me remito a ellas).
En ese contexto, resulta claro
que el empleador no podía limitarse a invocar sus facultades o poderes de
organización, dirección e incluso de despedir, cuando a través de tales actos
se violentan derechos considerados como fundamentales. En el caso, el distracto
decidido antes de extinguirse el plazo de protección de la maternidad, y sin
contralor alguno a la situación de salud de la trabajadora, constituye un
indicio serio de que el despido encontró motivos en la salud y maternidad de la
trabajadora, y como tal, supone un acto ilegítimo e inconstitucional.
VI. 2. Avanzando en el tema que
nos ocupa, no podemos perder de vista -como primera medida- la manda
constitucional que ordena prodigar igualdad de trato a quienes se encuentran en
igualdad de condiciones (art. 16 C.N.) y de no discriminar peyorativamente
(art. 2° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;
arts. 2° y 7° de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 2.1 y 26
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; arts. 2° y 3° del
PIDESC; y arts. 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
entre otros instrumentos internacionales de DDHH).
Asimismo, no se puede dejar de
mencionar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, conocida por sus siglas en inglés como CEDAW
(ConventionontheElimination of AllForms of DiscriminationagainstWomen), fue
adoptada en diciembre de 1979 por Resolución 34/180 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas. La Argentina la aprobó mediante ley 23.179 de junio de
1985 y desde 1994 goza de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, CN),
ubicada en el vértice de la pirámide jurídica, junto a otros instrumentos de
protección de los derechos humanos, enunciados en esa disposición
constitucional.
A su vez, en el año 2006,
mediante ley 26.171, la Argentina aprobó el Protocolo Facultativo de la CEDAW,
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre de 1999. En
términos generales, puede decirse que el Protocolo es un mecanismo jurídico
adjunto a la Convención que introduce aspectos relativos a su exigibilidad,
pero que no consagra nuevos derechos. A raíz de su entrada en vigencia, nuestro
país reconoció la competencia del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer para recibir y considerar denuncias individuales
o colectivas de violaciones -particulares o sistemáticas- a cualquiera de los
derechos enunciados en la CEDAW.
Por su parte, el derecho a la
salud de las mujeres está protegido en el artículo 12 de la Convención, que
contiene obligaciones destinadas a resguardar el acceso a servicios médicos de
calidad, en particular aquellos especializados en la atención del embarazo, el
parto y el puerperio, inclusive la nutrición durante el embarazo y la
lactancia.
Además la extensa y sólida
protección de los derechos humanos (entre los cuales está el tema de la
eliminación de la Discriminación contra la Mujer), debo agregar que el trato
“discriminatorio” a la persona (más allá de su sexo), constituye claramente una
inconducta humana, a la que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación
calificó de “ominoso flagelo”, y se erige hoy como un principio jurídico
fundamental que -insisto- atraviesa a todo el ordenamiento jurídico y cimenta
el orden público de los Derechos Humanos, tanto Nacional como Internacional,
habiendo alcanzado la preeminente categoría de iuscogens, según fuera
reconocido por Nuestro Máximo Tribunal Nacional en la causa “Álvarez,
Maximiliano c/ Cencosud SA” (Fallos: 333:2306).
Por otro lado, y específicamente
en nuestra materia, el Convenio N° 111 de la OIT -relativo a la discriminación
en materia de empleo y ocupación- del año 1958, establece en su primer
artículo: “A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende:
a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza,
color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social
que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato
en el empleo y la ocupación”.
Por su parte, la ley 23.592, en
su art. 1 establece: “...A los efectos del presente artículo se considerarán
particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos
tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial,
sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”. Dicha ley,
forma parte de un plexo normativo más amplio (que incluso goza de jerarquía
superior y constitucional, como se examinó), y que resulta aplicable en todas
las ramas del derecho, en tanto obliga a la “igualdad de trato” y a la “no
discriminación” de la persona humana; los que además -lo reitero- ya han tenido
expresa consagración en la Jurisprudencia de Nuestro Alto Tribunal Nacional en
nuestra materia, no solamente en la causa “Álvarez, Maximiliano y otros c/
Cenconsud S.A. s/ Acción de amparo” (antes mencionada), sino en muchas otras,
tales como: “Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados”
(sentencia del 15/11/2011), “Farrel Ricardo y otro vs LSA” (sentencia del
06/02/2018); “Sisnero, Mirtha Graciela y otros c. Tadelva SRL y otros s/
amparo”, Sentencia del 20/05/2016, “Varela, José Gilberto c/ Disco S.A. s/
Amparo sindical”, Sentencia del 4/09/2018, entre otras.
Es más, en la causa “Pellicori”
se sostuvo que, de conformidad con la normativa internacional ratificada por
nuestro país y lo dispuesto por los órganos de aplicación, ante los serios
inconvenientes probatorios que regularmente pesan sobre las presuntas víctimas
de discriminación y la exigencia de protección efectiva que cabe otorgar en
tales casos “resulta suficiente para la parte que afirma dicho motivo, con la
acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para
inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al demandado a quien se
reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de que éste tuvo como causa
un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación...”, todo ello
examinado a la luz de la “sana crítica”.
Es decir, la CSJN deja en claro
que cuando una parte alega trato discriminatorio, y acredita hechos que prima
facie evaluados, resulten idóneos para inducir o inferir un “trato
discriminatorio”, debe ser el demandado (a quién se le acusa de
discriminación), quién debe producir la prueba idónea para justificar que el
acto que se le reprocha, ha tenido como causa un motivo objetivo y razonable
ajeno a toda discriminación.
En ese contexto, habiendo quedado
acreditado en autos -por hecho -prima facie- evaluados- que la actora fue
despedida en forma arbitraria, ilegítima e inconstitucional (por su situación
de salud, pedido de recalificación y de maternidad); puede sostenerse que sí
están acreditados “hechos objetivos” que -prima facie evaluados- resultaban
idóneos para inducir o inferir la existencia de un trato discriminatorio a esa
trabajadora; ello, sin perder de vista la particular situación de
vulnerabilidad que se encontraba la trabajadora, y al haberse producido una
serie de sanciones disciplinarias (que culminaron con el despido
injustificado), estando claramente dentro del período de protección de la
maternidad, y siendo esto del pleno conocimiento de la demandada, al igual que
su reclamo de recalificación por problemas de salud.
Antes de concluir, y con respecto
a este tema, no quiero dejar de destacar las afirmaciones (que a la vez se
contradice con sus actos anteriores) que expresamente realizó la demandada en
relación a este tema, donde reconoce “haberse equivocado en relación al
despido”: “Aún en el caso que se hubiere resuelto el contrato de trabajo sin
que hubiere existido justa causa, (lo que solo admito por vía de remotisíma
hipótesis), cabe decir que ATENTO puede haberse equivocado en las decisiones
adoptadas con relación a la actora, pero ello de manera alguna significa que
hubiere obrado de manera discriminatoria o con evidente intención de dañar” y
““Es más, hasta pudiera ocurrir que por vía de remotísima hipótesis se declare
injustificado el despido, pero ello de manera alguna podrá entenderse como acto
de discriminación sino simplemente como una decisión equivocada que deberá
sancionarse conforme al art. 245 LCT como ocurre en un despido sin causa, pero
nada más que eso.”
Por su parte, Nuestra Corte
Suprema de Justicia Provincial (siguiendo los lineamientos de la Jurisprudencia
de la CSJN), ha sostenido en la causa: “Juárez Héctor Ángel vs. Banco del
Tucumán SA s/ indemnizaciones”, sentencia N° 1422 de fecha 23/12/2015, que: “()
En los supuestos en que se controvierte la existencia de un motivo
discriminatorio en el acto en cuestión, se dijo: “Resultará suficiente, para la
parte que afirma dicho motivo, con la acreditación de hechos que prima facie
evaluados, resulten idóneos para inducir su existencia, caso en el cual
corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión del trato impugnado,
la prueba de que este tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a
toda discriminación. La evaluación de uno y otro extremo, naturalmente, es
cometido propio de los jueces de la causa, a ser cumplido de conformidad con
las reglas de la sana crítica. La doctrina del Tribunal, por ende, no supone la
eximición de prueba a la parte que tilda de discriminatorio a un acto, pues, de
ser esto controvertido, pesa sobre aquella la carga de acreditar los hechos de
los que verosímilmente se siga la configuración del motivo debatido. Tampoco
implica, de producirse esa convicción, una inversión de la carga probatoria, ya
que, ciertamente, en este supuesto, al demandado le corresponderá probar el
hecho que justifique descartar el prima facie acreditado” (CSJN, 15/11/2011,
“Pellicori, Liliana Silvia c. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
s/ Amparo”, Fallos: 334:1387, cita La Ley Online: AR/JUR/68958/2011).
