Según
la justicia, ¿qué prestaciones deben cubrir (gratuitamente) el Estado nacional,
las obras sociales y las empresas de medicina prepaga a las personas con
síndrome de Down?
Citamos algunas de
las prestaciones obligatorias y gratuitas, con el juzgado y juicio que así las
declaró. Sin embargo aclaramos que su cumplimiento está avalado por leyes, y se
acudirá a la justicia por vía de amparo (juicio abreviado), cuando el Estado o
las obras sociales se nieguen a cumplir.
Entre otras, deben
cubrir el costo de:
– prestación de escolaridad (Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal en caso: S. L. F. contra OSDE”);
– estimulación temprana (Cámara Federal
de Apelaciones de Bahía Blanca, en caso “F. A. J. contra Swiss Medical S.A. y
otro”)
– formación laboral y servicio de transporte
(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal en causa “P. V.
D. contra Comisión Nacional Asesora para la internación de personas
discapacitadas y otro”).
Las Leyes 22.431 y
24.901 , y el dec. 762/97 ponen a cargo del Estado nacional, a través de sus
organismos o dependencias (Ministerio de Salud y Acción Social; S.N.R. y
CONADIS), el sistema de prestaciones básicas para la preservación de la salud y
la integridad física de las personas con capacidades diferentes, en la medida
en que estas, las personas de quienes dependan o las obras sociales no puedan
afrontarlas.
Frente al énfasis
puesto en los tratados internacionales para preservar la vida de los niños -con
quienes corresponde equiparar a las personas con diferentes capacidades-, el
Estado no puede desentenderse de sus deberes haciendo recaer el mayor peso de
la realización del servicio de salud en entidades que no han dado siempre
adecuada tutela asistencial.
La acción de amparo
es la vía procesal apta para formular el reclamo contra el Estado Nacional.
Lo expuesto no
impide que el Estado Nacional -si corresponde- recupere los costos que le
insuma la atención, por las vías pertinentes de quien -en definitiva- resulte
obligado a afrontarla financieramente.
La existencia de
una obra social que deba cumplir el Programa Médico Obligatorio no puede
redundar en perjuicio del afiliado y menos aún de una persona con necesidades
especiales que merece particular atención, no solo de quienes están
directamente obligados a su cuidado, sino también la de los jueces y de la
sociedad toda (Fallos 322:2701 y 324:122).
Vale decir que es obligación del
Estado el cumplimiento de estos deberes asistenciales para nuestros niños y
personas con diferentes capacidades.
Lo mismo sucede con las obras
sociales. Deben cumplir, y ante la negativa, la justicia los obligará a
cumplir, previo juicio de amparo.
Los derechos constitucionales,
entre los que encontramos: el derecho a la vida, a la salud, a la igualdad,
inviolabilidad de la propiedad, y asimismo todos los derechos de los niños,
tienen un valor enorme. Y su
incumplimiento es gravísimo, si proviene de autoridades públicas o privadas.
Así, existen remedios rápidos y
urgentes para hacerlos cumplir. Tales remedios los vemos en la Constitución
Nacional: son el amparo y el habeas corpus.
Muchos han oído alguna vez acerca
del Habeas Corpus: se trata del remedio judicial por el que le pedimos a un
juez que libere a una persona que se encuentra detenida sin orden judicial ni
juicio previo. Se violó en su caso la garantía de libertad y de juicio previo,
consagrados como derechos constitucionales.
Con el tema salud pasa lo mismo.
Tenemos derechos a la salud y a una vida
digna, detallados mas a fondo en el PMO ( programa medico obligatorio) y en las
convenciones internacionales sobre derechos de los niños. Si en un caso
determinado, se ven en peligro estos derechos, acudiremos a la justicia, por la
vía de un juicio llamado AMPARO. Donde
un juez ordenará a obras sociales, prepagas, o Estado nacional o provincial a
cumplir sus deberes para con los niños o persones con capacidades diferentes.
Los
derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan.
José
Martí (1853-1895) Político y escritor cubano.

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