lunes, 26 de abril de 2021

FERTILIZACIÓN ASISTIDA: TUCUMAN, Fallo ordena a la obra social provincial, cobertura gratuita de 3 tratamientos anuales.

  • Causa M. Z. M. V. C/ INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMAN S/ AMPARO. Expte 153/20 
  • Juzgado: EXCMA. CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SALA II Fecha sentencia: 12/04/21
 Se condenó a la demandada a que provea a favor de la actora la cobertura íntegra (100%) del tratamiento de fertilización in vitro (FIV) ... incluyendo medicamentos, estimulación de la ovulación, punción bajo neuroleptoanestesia y control cardiológico, transferencia embrionaria, honorarios del cuerpo médico, y demás gastos que demande dicha práctica. la obra social debe abarcar -como máximo- tres tratamientos de reproducción médicamente asistida de alta complejidad de fertilización in vitro (FIV) en el plazo de un año. 

SUMARIO 
 ARGUMENTOS PARTE ACTORA 

     La actora inicia acción de amparo en contra del INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMÁN con el objeto de que se lo condene a proveer la cobertura íntegra (100%) del tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad indicado por su médico tratante, incluyendo insumos, medicación, prácticas, honorarios profesionales, estudios previos y posteriores, crioconservación y todas las prácticas que le sean indicadas en el futuro, de acuerdo a lo establecido en la ley n° 26.862 y su reglamentación 
     Denuncia que en un primer intento por obtener cobertura la demandada le presentó un sinfín de trabas burocráticas para finalmente otorgarle una cobertura parcializada lo cual era contrario a la ley. En los hechos implicaba un gasto y un sacrificio económico. La diferencia, no cubierta por el IPSST, era abonada por el afiliado. Los costos eran elevados En 2020 con documentación en mano se presentan nuevamente ante IPSST , ante lo cual reciben como respuesta que su pedido “no sería resuelto favorablemente por no encontrarse dentro de la esfera de asuntos prioritarios del organismo.” Denuncia que la negativa del subsidio de salud se cimentaba sobre la realidad de la Pandemia de Covid 19. Que, asimismo, le pidieron sinfín de documentos innecesarios, incluyendo repetición de estudios. 

     POSTURA DEMANDADO 
     Al contestar demanda la obra social provincial marca sus posturas: "la obra social otorga cobertura de ICSI pero no de columnas de anexina"; y que, con respecto a la criopreservación de embriones, "la obra social presta cobertura para pacientes oncológicas, no siendo el diagnóstico de la afiliada"…que los estudios complementaros requeridos tienen la cobertura habitual del 80% a cargo de la obra social, quedando a cargo de la afiliada el 20% restante a través del sistema de coseguro; y que la cobertura otorgada para el tratamiento de reproducción asistida con gametas propias es de $35.000 (pesos treinta y cinco mil)… que el IPSST solo otorga cobertura de hasta tres tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad de por vida… Por último, manifiesta que la actora pretende la cobertura de una prestación que se encuentra contemplada en la ley nacional n° 26.862 y su decreto reglamentario, y que el IPSST no se encuentra obligado en los términos de dicha legislación, pues nuestra Provincia no se ha adherido a ella ni ha puesto en cabeza de dicho organismo la responsabilidad de reconocer las prestaciones allí contempladas. 