Asimismo, me parece importante
profundizar en el tema y señalar que luego de “Pellicori”, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación -como ya se dijo- volvió a expedirse sobre el asunto
“discriminación” en sentencia del 20/05/2014 dictada en la causa “Sisnero
Mirtha Graciela y otros el Taldelva SRL y otros s/ Amparo”. Allí se dijo: “Que
cabe recordar que la discriminación no suele manifestarse en forma abierta y
claramente identificable; de allí que su prueba con frecuencia resulte
compleja. Lo más habitual es que la discriminación sea una acción más presunta
que patente, y difícil de demostrar ya que normalmente el motivo subyacente a
la diferencia de trato está en la mente de su autor, y “la información y los archivos
que podrían servir de elementos de prueba están, la mayor parte de las veces,
en manos de la persona a la que se dirige el reproche de discriminación” (vid.
Fallos: 334:1387, considerando 7°). Y para compensar estas dificultades
probatorias, insisto, fue que el Tribunal Cimero Nacional ha elaborado el
estándar probatorio aplicable a estas situaciones, como ya se explicó
precedentemente, en el sentido que la parte que invoca un acto discriminatorio,
es suficiente con “la acreditación de hechos que, prima facie evaluados,
resulten idóneos para inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al
demandado, a quien se reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de
que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación”
(conforme considerando 11).
En este sentido (que vengo
proponiendo), también se ha expedido la Cámara del Trabajo, sala 2, de
Concepción, sentencia 183 de Fecha Sentencia: 05/09/2019.
Así las cosas, teniendo en cuenta
lo expuesto en los párrafos anteriores sobre los estándares probatorios en los
casos de discriminación (dada la expresa denuncia de despido discriminatorio
efectuada por la actora en su demanda), considero -siguiendo los lineamientos
del caso “Pellicori”, “Sisnero”, “Farrel”, entre otros; y la Sentencia de
Nuestra Corte local de “Juárez Héctor Ángel vs. Banco del Tucumán SA s/
indemnizaciones”, ya citada- era la firma demandada quien tenía a su cargo
demostrar de -modo fehaciente- que su decisión extintiva del contrato de
trabajo no tenía fines o motivos discriminatorios para la trabajadora que
estaba cursando el período de protección de la maternidad y que había reclamado
la recalificación por problemas de salud, sino que -por el contrario- ese
despido efectivamente se había sustentado causas objetivas, de tal gravedad,
que era imposible mantener vigente la relación laboral; prueba esta, que
-insisto- nunca fue producida por la demandada (incluso, insisto, no quiso
acompañar el legajo persona de la trabajadora, que hubiese contribuido para
dirimir los hechos controvertidos sobre estos temas); lo que lleva a mantener
la “presunción de la existencia de un despido discriminatorio” (por cuestiones
de salud y maternidad) conforme las particulares circunstancias fácticas del
caso, precedentemente examinadas en estos autos.
VI. 3. Como corolario de todo lo
expresado en este punto, reitero, considero que el despido de la actora resultó
injustificado, arbitrario y, además, “discriminatorio”, resultando la
trabajadora acreedora de las indemnizaciones de ley que corresponda. Así lo
declaro.
Habiendo declarado la procedencia
de la indemnización por motivos discriminatorios, su valoración y
justipreciación será realizada infra, al tratar los rubros que prosperan yla
planilla. Así lo declaro.
VII. CUARTA CUESTION:
Responsabilidad solidaria -o no- de Telefónica Argentina Móvil S.A.
VII.1. Indica la actora que
prestó servicios que fueron utilizados directamente por TMA (Movistar) al
trabajar con usuarios y clientes oficiales, y recibiendo ordenes, directivas y
capacitaciones de parte e personal de aquella. Que las actividades que realizó
eran el eje principal de Movistar.
Afirma la actora que ATENTO fue
propiedad de grupo telefónica, (de la cual es subordinada Telefónica Móviles) y
fue vendida en octubre de 2012 a Bain Capital, con lo cual se puede notar que
siempre han sido una misma unidad económica: ATENTO Y TELEFONICA. Alega que si
estas 3 empresas son analizadas a la luz del art. 30 de la LCT incurren en
responsabilidad solidaria por incumplimientos de índole laboral y de la
responsabilidad social. Señala que ATENTO es eje fundamental y necesario de la
atención al consumidor final de Movistar y que, mal podría ATENTO brindar
soluciones a clientes de Movistar sin obtener de esta última la totalidad de
las directivas acerca de cómo gestionar la totalidad de los reclamos de los
consumidores.
Sostiene la actora que el control
que siempre ha ejercido Telefónica Móviles sobre ATENTO, viene determinado por
las directivas citadas, las capacitaciones impartidas, los controles
habituales, las herramientas de trabajo y el hecho mismo de haber sido aquella
propiedad de Telefónica. Ello, indica, en miras de aplicación del artículo 31
de la LCT por afirmar que ATENTO realiza una actividad que se identifica como normal,
especifica y propia de Telefónica Móviles Argentina, parte integrante de
Telefónica, con la que estuvo legalmente unida, siendo -según ella sostiene-
Atento propiedad de Telefónica.
Luego, entre otras cuestiones,
expresa la actora que son la misma empresa, tienen los mismos capitales y
directivos; y que la normativa de los arts. 29, 30 o 31 de la LCT los alcanza
como corresponsables solidarios.
Indica el actor que Atento formó
parte del grupo Telefónica, ambos incurren en fraude a la ley al valerse de
empleados que realizan las tareas de la principal, cobrando sueldos ínfimos con
encuadres legales irrisorios.
Continua y agrega la parte actora
que el objeto principal de Movistar es la venta de teléfonos celulares y venta
de servicios de telefonía celular mediante planes de voz e internet. El objeto
principal de MAVE Movistar es la venta de teléfonos celulares y la venta de
servicios de telefonía celular mediante planes de voz e internet. Es aquí donde
afirma la actora prestó servicios. Cita jurisprudencia.
VII.2. En relación a Telefónica
Móviles Argentina SA, sostiene el demandado que las relaciones comerciales que
tenga o hubiese tenido con aquella carecen de significación con lo que se
debate en la causa; que no existió un control de parte de aquella sobre ella;
que no es verdad que sus empleados recibieran órdenes y capacitaciones de
aquella; que siempre existió empleados de Atento que prestaban servicios en
otras compañías diferentes a las de Telefónica.
VII.3. Luego, TMA afirma que
surge de la demanda que la actora estaba vinculada con Atento, pero que nunca
trabajó para ella, por lo que resulta improcedente el reclamo en su contra.
Refiere que trabaja con otras empresas, las cuales tienen su propia
organización y personal, pero que realizan tareas completamente ajenas al
objeto social de TMA. Agrega que la actividad de Atento no es la
correspondiente a la actividad normal y especifica propia de TMA, por lo que no
es responsable de ningún modo.
Sostiene que Atento es un
contratista de ella, lo cierto es que cuando se pretende responsabilizar en los
términos del art. 30 de la LCT, deberá precisarse y acreditarse con la debida
individualización el tipo de labores encomendadas al “contratista” y, a su vez,
que éstas han sido propias y especificas del establecimiento del comitente.
Refiere que las labores que expresa la actora haber realizado no conforman
trabajos o servicios correspondientes a su actividad normal y especifica
propia.
Agrega TMA que no puede
confundirse la prestación de un servicio como es la telefonía móvil que ella
brinda, con la actividad de atención al cliente desplegado por Atento.
VII.4. Pues bien, en relación a
la pretendida responsabilidad solidaria de TMA que invoca la actora, por ser
quien afirma un hecho controvertido, debía acreditar los extremos por ella
invocados (Art. 302 CPCC supletorio), cosa que adelanto, no hizo.
VII.5. El artículo 30 de la LCT
dispone que: “Subcontratación y delegación. Solidaridad. Quienes cedan total o
parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o
contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios
correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento,
dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o
subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y
los organismos de seguridad social. Los cedentes, contratistas o
subcontratistas deberán exigir además a sus cesionarios o subcontratistas el
número del Código Único de Identificación Laboral de cada uno de los
trabajadores que presten servicios y la constancia de pago de las remuneraciones,
copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad
social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura
por riesgos del trabajo. Esta responsabilidad del principal de ejercer el
control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los cesionarios o
subcontratistas respecto de cada uno de los trabajadores que presten servicios,
no podrá delegarse en terceros y deberá ser exhibido cada uno de los
comprobantes y constancias a pedido del trabajador y/o de la autoridad
administrativa. El incumplimiento de alguno de los requisitos hará responsable
solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios,
contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación
de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral
incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social”.
Nuestra Corte Suprema de Justicia
ha considerado al dictar sentencia 1507 el 04.10.17 en la causa “Armella
Ernesto Jesús y otros vs Transporte Automotor La Estrella SRL y otro s/cobro de
pesos”, que: “El segundo supuesto determinado por el artículo 30 de la LCT
establece que la norma se aplicará a quienes “contraten o subcontraten,
cualquiera sea el acto que le de origen, trabajos o servicios correspondientes
a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera
de su ámbito”. De la lectura del mismo surge que para ser aplicable la norma
deben darse dos condiciones: i.- que se trate de una contratación o
subcontratación, cualquiera sea el acto que le de origen; y ii.- que esa
contratación o subcontratación englobe trabajos o servicios correspondientes a
la actividad normal y específica propia del establecimiento, no importando que se
desarrollen dentro o fuera del ámbito de este último. i.- El empresario para
alcanzar la consecución de los fines de su empresa puede utilizar a sus propios
empleados para lograrlo, a quienes contrata directamente, o puede optar por
delegar parte de su actividad en otra u otras empresas, a las cuales contrata
para que estas, con sus propios medios y recursos, lo asistan a realizar los
fines y objetivos mencionados. Esta delegación encuentra justificación en
razones de especialización, complejidad, estrategia o simple conveniencia
empresarial, cuestiones que representan una estrategia lícita para el
desarrollo productivo y hacen al derecho que asiste al empresario de conducir
su empresa como considere correcto. Es lo que se conoce como tercerización.
ii.-la norma establece que debe tratarse de “trabajos o servicios
correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento,
dentro o fuera de su ámbito”.
En otras palabras, para que nazca
la responsabilidad de una empresa por las obligaciones laborales de otra en los
términos del artículo 30 de la LCT que aquí interesa, es necesario que aquella
empresa contrate o subcontrate servicios que complementen o completen su
actividad normal y específica, debiendo existir entre ellas una unidad técnica
de ejecución, entre la empresa y su contratista; así también que el actor
acredite desarrollar esas tareas que benefician a la contratista; por lo que si
no se prueban tales características, carece de un requisito específico para que
se origine la citada responsabilidad.
Nuestra Corte de Justicia ha
considerado con relación a la prueba de la responsabilidad solidaria lo
siguiente: “Esta Corte tiene dicho “que la solidaridad consagrada en el
artículo 30 LCT no es automáticamente aplicable a cualquier vinculación
contractual (CSJTuc., sentencia N° 1084 del 03/12/2002), sino únicamente a las
subcontrataciones que revisten las características que detalla la norma, y la
comprobación de estos extremos debe ser rigurosa, debido a las gravísimas
consecuencias que derivan de la extensión de la responsabilidad patrimonial a
terceros ajenos, en principio, a la relación sustancial que motivó la
reclamación (cfr. Fallos: 316:713; cit. en CSJTuc., sentencia N° 325 del
12/5/2010)”(CSJT, “Suárez de Bernal, Claudia Elizabeth vs. Alter Producciones
S.R.L. y otros s/ Cobro de pesos”, sentencia N° 844 del 01/11/2010).También es
criterio de esta Corte que “el acreedor laboral de una deuda de codeudores
solidarios tiene la carga de demostrar en el proceso todos los presupuestos que
dan origen a su pretensión, esto es, que es dependiente de una empresa, que
ésta realiza una actividad que se identifica con la actividad ordinaria y
específica de otra, con la cual está unida por un contrato o subcontrato, y que
se han omitido deberes de control (art. 30 LCT). En otras palabras, debe
aportar la prueba de los requisitos que establece la ley para que la
solidaridad se produzca” (CSJT, “Robledo, Lucas Eduardo c/ Terán, Julio César y
otro s/ Cobro de pesos”, sentencia N° 469 del 30/6/2010; “Toledo, Adrián c/
Refinería del Norte S.A. s/ Cobro de pesos”, sentencia N° 643 del 08/9/2010;
“Carrazana, Antonio Enrique c/ Distri-Ar y otro s/ Cobro de pesos”, sentencia
N° 185 del 26/3/2012). DRES.: GANDUR - GOANE - SBDAR.” (“DOMINGUEZ MONICA DEL VALLE
Vs. VAZQUEZ DE HERRERA SILVIA Y OTROS S/ COBRO DE PESOS”, Nro. Sent: 926 Fecha
Sentencia 22/08/2016).
VII.6. Teniendo presente los
lineamientos expuestos y compartidos, en el caso de autos, sin perjuicio de que
las partes demandadas reconocen una vinculación comercial, la parte actora no
ha demostrado con prueba alguna que las tareas de atención que ella
desarrollaba en Atento, se tratasen de actividades normales, propias,
específicas y principales de la empresa codemandada: Movistar, siendo esta prueba
decisiva y fundamental para acreditar la pretendida responsabilidad solidaria.
Así lo declaro.
En relación a este punto, nuestra
Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral y Contencioso Administrativo, ha
considerado que: “lo hasta aquí expuesto lleva razonablemente a concluir en
que, si bien el acreedor laboral de una deuda de codeudores solidarios tiene la
facultad de elegir, de entre todos los sujetos pasivos obligados, a cuál de
ellos demandar, ineludiblemente debe asumir la carga de demostrar en el proceso
todos los presupuestos que dan origen a su pretensión, esto es, que es
dependiente de una empresa, que ésta realiza una actividad que se identifica
con la actividad ordinaria y específica de otra, con la cual está unida por un
contrato o subcontrato, y que se han omitido deberes de control (art. 30 LCT).
En otras palabras, la opción que tiene el acreedor de una deuda de codeudores
solidarios de demandar a cualquiera de ellos la misma prestación, no lo releva
de probar los elementos que constituyen el presupuesto de su procedencia, de
modo tal que cuando la solidaridad obligacional pasiva es de fuente legal, debe
aportar evidencia sobre los requisitos que establece la ley para que esta
solidaridad se produzca. Consecuentemente, como ya se dijo, la razón de la
improcedencia del reclamo no puede ser una exigencia procesal que no está
prevista en la ley sino la falta de acreditación de los presupuestos exigidos
por el art. 30 de la LCT para la configuración de la responsabilidad solidaria
del cocontratante del empleador. Sentencia Origen: Cámara del Trabajo - Sala 3
- Sentencia n° 151 del 22/10/2008.” (“TOLEDO ADRIAN Vs. REFINERIA DEL NORTE
S.A. S/ COBRO DE PESOS”, Nro. Sent: 643 Fecha Sentencia 08/09/2010).
También se ha considerado que:
“Debe ser rigurosa la comprobación de los presupuestos fácticos consagrados en
la mencionada norma debido a las gravísimas consecuencias que derivan de la
extensión de la responsabilidad patrimonial a terceros ajenos, en principio, a
la relación sustancial que motivó la reclamación (cfr. Fallos: 316:713). En
esta perspectiva interesa destacar que para que surja la responsabilidad
prevista en la disposición de marras es imprescindible que un sujeto se
desprenda de su actividad normal y específica, mediante la recurrencia a contrataciones
o subcontrataciones encaminadas a su realización total o parcial, de tal suerte
que lo que debe verificarse en el caso es una unidad técnica de ejecución entre
aquel sujeto y su contratista, con arreglo a la remisión que contiene al
artículo 6 de la LCT ya que son los trabajos, que en el establecimiento se
realizan o los servicios que se prestan, los que se contratan o subcontratan”
(CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo- “ABREGU
DE SANDEZ JULIA ISABEL Y OTRA Vs. SOCIEDAD SIRIO LIBANESA Y OTROS S/
INDEMNIZACIONES”, Nro. Sent: 325 Fecha Sentencia 12/05/2010).
VII. 7. Cabe puntualizar que no
corresponde aplicar a la codemandada la confesión ficta dispuesta en el
artículo 325 del CPCT, de aplicación supletoria, toda vez que -como ya se dijo-
no se verifica el cumplimiento efectivo de la notificación en el domicilio real
denunciado por la demandada, sito en la Ciudad de Buenos Aires (Confr. Art. 17
inc. 3 CPL); lo que impide avanzar en este tema. Así lo declaro.
VII. 8. Con relación a la
responsabilidad solidaria en el marco del Art. 31 LCT, la parte actora sostiene
que ATENTO resulta solidariamente responsable con TELEFÓNICA, por alegando -sin
mucha claridad- que “TELEFÓNICA controla a ATENGO y ATENTO ARGENTINA Ergo, son
la misma empresa, los mismos capitales, los mismos directivos”.
Examinadas las constancias de
autos, considero que la actora no ha probado los extremos fácticos invocados;
resultando claramente insuficiente el haber acompañado una serie de “copias
simples” de documentación que ni siquiera emanó de la empresa demandada
(Telefónica Móviles Argentina SA); y que por tanto, al tratarse de
documentación emanada de un tercero, las demandadas no debían siquiera negar su
autenticidad, sino que estaba a cargo de la parte actora, justificar -con
prueba específica, conforme el tipo de documentación- la autenticidad de las
mismas; cosa que no fue cumplido; es decir, no se ha producido prueba en tal
sentido.
En efecto, a la luz de las
constancias de autos, no advierto prueba alguna que justifique lo expuesto por
la actora; mucho menos, teniendo presente que claramente se trata de empresas
(sociedades) inscriptas y que funcionan regularmente como personas jurídicas
diferenciadas, y sin que se haya probado la vinculación alegada, ni los demás
extremos fácticos mencionados, como para encuadrar el caso en las previsiones
del Art. 31 LCT.
En efecto, no surge que -en el
caso particular- la empresa ATENTO (demandada) se encuentre relacionada, ni
vinculada, mucho menos subordinada; con TELEFÓNICA; ni tampoco que sean parte
de un conjunto de sociedades vinculadas entre sí (como para catalogarlas que
forman un “grupo económico”), ni mucho menos, de forma “permanente”.