 CRITERIO DEL TRIBUNAL 
    Recuerda que la medicina considera a la fertilización in vitro (FIV) como la técnica madre de los tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad. Efectúa un análisis detallado citando obras científicas referidas a los procedimientos, a la bioética, a los medicamentos. 
     Definiendo a posterior que : De todo ello se sigue entonces que tanto el diagnóstico de infertilidad como la indicación médica de las prácticas solicitadas son elementos que se encuentran suficientemente justificados y acreditados en autos. 
    Así, del conjunto de pruebas arrimadas en autos y de la posición asumida por cada una de las partes se sigue, entonces, que en el presente litigio no se encuentran en disputa los aspectos médicos o terapéuticos del caso, sino que la controversia radica exclusivamente en la extensión de la obligación de cobertura que debe asumir la demandada, y en la urgencia de la práctica solicitada por la actora. 
    En numerosos precedentes, el Alto Tribunal local entendió que el IPSST, como ente encargado de la obra social provincial, debe garantizar el cuidado integral de la salud de todos los afiliados y beneficiarios del Subsidio de Salud por expreso mandato de la ley de su creación (art. 118 de la Ley 6.446), y de conformidad con las garantías fundamentales que en la materia indicada consagran la Constitución Provincial (cfr. art. 146 CT) y los Tratados de Derechos Humanos que gozan de jerarquía constitucional en razón de lo previsto por la Constitución Nacional (art. 75, inc. 22, CN). En la actualidad se encuentra vigente la Ley Nacional n° 26.862 de Reproducción Médicamente Asistida, sancionada el 05/06/2013, promulgada el 25/06/2013 y publicada en el Boletín Oficial el 26 de ese mismo mes y año, que tiene por objeto "...garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida" (art. 1°), quedando incluidas las "técnicas de baja y alta complejidad, que incluyan o no la donación de gametos y/o embriones" (art. 2°). En lo que aquí interesa, dicha ley determina en su artículo 10 que sus disposiciones "...son de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República...". La ley 26.862 incorpora en su artículo 8° como prestaciones obligatorias: "la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo y los procedimientos y las técnicas que la Organización Mundial de la Salud define como de reproducción médicamente asistida, los cuales incluyen: la inducción de ovulación; la estimulación ovárica controlada; el desencadenamiento de la ovulación; las técnicas de reproducción asistida (TRA); y la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con gametos del cónyuge, pareja conviviente o no, o de un donante, según los criterios que establezca la autoridad de aplicación". Asimismo, esta norma establece que las procedimientos enumerados quedan incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), "así como los de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo, con los criterios y modalidades de cobertura que establezca la autoridad de aplicación, la cual no podrá introducir requisitos o limitaciones que impliquen la exclusión debido a la orientación sexual o el estado civil de los destinatarios" (art. 8°, ley 26.862). 
     Remarca el juzgado que la falta de regulación provincial de una normativa de alcance nacional no implica violentar los derechos del afiliado, mucho menos cargar sobre este la cobertura de gastos del tratamiento.
     En este sentido, se ha considerado que "parece quedar claro que la vida privada y familiar es uno de los objetivos de protección básicos. Poder decidir la forma de planificar la familia y poder tener acceso a métodos adecuados parece formar parte de estas decisiones íntimas y privadas. Esto está directamente relacionado con la autonomía de las personas, esto es, con la posibilidad de elaborar un plan de vida y actuar de acuerdo con el mismo. La autonomía es uno de los principios fundamentales de la ética. Y, en este caso se trata de la autonomía reproductiva, aquella que permite tomar decisiones fundamentales respecto de tener o no un hijo. El derecho a la intimidad protege a las personas en sus vidas privadas y forma parte de las obligaciones de los Estados de respeto y garantía de los derechos humanos" (Florencia Luna, ob. cit.). 
    ALCANCES DE LA COBERTURA Al respecto cabe mencionar que el artículo 8° del decreto n° 956/2013 establece que, en los términos que marca la ley n° 26.862, "una persona podrá acceder a un máximo de CUATRO (4) tratamientos anuales con técnicas de reproducción médicamente asistida de baja complejidad, y hasta TRES (3) tratamientos de reproducción médicamente asistida con técnicas de alta complejidad, con intervalos mínimos de TRES (3) meses entre cada uno de ellos". Al examinar el texto de la Ley Nacional de Reproducción Médicamente Asistida n° 26.682, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, consideró que las expresiones allí contenidas "son suficientemente elocuentes acerca del amplio alcance que el legislador ha querido otorgar a la cobertura de las prestaciones que aseguren el pleno ejercicio del derecho a la salud reproductiva al que esta Corte ha reconocido carácter fundamental por su íntima vinculación con el derecho a la vida (Fallos: 329:2552; 333:690; 338:779, entre otros)
     "() la única interpretación admisible de la reglamentación examinada, en consonancia con los objetivos trazados por la ley 26.862, es la que habilita a los interesados a acceder a tres tratamientos "anuales" de reproducción médicamente asistida con técnicas de alta complejidad." 


POR LO EXPUESTO RESUELVE:
        I. HACER LUGAR a la acción de amparo promovida por M.V.M.Z. y, en consecuencia, ORDENAR al INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMÁN que -una vez satisfecho el debido consentimiento médico informado en los términos que fue considerado y definida la necesidad y urgencia de la prestación en el contexto de pandemia provea a favor de la actora la cobertura íntegra (100%) del tratamiento de fertilización in vitro (FIV) por técnica de inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), incluyendo las prácticas de separación por columnas de anexina y criopreservación de ovocitos, indicadas por su médico tratante, a realizarse en el Centro Médico Fertilia, incluyendo medicamentos, estimulación de la ovulación, punción bajo neuroleptoanestesia y control cardiológico, transferencia embrionaria, honorarios del cuerpo médico, y demás gastos que demande dicha práctica.
       II. COSTAS, como se consideran. III. RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.
     HAGASE SABER.- SERGIO GANDUR MARÍA FLORENCIA CASAS

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