Al respecto, tiene dicho la
doctrina que el conjunto económico queda configurado cuando se reúnen las
siguientes características: a) unidad de domicilio patrimonial de la empresa,
b) similitud o analogía de los giros por concomitancia o sucesividad; c)
utilización en común de implementos industriales; d) identidad en la
integración de los directores o mandatarios de las empresas referidas a alguno
o algunos de sus miembros; g) imposición de una empresa a otra de condiciones o
lugar de comercialización de sus productos o con referencia a sus servicios de
manera de crear una situación real (PLA RODRIGUEZ, Américo, Curso de Derecho
Laboral, Acali, Montevideo, 1978, T. 1, p. 154).
En el caso particular, no está
probado que ambas empresas tengan directivos comunes, que hubieran utilizado
locales comunes, ni los mismos implementos industriales, ni la imposición de
una empresa a otra de condiciones o lugar de comercialización de sus productos
o con referencia a sus servicios de manera de crear una situación real.
Además, tampoco se podría
extender la responsabilidad a TELEFÓNICA -respecto de las deudas de ATENTO-
aseverando la existencia de grupo económico, toda vez ni siquiera fue probada
la existencia del grupo económico referido; y además, porque la jurisprudencia
que comparto, considera que para que exista “solidaridad” (de todas las
empresas del grupo económico, que lo examinamos solo por hipótesis), es
necesario probar dos recaudos, a saber: a) debe existir un grupo de empresas
que constituyan un conjunto económico de carácter permanente; y b) deben haber
mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria (cfr. CSJT, “Coronel,
Miguel Armando vs. Barone S.A. y otros s/ Despido”, sent. n° 850 del 28/8/2009;
“Cantero, Juan Víctor vs. Tipa S.R.L. y otro s/ Indemnizaciones”, sent. n° 450
del 02/7/2013).
En definitiva, en el caso, no se
presentan, ni están probados, ninguno de ambos supuestos, o presupuestos
fácticos, para aplicar el Art. 31 LCT.
VII.8. Atento a las peculiares
circunstancias de la causa no procede, en la especie, laresponsabilidad
solidaria pretendida por la actora por haber acreditado esta última la
concurrencia de los presupuestos necesarios y previstos en la proposición
normativa delos artículos 30, 31 y Cctes.de la LCT. Así lo declaro.
VIII. QUINTA CUESTIÓN:
Procedencia de los rubros reclamados.
Resuelta la cuestión precedente,
corresponde determinar la procedencia y la cuantía de cada uno de los rubros
reclamados por la actora, por lo que se procederá a verificar cada uno de los
reclamos, para definir su procedencia y cuantificación.
En relación a la determinación de
la base de la remuneración que se tomará en cuenta para el cálculo de los
rubros reclamados que correspondan (con excepción del rubro diferencias
salariales para lo cual ha de estarse a lo declarado en la segunda cuestión,
punto IV. 7), debe tenerse presente que la parte actora expresó que su mejor
sueldo fue el correspondiente a Agosto de 2015, según escala salarial vigente a
esa fecha del CCT 130/75, a jornada completa.
En efecto, en su demanda, la
actora manifestó: “sueldo Base de Cálculo: mejor sueldo correspondiente a
agosto de 2015 según escala salarial vigente para empleados de comercio a
jornada completa” (ver escrito de demanda, foja 10, bajo el título
“X-LIQUIDACION).
Al respecto, considero importante
puntualizar lo que fue expresamente reclamado en el escrito de demanda, ya que
de sus términos explícitos, y del contenido de la contestación respectiva, ha
quedado establecido el “thema decidendum” y la respectiva “traba de la litis”,
lo que me coloca en la obligación de respetar dichos parámetros, básicamente el
de los reclamos concretos y sus planillas respectivas, para evitar caer en
excesos que pudieren ser causal de nulidad del pronunciamiento; ya que la CSJN
ha tenido oportunidad de ratificar que “la vigencia real de la garantía
constitucional de la defensa en juicio, reclama el acatamiento del denominado
principio de congruencia o correspondencia” (Fallos: 237:328; 256:504, entre
muchos otros); como también ha tenido oportunidad de descalificar los
pronunciamientos judiciales que contienen un claro apartamiento de los términos
en que quedó trabada la litis, lo cual se consideró inconcebible dentro de una
racional administración de justicia, según clásica definición dada por la
Excma. Corte Nacional en la causa “Estrada, Eugenio” (Fallos: 247:713). Puede
verse, en este mismo sentido, “Mansilla, Carlos Eugenia c/Fortbenton Co.
Laboratories S.A. y Otros s/Despido” (Fallos: 337:179), Sentencia del
06/3/2014).
A lo expuesto agrego que el
adicional por “presentismo” no solo no fue reclamado, sino que, además, su
cobro no es “automático” y de “pleno derecho”, por lo que debió estar reclamado
y probada su procedencia, lo que no ha sucedido en el caso de autos.
En mérito a lo expuesto, en razón
que no existe reclamo y prueba que justifique incluir el adicional
“presentismo” en la liquidación, y con la finalidad de no incurrir en violación
al principio de congruencia, ni lesionar las garantías constitucionales antes mencionadas,
se decide que en esta sentencia se calcularán las indemnizaciones y rubros
salariales (con excepción de las diferencias salariales) dentro de los límites
expresados por la parte actora en la demanda, en la cual se han reclamado como
mejor remuneración el correspondiente a agosto de 2015, según la escala
salarial vigente del CCT 130/75 para un administrativo A que cumplió una
jornada completa de trabajo, el que se compondrá por “sueldo básico” y
“antigüedad”. Así lo declaro.
Determinadas las cuestiones
precedentes, corresponde determinar la cuantía y la procedencia de los rubros
reclamados por la Sra. Gutiérrez, razón por la cual, se procederá al análisis
de cada uno de ellos a los fines de su determinación.
(i) ANTIGUEDAD: Este rubro
pretendido resulta procedente en atención a que la extinción del vínculo
laboral se produjo mediante despido directo injustificado y no consta
acreditado su pago. Su cuantía se determinará en la planilla que forma parte de
la presente sentencia, tomando como base de cálculo para la categoría de
Administrativo A, según Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 aplicable a la
relación, el artículo 245 de la LCT,y la antigüedad que tenía la actora en el
empleo. El importe será objeto de cálculo en la planilla respectiva. Así lo
declaro.
(ii) PREAVISO: Conforme surge de
las constancias de autos, el rubro reclamado resulta procedente atento a lo
dispuesto por los artículos 231 y 232 de la LCT, pues el despido directo fue
declarado injustificado y no consta acreditado su pago. Su cuantía se
determinará en la planilla que forma parte de la presente sentencia, conforme
las pautas antes mencionadas. El importe por el que procede este rubro, será
objeto de cálculo en la planilla respectiva.Así lo declaro.
(iii) SAC PREAVISO: Con respecto
a la incidencia del SAC sobre el preaviso, conforme lo establecido por la CSJT
en su fallo “Domínguez Rodolfo vs. Vicente Trapani” -sent. nro. 107 del
07.03.12- sobre el modo de su consideración, el mismo se lo adiciona en la
planilla de cálculos en base a su incidencia sobre el preaviso declarado
admitido. Así lo declaro.
(iv) INTEGRACION MES DE DESPIDO:
El rubro reclamado deviene procedente en virtud de que la causa del despido fue
declarada injustificada; por la fecha en que se extinguió el contrato laboral
(18.11.15) y por no constar acreditado su pago. Su importe será calculado en la
planilla a practicarse en autos, conforme la base ya señalada y previsiones del
artículo 233 de la LCT. Así lo declaro.
(v) SAC INTEGRACION MES DE
DESPIDO: En cuanto al SAC sobre la integración mes de despido, en consonancia
con los fallos que sustentan los rubros precedentes, considero al sueldo anual
complementario parte integrante de la remuneración obligatoria debida a quien
trabaja en relación de dependencia como accesorio necesario, con la
particularidad de que su pago está diferido en el tiempo (Art. 122 de la LCT).
Dado que por una ficción legal el despido producido con responsabilidad
indemnizatoria se considera que surte plenos efectos a partir del primer día
del mes siguiente, computándose los días faltantes como salarios por
integración mes de despido, ese período devengaría SAC conforme el criterio
minoritario del Plenario n° 322 “Tulosai” (02/04/2010), doctrina de la CSJT en
“Pesoa Alfredo y otros vs. SADAIC s/cobros” (sent. 840 del 13/11/1998), en
cuanto se dijo que: “en atención a que dicho concepto forma parte de la
indemnización sustitutiva de preaviso (art. 233 2° párrafo LCT)" y más
recientemente en “Luna Gabriel vs. Castillo SACIFIA” (sent. n° 835 del
17.10.13). En tal sentido, el segundo párrafo del art. 233 reza: “Cuando la
extinción del contrato de trabajo dispuesta por el empleador se produzca sin
preaviso y en fecha que no coincida con el último día del mes, la indemnización
sustitutiva debida al trabajador se integrará con una suma igual a los salarios
por los días faltantes hasta el último día del mes en el que se produjera el
despido”. De este modo, resulta procedente su pago, cuando el despido no se
produce el último día del mes, de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 232 y
233 de la LCT. El importe por el que procede este rubro, será objeto de cálculo
en la planilla respectiva.Así lo declaro.
(vi) SAC PROPORCIONAL 2015 2°
SEMESTRE: Habiéndose determinado que el salario que efectivamente percibió la
Sra. Gutiérrez fue inferior al que le correspondía según su jornada (básico de
un trabajador de jornada completa, categoría Administrativo A del CCT 130/75),
teniendo presente la fecha del distracto y el recibo de sueldo acompañado por
la demandada a foja 113, donde consta acreditado su pago, el presente rubro
resulta procedente en la diferencia pagada de menos. Su cuantía será calculada
en la planilla de la presente sentencia. Así lo declaro.
(vii) VACACIONES NO GOZADAS 2015:
En virtud de la fecha y año en que se produjo el distracto, lo declarado en
relación a la jornada y el recibo acompañado por la demandada a foja 113, donde
consta acreditado su pago, el presente rubro resulta procedente en la
diferencia pagada de menos. Su cuantía será calculada en virtud de lo declarado
con anterioridad en la planilla que forma parte de la presente sentencia. Así
lo declaro.
(viii) SAC S/VACACIONES: En
relación a este rubro se tiene dicho que: “...de conformidad con lo dispuesto
por el art. 156 de la ley de contrato de trabajo, el salario correspondiente al
período de descanso proporcional a la fracción del año trabajada, posee
naturaleza indemnizatoria por lo que no corresponde el cálculo del sueldo anual
complementario con motivo del cese del dependiente” (pág. 1330/1331 Ley de
Contrato de Trabajo, tomo II Juan Carlos Fernández Madrid (CNAT, Sala
VIIOCTUBRE 18/996.- “Luna, Roberto M. c. Buenos Aires Embotelladora S.A.”).
La CNAT, Sala X, al dictar
sentencia n° 14.283 el 25/04/06 en la causa “Candura Claudio Roberto c/
Dellvder Travel SA y otro s/despidos” también resolvió que: "...No resulta
procedente -el SAC s/vacaciones- porque la indemnización por vacaciones no
gozadas no es un salario, por lo tanto no genera sueldo anual complementario...".
Atento a lo citado, corresponde
rechazar el SAC de vacaciones no gozadas porque su cálculo se realiza sobre
prestaciones que no equivalen a remuneración (artículo 156 de la LCT). Así lo
declaro.
(ix) ACUERDO EMPLEADOS DE
COMERCIO 2015, SUMA NO REMUNERATIVA: El Acuerdo 2015 de Empleados de Comercio
estableció el pago de una suma fija, extraordinaria, excepcional, por única
vez, no habitual ni permanente, de $3048, de carácter no remunerativo a los
trabajadores encuadrados en el CCT 130/75 (como es el caso de la actora).
Asimismo, estableció que su pago sería efectuado en dos cuotas iguales de
$1524, cada una, en los meses de julio y septiembre de 2015.
Pues bien, de las constancias de
autos surge que en el mes de septiembre de 2015 la demandada abonó a la trabajadora
una parte proporcional de la suma no remunerativa en cuestión -$1143-, conforme
recibo de sueldo acompañado por la actora a foja 55, por lo que considero que
el pago de este rubro resulta procedente en lo que sería la “diferencia”, por
suma pagada de menos y de modo completo la cuota de julio 2015. Así lo declaro.
(x) INDEMNIZACION ART. 80 LEY
20.744: Cabe recordar que el artículo 80 de la LCT establece que: “El
empleador, por su parte, deberá dar al trabajador, cuando éste lo requiriese a
la época de la extinción de la relación, constancia documentada de ello. Durante
el tiempo de la relación deberá otorgar tal constancia cuando medien causas
razonables. Cuando el contrato de trabajo se extinguiere por cualquier causa,
el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de
trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de
servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los
aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la
seguridad social. Si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del
certificado previstos respectivamente en los apartados segundo y tercero de
este artículo dentro de los dos (2) días hábiles computados a partir del día
siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el
trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor de
este último que será equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual,
normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante
el tiempo de prestación de servicios, si éste fuere menor. Esta indemnización
se devengará sin perjuicio de las sanciones conminatorias que para hacer cesar
esa conducta omisiva pudiere imponer la autoridad judicial competente. (Párrafo
incorporado por art. 45 de la Ley N° 25.345 B.O. 17/11/2000)”.
A su turno, el artículo 3° del
decreto N° 146/01, que reglamenta el artículo 45 de la ley N° 25.345, el cual
agrega el último párrafo al artículo 80 de la LCT, expresa: “El trabajador
quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace
alusión en el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho
entrega de las constancias o del certificado previstos en los apartados segundo
y tercero del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. por Decreto
N° 390/76) y sus modificatorias, dentro de los treinta (30) días corridos de
extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo.”
Cabe recordar que esta nuestra
Corte de Justicia tiene dicho que: “para justificar la procedencia de la
sanción peticionada con fundamento en el citado art. 80 de la Ley 20.744, se
imponía analizar si el trabajador observó el recaudo formal de intimar la
entrega del certificado de trabajo en tiempo y forma (conf. el art. 3 del Dec.
N° 146/01) y, eventualmente, si concurren en el caso los extremos propios de la
figura (el incumplimiento de la obligación de entregar el certificado o su
cumplimiento defectuoso conforme lo establecido en el tercer párrafo del
mencionado art. 80).” (CSJT, sentencia N° 904 del 21-10-2013, “Ibáñez, Nelson
Ricardo vs. Grupo Helados S.R.L. s/ Cobro de pesos”).
Pues bien, teniendo presente los
lineamientos expuestos, de las constancias obrantes en la causa no surge
acreditado de modo alguno que la parte actora hubiere intimado a la demandada la
entrega de la documentación laboral prevista en el artículo 80 de la LCT, razón
por la cual, el pago del rubro peticionado resulta improcedente. Así lo
declaro.
(xi)INDEMNIZACION LEY 25323 ART.
2: Cabe recordar que la doctrina legal sentada por el Excma. Corte Suprema de
Justicia de Tucumán en los autos “Barcellona, Eduardo José vs. Textil Doss SRL
s/ cobro de pesos”, sentencia N° 335 dictada el 12/05/2010, sostuvo como
requisito necesario para la procedencia de esta indemnización, que el artículo
2 de la ley 25.323 exige que el trabajador curse una intimación fehaciente al
empleador moroso a los efectos de otorgarle una última oportunidad para que
éste adecue su conducta a las disposiciones legales. Y que la mora del
empleador en el pago de las indemnizaciones de los trabajadores recién se
produce luego de transcurridos los cuatro días hábiles de producida la
extinción del vínculo, tal como se desprende del juego armónico de los
artículos 128 y 149 de la LCT.
En consecuencia, conforme lo
anterior, teniendo presente que la extinción del vínculo laboral se produjo el
18.11.15 y que la actora intimó el pago de los rubros indemnizatorios a la
demandada, conforme surge del TCL de fecha de imposición 30.11.15 -foja 30-, no
constando en la causa que aquellos hubiesen sido abonados a la Sra. Gutiérrez,
resulta procedente el pago de este rubro. Así lo declaro.
(xii) DIFERENCIAS SALARIALES POR
INCUMPLIMIENTO DE ART. 92 TER LCT: Conforme lo declarado al tratar la segunda
cuestión- punto IV, 8 y 9-, constatándose que el salario que efectivamente
percibió la Sra. Gutiérrez fue inferior al que le correspondía según su jornada
de trabajo, categoría Administrativo A del CCT 130/75, corresponde que se
liquiden a su favor las diferencias salariales por los períodos reclamados:
noviembre de 2013 a noviembre de 2015, inclusive; para lo cual deberá tenerse
presente lo declarado en el punto IV. 7 de esta sentencia Así lo declaro.
(xiii) LEY 23952, DESPIDO
DISCRIMINATORIO POR RAZONES DE SALUD: DAÑO MORAL. $10.000:
Habiéndose determinado que la
parte actora fue despedida injustificadamente mediante un acto de
discriminación (ver lo analizado y resuelto en relación al despido
discriminatorio, punto VI.1 al VI.3), encontrándose acreditado el hecho
ilícito, el daño moral resulta procedente, estimando razonable la suma
reclamada por la actora ($10.000) a la fecha del distracto (18/11/2015), por lo
que considero prudente la procedencia de este rubro, y su importe será
reflejado en la planilla. Así lo declaro.
(xiv) ARTS. 178/182 DESPIDO POR
MATERNIDAD: Habiéndose determinado que el despido -de fecha 18.11.15- sucedió
obedeció a razones de maternidad, el que se produjo dentro del plazo de siete
meses y medio contados desde el nacimiento del hijo (14.04.15), por no haber la
demandada acreditado que lo fue por cuestiones ajenas a ella, corresponde hacer
lugar al pago de la indemnización establecida en el artículo 182 de la LCT.
Es importante destacar que esta
indemnización procede aún en caso de fallecimiento del hijo luego del parto. En
este sentido se ha expedido la jurisprudencia al decir que: “El art. 178, LCT,
no autoriza la distinción entre embarazo o parto normales y embarazo
interrumpido por cualquier causa o parto prematuro. En el presente caso, un
embarazo doble, con cuatro meses de gestación, se interrumpe por la enfermedad
y muerte de un feto que provoca el parto prematuro del otro. Es evidente que
hubo un parto, aun patológico, por lo que la protección legal es inevitable si
se entiende que una mujer no es una máquina reproductora que sólo debe ser
protegida en función de la maternidad exitosa. La conducta de la empleadora,
que se apresura a despedir a la empleada antes de que se venza la garantía
establecida en el precepto normativo mencionado, genera el derecho a la
indemnización especial” (CSJN, “Mansilla, Manuel Antonio vs. Compañía
Azucarera”, sentencia de fecha 30.03.92).
En idéntico sentido se ha
expedido la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala II, al considerar
-con criterio que comparto- que: “coincido con Centeno en cuanto a que el plazo
de protección legal ha sido otorgado, teniendo en consideración el parto que
ocurre dentro de los períodos previstos por el artículo 77 del Código Civil
(entre los ciento ochenta y los trescientos días de embarazo), pero que es
independiente, del nacimiento con vida del hijo o de su -más o menos inmediato-
fallecimiento (conf. "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", pág. 655
citado por Liliana Hebe Litterio en "Ley de Contrato de Trabajo"
Comentada y Concordada Antonio Vázquez Vialard, Director, Tomo II, pág. 413).
No hay duda que durante el plazo anterior al nacimiento, la protección va
dirigida a la mujer embarazada y que, durante el posterior se proyecta sobre
ambos (mamá y bebé) por lo que no se debe descartar la operatividad de la
presunción que consagra el art. 178 de la L.C.T. cuando el hijo nace sin vida o
su deceso se produce de inmediato. El reconocimiento de la operatividad de la
presunción en los casos en los que el hijo de la trabajadora fallece antes o
después del parto, encuentra su explicación en las precarias condiciones
psíquicas y físicas en que puede quedar la madre a raíz de la circunstancia
apuntada (conf. "Legislación del Trabajo Sistematizada, Astrea Buenos
Aires, 2001, p. 203). En tal marco, he de recordar que la demandada tenía
conocimiento cierto del nacimiento (o parto) del hijo de la dependiente
(ocurrido 13.04.05, ver fs. 4 vta. no negado en el responde); y observo que el
despido imputable a la responsabilidad patronal se produjo el 06.07.05 (ver fs.
20), es decir, dentro del lapso de estabilidad garantizada por el art. 11, inc.
2, ap. a) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (art.75, inc. 22 de la C.N.) y por el 177 de la
LCT; y dentro del plazo presuncional contemplado en el art. 178 de la LCT por
lo que, con arreglo a lo establecido en esta norma, no cabe sino concluir que
tuvo por causa la maternidad de la accionante así como los acontecimientos y
circunstancias que derivaron de ella. Desde esa perspectiva, concluyo que a
ésta le asiste, entonces, el derecho a percibir la indemnización prevista en el
art. 182 de la LCT; y así lo dejo propiciado a fin de que se revoque el
decisorio apelado también en este aspecto.” (CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL
TRABAJO, SALA II, “Pavón, Norma Liliana c. IpiAsac Argentina S.A.”,
08/03/2007).
Por último, también la Corte
Suprema de Justicia de Buenos Aires, se ha expresado en tal sentido al dictar
sentencia en “Sierra de Bibu, Graciela c. Indico Argentina S. A.”, sentencia de
fecha 07/07/1992, al considerar que: “la doctrina que esta Corte estableció a
partir de la causa L. 33.663, "Flores, Ramona c. Sil Ben S. C. A.,
indemnización especial", sent. del 31/8/84; en la que se revisó y cambió
la jurisprudencia que se denuncia como infringida por el sentenciante de grado.
En tal oportunidad este tribunal entendió que la garantía de que goza la
trabajadora a partir de la concepción dentro del plazo de siete y medio meses
anteriores o posteriores a la fecha de parto, debe proteger a la madre aunque
el hijo fallezca con el alumbramiento o después, mediante la obligación del
principal de concederle a la empleada el derecho a su licencia y además
asegurarle la conservación del puesto por el período de estabilidad antes indicado
según lo determinado en el art. 178 de la ley de contrato de trabajo. Caso
contrario deberá abonar la indemnización que establece el art. 182 del citado
cuerpo legal”.
En consecuencia, el rubro resulta
procedente, y será calculado en la planilla respectiva. Así lo declaro.
(xv) MULTA DE LEY 25013 ART. 9
POR TEMERIDAD. En virtud de que la multa prevista en el artículo peticionado
pues el presupuesto que condiciona su viabilidad es el mismo que el sancionado
por el art. 2 de la ley 25323 (esto es, la falta de pago en término de la
indemnización por despido), el que ha sido declarado procedente en esta
sentencia, por aplicación del principio non bis in idem, cabe rechazar la
procedencia de este rubro. Así lo declaro.
En este sentido se han expedido
los tribunales nacionales del trabajo, al decir -con criterio que comparto-
que: “toda vez que el artículo 9° de la ley N° 25.013 dispone una sanción para
el caso de configurarse la misma conducta reprochada por el art. 2 de la ley N°
25.323, no resulta procedente aplicar ambas disposiciones legales. (Del voto
del Dr. Eiras)” (CNAT, SALA III. EXPTE N° 4.225/01. SENTENCIA 83.986. 12/09/02.
“SAIEGH, SALVADOR C/ CONS. PROPIETARIOS H. YRIGOYEN 3641/49/59 S/ DESPIDO”). En
idéntico sentido lo ha decidido la CNAT, Sala IV, Sent. Def. N° 94.910 del
29/9/2010 en la causa “Forestieri, María Ángeles Lorena c/Hutchinson
Telecommunications Argentina S.A. s/despido”, (Voto de Guisado - Zas -
Ferreirós).
También se han expedido en ese
lineamiento nuestras Cámaras del Trabajo al considerar que: “Prestigiosos
autores han considerado que ambas normas persiguen idénticos propósitos, con lo
cual no pueden acumularse, debiendo prevalecer la multa del art. 2 de la Ley
25.323 por sobre la sanción del art. 9 de la Ley 25.013 y que esta última
resultará aplicable para los casos en que la anterior no proceda (como en el
caso en que no se haya realizado la intimación fehaciente a la que refiere el
art. 2 de la Ley 25.323, o cuando se trate de la indemnización a pagar a un
trabajador comprendido en algún estatuto particular, o cuando se trate del pago
de un acuerdo rescisorio no homologado -supuesto no contemplado en la Ley
25.323-). Tal es, por ejemplo, la posición de Carlos A. Etala (Contrato de
Trabajo, Ed. Astrea 2008, T. II, p. 366) y ha sido adoptada en varios
antecedentes jurisprudenciales. La Cámara Nacional del Trabajo, sala 4, ha
dicho que “no corresponde hacer lugar al reclamo de la multa prevista por el
art. 9, ley 25.013, toda vez que el presupuesto que condiciona su viabilidad,
es el mismo sancionado por el art. 2, ley 25.323” (Méndez, Etel R. v. Empresa
Distribuidora Sur SA). Comparto este criterio, ya que admitir la acumulación de
ambas sanciones implicaría una violación al principio non bis in idem, en tanto
se estaría propiciando castigar al empleador dos veces por la misma conducta.
DRES.: CASTELLANOS MURGA - PEDERNERA.” (Cámara del Trabajo, sala 5 en “Alderete
Francisco Antonio vs. DettaColli Juan Carlos s/cobro de pesos”, sentencia 198
de fecha 31/10/2013, Cámara del Trabajo, Concepción, sala 1 en “Medina Adela
Mabel Maria vs. Wassuf Emilia Isabel s/indemnización por despido”, sentencia 73
del 24.04.13, Cámara del Trabajo, Sala 4, causa “Saracco Paula vs. Huerta
Macchiarola HNOS SRL s/cobro de pesos s/x-instancia única”, sentencia 152 del
07.08.12).
XI. SEXTA CUESTION: INTERESES.
Corresponde aplicar al monto de
condena la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina para
operaciones de descuentos a 30 días vencidas a los fines de la reexpresión de
la deuda. Ello, para dar una razonable respuesta a las cíclicas y serias crisis
económicas por las que recurrentemente atraviesa el país y, consecuentemente,
la inestabilidad de la moneda traducida en picos inflacionarios como el actual.
Es que los magistrados estamos obligados a tener presente este aspecto en su
valoración por los diversos efectos y el impacto que ellas pueden producir, los
que repercuten notablemente en el fuero laboral.
Los desequilibrios que se
verifican como resultado de la histórica inestabilidad del sistema económico
nos lleva necesariamente a establecer criterios de cálculo más acordes a la
realidad socioeconómica, buscando preservar con ello la integridad del valor de
los créditos laborales reclamados, en virtud de la naturaleza y el carácter
eminentemente alimentario que revisten.
De otro modo, el simple paso del
tiempo vulneraría y desvirtuaría los fundamentos jurídicos que amparan al
trabajador frente al despido sin causa. Por ello, la aplicación de una
metodología equivocada, podría producir efectos contrarios a la legislación de
fondo y al principio tuitivo y protectorio del derecho del trabajo, de
raigambre constitucional, que reconoce también como fuente al derecho
internacional. Verbigracia Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- “Protocolo de
San Salvador”-, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convenciones de la
OIT; conforme artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Cabe destacar que, en el fallo
dictado el 23.09.14 por la Corte de Justicia de nuestra provincia, en los autos
“Olivares Roberto Domingo vs. Michavila Carlos Arnaldo y otro s/ Daños y
Perjuicios”, sentencia N° 937/14, se señaló que es función de los jueces de
grado aplicar la tasa de interés que consideren adecuada para garantizar el
justo resarcimiento del acreedor. En el mismo sentido nuestro máximo Tribunal
expresó que: “El juez debe aplicar, de conformidad al artículo 622 del Código
Civil, los intereses legales que las leyes especiales hubieren determinado”.
Ahora bien, como no existe norma
legal alguna que determine de manera expresa la aplicación de la tasa pasiva o
de la activa, es facultad discrecional del juez determinar la tasa aplicable,
teniendo en cuenta la finalidad resarcitoria de la norma y el contexto
socio-económico existente al momento del fallo, considerando razonable, como se
dijo, aplicar la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina para
operaciones de descuentos a 30 días vencida.
En virtud de lo hasta aquí
expuesto, considero que no existen razones legales para imponer al
trabajador/acreedor una tasa menor a la activa, porque de lo contrario se lo
obliga a financiar la morosidad del deudor cobrando en tasa pasiva cuando para
atender sus necesidades primarias, como es el pago de servicios públicos u
otras obligaciones asumidas en materia comercial o en transacciones con
cheques, pagarés, etc., debe acatar la tasa activa (o la que le imponga su acreedor),
con lo que se genera un enriquecimiento sin causa prohibido por nuestro derecho
vigente porque al fijar la tasa pasiva se transfiere patrimonio del dependiente
a favor del empleador (deudor) que es equivalente a la utilidad bancaria
(diferencia entre la tasa activa y la pasiva) vulnerando la igualdad ante la
ley que emerge del artículo 16 de la Constitución Nacional en perjuicio del
trabajador (parte débil de la relación laboral) y todo el sistema protectorio
del derecho del trabajo.
En ese orden de ideas, también
nuestro Cimero Tribunal de Justicia se ha pronunciado recientemente al dictar
la sentencia 2334 el 22/11/19 en la causa “Rodríguez Justiniano vs. Citromax
SACI s/cobro de pesos”, al considerar que: “'A la luz de todo lo
precedentemente expuesto, en estricta coherencia con la mencionada función
trifásica de la casación, esto es, a) control del cumplimiento del derecho
objetivo, en el caso, legislación común, b) uniformidad de la jurisprudencia, y
c) justicia del caso, y en concreta relación a la naturaleza del crédito
laboral reclamado en autos en el contexto de las actuales circunstancias,
considero que la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus
operaciones ordinarias de descuento a treinta días cumple adecuadamente la
función resarcitoria del daño sufrido por el trabajador como consecuencia de la
mora de su empleador y mantiene incólume el contenido económico de la
sentencia, tal como lo establece el art. 10 del Decreto N° 941/91.
Consecuentemente, concluyo en que esa es la tasa que debe aplicarse a los
juicios laborales. 'Por último, los argumentos expuestos permiten trasladar la
conclusión de aquella interpretación del art. 622 del Código Civil a la que
corresponde asignar a las actuales normas del Código Civil y Comercial, vigente
a partir del 01/08/2015 (conf. art. 7 de la Ley N° 26.994 reformado por el art.
1 de la Ley N° 27.077), desde que el texto de su art. 768 por una parte sienta
el principio general en materia de intereses moratorios cuando establece que 'A
partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes', y por otra
dispone que en los supuestos en que la tasa no ha sido acordada por las partes
(inc. a) o no se encuentra prevista en disposiciones especiales (inc. b), 'la
tasa se determinac) en subsidio, por tasas que se fijen según las
reglamentaciones del Banco Central'”. A la luz de la consideraciones
compartidas ut supra, en el caso concreto, en que el crédito reconocido al
trabajador reviste carácter alimentario, considero que cabe receptar el agravio
bajo tratamiento y, en consecuencia, acoger lo peticionado por la parte actora,
propiciando que se aplique la tasa activa promedio del Banco de la Nación
Argentina para las operaciones de descuento a treinta días, a fin de calcular
los intereses devengados por los rubros declarados procedentes, desde la fecha
de la mora y hasta su efectivo pago.” Así, concluye el fallo aplicando la
doctrina legal de la Corte(casando la sentencia de cámara que aplicó la tasa
pasiva) que establece: “En el contexto de las singularidades del crédito
laboral objeto del proceso judicial deducido por el trabajador y de las
circunstancias económicas actuales, el mantenimiento incólume del contenido
económico de la sentencia conduce a liquidar los intereses que se deben a la
tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias
de descuento a treinta días desde la fecha de la mora y hasta su efectivo
pago.” (la negrita me pertenece).
En consecuencia, este
Sentenciante considera que resulta razonable, conforme las circunstancias
económicas fluctuantes de nuestro país, doctrina legal de nuestra Corte y a lo
dispuesto por el artículo 767 del Código Civil y Comercial de la Nación, la
aplicación de la tasa ut supra referida en base a lo considerado. Así lo declaro.
PLANILLA:
G.A.N.
Fecha Ingreso26/1/2009
Fecha Egreso18/11/2015
Antigüedad6a 9m 22d
Antigüedad Indemnización7a
Categoría CCT 130/75Adm A
JornadaCompleta
Base Remuneratoria
Básico$ 10.049
Antigüedad$ 603
Sueldo Bruto$ 10.652
Cálculo Capital e Intereses de
Rubros Condenados
Rubro 1: Indemnización por
Antigüedad$ 74.564
$10652 x 7 =
Rubro 2: Indemnización
p/Preaviso$ 21.304
$10652 x 2 =
Rubro 3: Sac s/Indemnización
p/Preaviso$ 1.775
$21304 / 12 =
Rubro 4: Integración mes de
despido$ 4.261
$10652 / 30 x 12 =
Rubro 5: Sac s/integración mes de
despido$ 355
$4261 / 12 =
Rubro 6: Sac Prop.2do Sem. 2015$ 2.461
$10652 / 360 x 138 =$ 4.083
(-) menos liq. Abonada fs 113-$
1.623
Rubro 7: Vacaciones No Gozadas
Año 2015$ 1.660
$ 10652 / 25 x ( 21 x 318 / 360 )
=$ 7.904
(-) menos liq. Abonada fs 113-$
6.244
Rubro 8: Acuerdo Comercio Suma No
Remunerativa$ 1.905
Acuerdo Comercio Año 2015$ 3.048
(-) importe abonado liquid.
Fs.55-$ 1.143
Rubro 9: Multa Art 2 Ley 25323$
50.064
*Indemnizac. p/antig.50%$ 37.282
* Indemnizac. p/preav.50%$ 10.652
* Indemnizac. p/integ50%$ 2.130
Rubro 10: Daño Moral$ 10.000
Rubro 11: Art 178/182 Despido por
maternidad$ 127.824
$ 10652 x 12 =
Total Rubros del 1 al 11 en $ al
18/11/2015$ 296.173
Tasa Activa BNA en $ desde
18/11/2015 al 31/05/2021207,71%$ 615.182
Total Rubros del 1 al 11 en $ al
31/05/2021$ 911.355
Rubro 11: Diferencias Salariales
PeríodoBasicoAntig.BrutoPercibióDif.
Recl.%
Actual.Actual.Dif. Act. 31/05/21
nov-13$ 5.276$ 211$ 5.487-$ 4.621$ 867255,22%$
2.212$ 3.078
dic-13$ 5.276$ 211$ 5.487-$ 4.621$ 867253,67%$
2.199$ 3.065
ene-14$ 5.276$ 264$ 5.540-$ 4.621$ 920252,08%$
2.318$ 3.237
feb-14$ 6.763$ 338$ 7.101-$ 4.621$
2.480250,05%$ 6.202$ 8.683
mar-14$ 6.763$ 338$ 7.101-$ 4.621$
2.480247,98%$ 6.151$ 8.631
abr-14$ 7.912$ 396$ 8.308-$ 4.621$
3.688245,93%$ 9.069$ 12.756
may-14$ 7.912$ 396$ 8.308-$ 5.358$
2.950243,87%$ 7.194$ 10.144
jun-14$ 7.912$ 396$ 8.308-$ 8.713-$
405241,82%-$ 979-$ 1.384
jul-14$ 7.912$ 396$ 8.308-$ 6.376$
1.932239,76%$ 4.633$ 6.565
ago-14$ 7.912$ 396$ 8.308-$ 5.476$
2.833237,71%$ 6.733$ 9.566
sep-14$ 8.589$ 429$ 9.018-$ 5.476$
3.543235,66%$ 8.348$ 11.891
oct-14$ 8.589$ 429$ 9.018-$ 5.476$
3.543233,60%$ 8.276$ 11.818
nov-14$ 8.589$ 429$ 9.018-$ 5.476$
3.543231,55%$ 8.203$ 11.746
dic-14$ 8.589$ 429$ 9.018$ 5.427$
14.445229,49%$ 33.151$ 47.596
ene-15$ 8.589$ 515$ 9.104-$ 5.839$
3.265227,43%$ 7.425$ 10.689
feb-15$ 8.589$ 515$ 9.104-$ 5.839$
3.265225,39%$ 7.358$ 10.623
mar-15$ 8.589$ 515$ 9.104-$ 5.839$
3.265223,32%$ 7.290$ 10.555
abr-15$ 8.589$ 515$ 9.104-$ 5.839$
3.265221,27%$ 7.224$ 10.488
may-15$ 10.049$ 603$ 10.652-$ 4.429$
6.223219,21%$ 13.642$ 19.865
jun-15$ 10.049$ 603$ 10.652-$ 9.377$
1.275217,16%$ 2.769$ 4.044
jul-15$ 10.049$ 603$ 10.652-$ 5.839$
4.812215,10%$ 10.351$ 15.163
ago-15$ 10.049$ 603$ 10.652-$ 6.015$
4.637213,05%$ 9.879$ 14.516
sep-15$ 10.049$ 603$ 10.652-$ 4.034$
6.618211,00%$ 13.964$ 20.581
oct-15$ 10.049$ 603$ 10.652-$ 5.839$
4.812208,94%$ 10.055$ 14.867
18 ds nov-15$ 6.545$ 393$ 6.937-$
5.839$ 1.098207,71%$ 2.280$ 3.378
Totales$ 215.592-$ 129.374$
86.218$ 195.945$ 282.163
Total Rubros 1 al 10$ 911.355
Total Rubro 11$ 282.163
Total Condena en $ al 31/05/2021$
1.193.518
XI.COSTAS:
Las costas serán impuestas en la
forma que seguidamente se indica:
XI. 1. Respecto del reclamo actor
contra Atento Argentina S.A., debo expresar que en numerosos antecedentes,
nuestra Corte Suprema local ha destacado que “la noción de vencido se establece
con una visión global del juicio y no por análisis aritméticos de las pretensiones
y resultados” (cfr. CSJT, sentencia n° 699, 23/8/2012, “Vega, Julio César vs.
Arévalo, Ramón Martín s/ cobro de pesos”; sentencia n° 415, 7/6/2002, “López,
Domingo Gabriel vs. NaculUadi s/ salarios impagos y otros”; sentencia n° 981,
20/11/2000, “Reyna, Julio Andrés vs. Ingeco SA s/ indemnización por accidente
de trabajo”; sentencia n° 687, 7/9/1998, “Fernández, Ramón Alberto vs. Bagley
SA s/ cobros”, entre otras). Asimismo, tiene dicho “que el hecho objetivo
previsto en la ley procesal para determinar el carácter de vencedor o vencido
en un pleito se manifiesta, en particular, por la derrota de la posición
procesal sostenida por la parte y por el correlativo progreso de la posición
procesal de la contraria” (CSJT, sentencia N° 1.298, 5/9/2017, “Pérez, Luis
Fernando vs. Caja Popular de Ahorros de Tucumán - ART SA s/ cobro de pesos”).
En el caso que nos ocupa, si bien
ha existido un progreso parcial (pues se rechazan algunos rubros), no es menos
cierto que en la contienda con ATENTO ARGENTINA S.A. la parte actora debe
considerarse como parte ganadora/vencedora, ya que claramente ha prevalecido su
posición jurídica respecto de la opuesta por ATENTO, en lo que fue el aspecto
sustancial del debate (despido directo injustificado, arbitrario y
discriminatorio, con las indemnizaciones respectivas y las diferencias
salariales, etc.); es decir, frente a los puntos controvertidos -en esencia- la
parte actora resultó vencedora en lo sustancial del debate. Por tanto, y sin
que esto implique desconocer el progreso parcial, considero que ello no
modifica la condición de vencedora que reviste la parte actora.
En consecuencia, teniendo en
cuenta los aspectos antes indicados; esto es, que la actora debe ser
considerada sustancialmente “parte vencedora”, pero también sin desentenderme
del “progreso parcial de su demanda, considero justo y equitativo que las
costas procesales de la siguiente manera: ATENTO ARGENTINA S.A., el 100% de las
propias, más el 90% de las generadas por la parte actora; quién asume el 10% de
las propias (Arts.105, 108, primera parte, y Cctes. del CPCC supletorio). Así
lo declaro.
XI. 2. Con relación al reclamo
del actor en contra de Telefónica Móviles Argentina SA., debo expresar que si
bien es cierto que en el caso se ha decidido que no progresa la demanda en
contra de la misma, no es menos cierto -al mismo tiempo- que la actora, Sra. G ha tenido razón probable para litigar; y por
lo tanto, considero razonable imponerlas por el orden causado. Ello así, por
cuanto entiendo que el tema de la “responsabilidad solidaria” de las sociedades
resulta ser una cuestión de índole jurídica compleja, donde incluso, existe
jurisprudencia dividida. Es decir, no existe jurisprudencia pacífica en la
materia; y por tanto, la trabajadora pudo considerarse con razones probables
para litigar en contra de ambas sociedades, en las particulares circunstancias
del caso. Consecuentemente, las costas serán soportadas por el orden causado.
(conf. Art. 108 in fine y 105 inc. 1° del CPC y C., supletorio al fuero). Así
lo declaro.
XII. HONORARIOS: Corresponde en
esta oportunidad regular los honorarios de los profesionales intervinientes en
la presente causa, conforme lo prescribe el art. 46, inc 2, de la ley 6.204.
Atento al resultado arribado en
la litis y a la naturaleza de la misma, es de aplicación el artículo 50 inciso
1 de la citada ley, por lo que se toma como base regulatoria el monto del
capital de condena, el que según planilla que antecede asciende a la suma de
$1.193.518 al 31/05/2021.
Habiéndose determinado la base
regulatoria, teniendo en cuenta la calidad jurídica de la labor desarrollada
por las profesionales, el éxito obtenido, el tiempo transcurrido en la solución
del pleito y lo dispuesto por los artículos 15, 38, 42 y concordantes de la ley
N° 5.480, se regulan los siguientes honorarios:
1) Al letrado Juan Lucas Rivadeo,
por su actuación en la causa por la parte actora, en el doble carácter, en las
tres etapas del proceso de conocimiento cumplidas, la suma de $258.993 (base
regulatoria x 14% x el 55% / 3 etapas x 3).
2) Al letrado Rodolfo José Terán,
por su actuación en la causa por la parte demandada en el doble carácter, en
una etapa y media del proceso de conocimiento cumplidas, la suma de $64.748
(base regulatoria x 7% x el 55% / 3 etapas x 1,5).
3) Al letrado Eduardo Palacio
(h), por su actuación en la causa por la parte co-demandada en el doble
carácter, en una etapa y media del proceso de conocimiento cumplidas la suma de
$129.497 (base regulatoria x 14% x el 55% / 3 etapas x 1,5).
Por ello,
RESUELVO:
I. ADMITIR PARCIALMENTE LA
DEMANDA promovida por G.A.N., DNI …….., con domicilio en ………………., en contra de
ATENTO ARGENTINAS.A., CUIT 30-70969917-9, con domicilio en Av. Ejército del
Norte 757, de ésta ciudad. En consecuencia, se condena a ésta al pago total de
la suma de $.........................), en concepto de (i) antigüedad, (ii)
Preaviso, (iii) SAC preaviso, (iv) Integración mes de despido, (v) SAC
integración despido; (vi) diferencia de SAC proporcional 2015 2° semestre; vii)
diferencia de Vacaciones no gozadas 2015; (viii) Acuerdo empleados de comercio
2015, suma no remunerativa; (ix) indemnización ley 25323, art. 2; (x) Pago de
diferencias salariales por incumplimiento de art. 92 ter LCT; (xi) Ley 23592,
despido discriminatorio por razones de salud-daño moral $................ y
(xii) arts.178/182 despido por maternidad, la que deberá hacerse efectiva
dentro de los 10 días de ejecutoriada la presente, mediante depósito bancario
en una cuenta a la orden del éste juzgado, bajo apercibimiento de ley. Todo
ello conforme lo meritado.
II. ABSOLVER a la demandada
Atento Argentina SA del pago de los siguientes rubros: (xiii) diferencias de
Sac s/vacaciones, (xiv) indemnización art. 80 ley 20744 y (xv) multa de ley
25013 art. 9 por temeridad, por lo considerado.
III. RECHAZAR la demanda
interpuesta por la actora en contra de Telefónica Móviles Argentina SA, por lo
considerado.
IV. COSTAS e INTERESES: conforme
son consideradas.
V. HONORARIOS: Al letrado Juan
Lucas Rivadeo, la suma de $258.993; al letrado Rodolfo José Terán, la suma de
$64.748; y al letrado Eduardo Palacio (h), la suma de $129.497; conforme lo
considerado.
VI. TÉNGASE PRESENTE la reserva
del caso federal formulado por Telefónica Móviles Argentina SA.
VII. PRACTIQUESE PLANILLA FISCAL,
y notifíquese para la reposición de la misma, bajo apercibimiento de remitir
las actuaciones a la Dirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán.
VIII. COMUNIQUESE a la Caja de
Previsión y seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán.
REGISTRESE, ARCHIVESE Y HAGASE
SABER.